Un incendio que arrasó 37 hectáreas de uno de los espacios naturales más queridos de Valencia, un episodio de lluvias que puso a prueba los sistemas de alerta de la ciudad y un debate de fondo sobre quién manda realmente en la gestión de las emergencias. Esos fueron los ejes del pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de València, celebrado este martes 29 de septiembre, en el que los cuatro grupos municipales pusieron sobre la mesa nueve mociones que retrataron, con toda su tensión política, la relación de la ciudad con el riesgo climático.
El fuego de la Devesa, meses después: sin respuestas, con urgencia
El incendio que los días 27 y 28 de agosto devoró 37 hectáreas de la Devesa del Saler —ese bosque de pinos y dunas que actúa como pulmón verde de Valencia entre la ciudad y el mar— sigue sin tener todas las respuestas que la ciudadanía reclama. El fuego, que obligó a cortar carreteras y a evacuar vecinos de la pedanía y campings cercanos, fue controlado por los equipos de emergencias de la Generalitat, pero dejó herida una zona de altísimo valor ecológico y emocional para los valencianos.
En el pleno, la portavoz de Compromís, Papi Robles, defendió la creación de una comisión de investigación municipal específica para analizar la prevención, la extinción y la recuperación del paraje. Su propuesta no buscaba interferir con la investigación policial o judicial sobre el origen del fuego, sino examinar las decisiones de gestión pública: cómo se actuó, si se pudo hacer antes y mejor, y qué medidas evitarían que algo así se repita. La comisión que planteó sería no permanente, con representación de todos los grupos y voto ponderado, se reuniría al menos una vez al mes y tendría acceso a expedientes e informes, con posibilidad de convocar comparecencias. El plazo para constituirla, si se hubiera aprobado, era de 30 días, con seis meses adicionales para elevar un informe de recomendaciones al pleno.
"Se trata de una cuestión de Estado", afirmó Robles, apelando a la dimensión que tiene la Devesa más allá de lo local.
El Grupo Socialista sumó su propia moción sobre el mismo asunto, con el concejal Borja Santamaría poniendo el acento en el cambio climático como factor multiplicador del riesgo. Santamaría reclamó dotar con carácter prioritario el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, elaborar en un máximo de dos meses un informe integral sobre lo ocurrido y crear una Mesa de Interconcejalías permanente con participación vecinal. También pidió más medios humanos y materiales para la vigilancia en época de mayor riesgo. Y fue más allá: exigió retirar las competencias sobre la Devesa-Albufera y sobre Prevención y Extinción de Incendios a los concejales responsables de esas áreas, señalando directamente al edil José Gosálbez y, de fondo, a la propia alcaldesa María José Catalá por mantener esa delegación.
El propio Gosálbez, portavoz de Vox y concejal de Devesa-Albufera, respondió con una lectura radicalmente diferente de la situación:
"Cortafuegos en la Devesa no se pueden hacer; el único culpable es el que prendió fuego y el problema es la no gestión de la Dehesa durante muchos años" - José Gosálbez, concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València
Gosálbez añadió que el Ayuntamiento había aumentado la poda en la zona un 30% más, aunque esa cifra no convenció a los grupos de la oposición. Al final, el pleno aprobó la alternativa del equipo de gobierno, propuesta por el portavoz popular Juan Carlos Caballero: reconocer el trabajo de Bomberos y los servicios de emergencia, instar a agilizar la investigación para identificar a los autores del incendio, pedir el endurecimiento de las penas por incendios forestales intencionados y respaldar las acciones judiciales del Ayuntamiento para reclamar la reparación de los daños y los costes de extinción. Las dos mociones de la oposición decayeron.
"Dejen de cuestionar las decisiones técnicas operativas de los mandos de la emergencia", respondió Caballero a los grupos de la oposición, en una réplica que resume bien el tono de la sesión.
Las lluvias del 16 de septiembre: ¿llegaron tarde las alertas?
El otro gran bloque de debate lo protagonizaron las lluvias del 16 de septiembre, que volvieron a poner en evidencia la dificultad de gestionar episodios meteorológicos extremos en una ciudad que, desde la dana de octubre de 2024, vive con el riesgo climático en primer plano. La concejala de Compromís Maria Giner centró su moción en una pregunta incómoda: ¿se activó el CECOPAL —el centro de coordinación municipal de emergencias— a tiempo? Su respuesta fue que no, y que tanto el aviso a la población como la constitución de ese órgano llegaron tarde.
Giner planteó hacer obligatoria la activación del CECOPAL en preemergencia cuando exista alerta naranja o roja, incorporar las conclusiones de cada episodio a los planes municipales en revisión y establecer un seguimiento permanente de emergencias. También reclamó un plan de choque con calendario público para retirar arbolado caído, inspeccionar y reponer árboles dañados, reparar semáforos y reabrir el parque Gulliver, cerrado tras los efectos del temporal. E instó a la Generalitat a revisar el protocolo de envío preventivo del sistema de alerta ES-Alert, cuya eficacia en la jornada del 16 de septiembre quedó en entredicho.
El equipo de gobierno respondió con una propuesta alternativa que apostó por revisar el mapa de riesgo de inundación, reforzar la vigilancia en puntos sensibles y extender el programa València + Segura. Esa fue la opción que salió adelante.
Alojamientos turísticos y el asentamiento del antiguo circuito de F1
El pleno también abordó la regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad. La corporación aprobó mantener la normativa vigente, rechazando así los cambios que proponía la oposición. Se trata de un debate con enorme impacto en la vida cotidiana de los barrios: Valencia es una de las ciudades españolas donde la presión del turismo sobre el mercado residencial es más intensa, y cualquier movimiento en la regulación de los apartamentos turísticos tiene consecuencias directas sobre el acceso a la vivienda para los residentes.
El asentamiento ubicado en los terrenos del antiguo circuito urbano de Fórmula 1 también centró parte del debate. El pleno acordó reforzar la atención social en ese enclave, donde residen personas en situación de vulnerabilidad extrema. Un espacio que en otro tiempo fue escenario de velocidad y glamour internacional, y que hoy refleja una realidad muy distinta sobre las desigualdades urbanas de la ciudad.
Ceuta y Melilla: solo prospera la moción del PP
Al margen de los asuntos estrictamente locales, el pleno debatió tres mociones relacionadas con la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, presentadas por el Grupo Popular y el Grupo Vox. De las tres, únicamente salió adelante la del Partido Popular, mientras que la de Vox no obtuvo los apoyos necesarios.
El balance de la sesión fue claro en términos aritméticos: de las seis mociones presentadas por los grupos de la oposición sobre asuntos de la ciudad, ninguna prosperó tal como fue formulada. El equipo de gobierno —PP con el respaldo necesario para sus alternativas— se impuso en cada votación. Pero las derrotas parlamentarias no borran los interrogantes que siguen abiertos: una Devesa herida esperando respuestas, unos protocolos de emergencia cuestionados y una ciudad que aprende, a veces a golpe de crisis, cuán expuesta está a los caprichos de un clima cada vez menos predecible.