El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado, a propuesta del Grupo Popular, una moción urgente para solicitar al Gobierno de España que agilice el expediente de la prolongación sur del túnel de la Serradora. Esta infraestructura, considerada vital para la ciudad, ha permanecido en una situación de bloqueo durante cuatro años y medio, generando preocupación entre las autoridades locales. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha defendido la iniciativa, subrayando la necesidad de “poner fin a una situación de bloqueo absoluto e injustificado mantenida durante cuatro años y medio sobre una infraestructura imprescindible para la ciudad”. Los grupos de la oposición, por su parte, han rechazado la urgencia de esta moción.
Juan Carlos Caballero, portavoz del Grupo Popular, ha denunciado la disparidad en la tramitación de proyectos similares. Ha señalado que “Mientras el Ministerio de Transportes mantiene suspendido sin justificación material el expediente del túnel de Serrería desde el 30 de noviembre de 2021, ese mismo ministerio ha tramitado de manera lineal y ordenada, durante esos mismos años, una actuación equivalente para la ciudad de Bilbao: la integración urbana del ferrocarril en el barrio de Olabeaga”. La corporación municipal ha acordado solicitar al Ministerio la totalidad de los informes técnicos que justifican este bloqueo, incluyendo el informe sobre la “Alternativa 3” anunciado en junio de 2024 y aquellos relacionados con las supuestas afecciones al Corredor Mediterráneo. Giner ha enfatizado la visión de la ciudad al afirmar: “Queremos devolver a València su apertura al mar”. La moción ha sido aprobada con los votos del equipo de gobierno, mientras que la oposición se ha abstenido.
Mociones de la oposición: Transparencia y derechos sociales
En la misma sesión plenaria, los grupos municipales de la oposición, Compromís y Socialista, han presentado un total de seis mociones que han abordado temas cruciales para la ciudad. Estas iniciativas se han centrado en la exigencia de responsabilidades políticas, la mejora de la gestión municipal y la defensa de derechos sociales, incluyendo cuestiones como las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Consorci València 2007, el apoyo a la regularización de personas migrantes, la situación de la Policía Local, la gestión medioambiental y el incremento del tráfico urbano.
Investigación sobre el Consorci València 2007
En el ámbito de la integridad institucional, la portavoz del Grupo Compromís, Papi Robles, ha impulsado una moción para establecer una comisión de investigación municipal. El objetivo ha sido esclarecer “las presuntas irregularidades” en la gestión de la liquidación del Consorci València 2007 y en la provisión de puestos públicos en organismos dependientes del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de València (APV). Robles ha acusado al actual equipo de gobierno de “privatizar la gestión pública de la Marina” y ha reclamado el acceso a toda la documentación vinculada a los hechos investigados. Además, ha instado a la dimisión del concejal José Marí Olano y de la presidenta de la APV, Mar Chao, a quien ha acusado de “tráfico de influencias”.
En una línea similar, el Grupo Socialista ha presentado otra moción exigiendo el cese inmediato de José Marí Olano, la publicación de todas las reuniones mantenidas con trabajadores o extrabajadores del Consorcio y la colaboración municipal con la investigación en curso. Borja Sanjuán ha reprochado al concejal Marí Olano su falta de intervención en el hemiciclo para ofrecer explicaciones y ha acusado al equipo de gobierno de “confundir el interés general con el interés privado”, añadiendo que “cada vez que gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento, entra la UCO”.
En respuesta, Juan Carlos Caballero, portavoz del Grupo Popular, ha afirmado que “esta moción no busca esclarecer nada, sino convertir el pleno en un tribunal” y ha recordado que los hechos debatidos se remontan al mandato anterior. Ha concluido su intervención señalando: “Ustedes fueron los que prendieron fuego al Consorcio; ustedes son los últimos legitimados para decir a este gobierno cómo actuar”. Ambas mociones de la oposición han sido rechazadas por la mayoría de votos del equipo de gobierno.
Apoyo al proceso de regularización extraordinaria de migrantes
A iniciativa de Borja Sanjuán, el Grupo Socialista ha presentado una moción de apoyo al procedimiento de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. El concejal ha abogado por “reforzar los servicios de padrón y servicios sociales, recuperar la asistencia jurídica en el Centro de Atención a la Inmigración, combatir la desinformación y rechazar cualquier trato discriminatorio por razón de nacionalidad”. Sanjuán ha destacado la necesidad de garantizar recursos públicos suficientes para acompañar este proceso, que afecta a personas que ya residen en la ciudad y requieren documentación básica para ejercer sus derechos. Asimismo, ha acusado al portavoz del Grupo Vox de fomentar “el apartheid” bajo la excusa de la “prioridad nacional” y de “torpedear” el proceso de regularización.
El concejal José Gosálbez, portavoz del Grupo Vox, ha anunciado su voto en contra de la moción socialista “por responsabilidad política”, argumentando que el procedimiento “ha generado sanidad saturada, la vivienda imposible, familias ahogadas, oficinas del padrón colapsadas, funcionarios desbordados y vecinos de València que no han podido ser atendidos”.
Por su parte, Lucía Beamud, concejala del Grupo Compromís, ha felicitado a las entidades sociales “por sus muchos años de lucha” hasta lograr este proceso de regularización, que “ha dado seguridad y tranquilidad a muchos vecinos y vecinas que viven en València y no tienen por qué esconderse”. Ha calificado el proceso como “imparable”, aunque ha lamentado que el “refuerzo en los servicios sociales municipales llegará cuando se haya acabado el proceso”.
La concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha afirmado que el Ayuntamiento es “responsable, solidario y leal institucionalmente, pero la lealtad implica exigir explicaciones a un proceso que ha generado incertidumbre”. Ha añadido: “El Gobierno no puede dejar solos a los ayuntamientos. Exigimos claridad, planificación y garantías”, y ha destacado la inversión de “a costa del Ayuntamiento de dos millones de euros sólo para personal”. La moción socialista no ha prosperado al contar con el rechazo del Grupo Popular y del Grupo Vox.
Gestión de parques, jardines y movilidad urbana
En materia medioambiental, Sergi Campillo, en representación de Compromís, ha cuestionado la gestión del gobierno municipal en parques, jardines, Devesa-Albufera y biodiversidad urbana. La coalición ha denunciado “la paralización de inversiones y proyectos ya aprobados” y ha reclamado “un cambio de rumbo urgente”, con una ejecución efectiva del presupuesto, el refuerzo de personal y medios en el organismo autónomo de jardines, y una planificación pública de las actuaciones pendientes. Campillo ha insistido en que las políticas municipales en esta área deben basarse “en la evidencia científica y en criterios técnicos”.
El concejal de Compromís ha añadido: “Necesitamos volver a confiar en la ciencia y no poner en duda la evidencia científica frente a la ideología de la ultraderecha”, y ha criticado a la alcaldesa, María José Català, “por delegar la mayor parte de las competencias municipales en medio ambiente en un partido que niega la evidencia científica y es un peligro para esta ciudad”. El Grupo Socialista, a través de la concejala Elisa Valía, se ha sumado a esta moción, defendiendo la inclusión de “presupuesto suficiente y equivalente al que el gobierno municipal pretende destinar para la privatización del mantenimiento del Jardí del Túria”, para acometer los proyectos aprobados para 2026 y 2027. La concejala delegada de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha defendido el incremento de personal y servicios en su área, criticando a la oposición por el “intento burdo de reescribir su gestión”. Ha asegurado: “Afirmar que degradamos la gestión para privatizarla es mentira. No hay parálisis medioambiental”. Por su parte, José Gosálbez, concejal de Devesa-Albufera, ha calificado la moción de la oposición de “catastrofista, alarmista y manipuladora, porque los hechos y la gestión demuestran que hay más inversión en Devesa-Albufera”. La moción ha sido rechazada por los votos del equipo de gobierno.
Movilidad urbana y tráfico
En el área de movilidad, el concejal Giuseppe Grezzi ha defendido otra iniciativa de Compromís sobre los “tres años de caos circulatorio” en la ciudad, alertando del “incremento de un 47% del tráfico en la ciudad y de sus efectos sobre la calidad del aire y la vida cotidiana de la ciudadanía”. Ha solicitado revertir las medidas que, a su juicio, han favorecido el aumento del vehículo privado, retomar proyectos de renaturalización, realizar controles periódicos de la calidad del aire en entornos sensibles, reforzar la EMT y avanzar en alternativas de transporte público y aparcamiento para residentes.
El Grupo Socialista ha respaldado la moción con una adición: “solicitar las ampliaciones de los parques de la Rambleta y Benicalap, la ejecución del PAI de Benimaclet sin privatización del espacio verde público, y la tramitación del cambio de planeamiento para que el PAI del Grau sea un delta verde”. La concejala socialista Elisa Valía ha añadido que “todas las políticas municipales han servido para promover el uso del coche. En València entran más coches que nunca”. Previamente, un miembro de la asociación vecinal de la Roqueta ha alertado que “desde 2023, las medidas tomadas por el Ayuntamiento han intensificado el tráfico rodado en la ciudad; el tráfico ha aumentado un 6% según los datos municipales públicos”.
El Grupo Popular ha presentado una moción alternativa, que ha sido ratificada por el Pleno, instando a la corporación a “continuar con la implementación del Plan Director y de Inversiones de la EMT, generar más plazas de aparcamiento, mejorar la seguridad vial, y trabajar con la Generalitat para impulsar las inversiones de Metrovalencia”. El concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, ha exigido a Renfe y al Gobierno de España que “mejore y amplíe el servicio de Cercanías, para así reducir el tránsito motorizado privado, además de prolongar el soterramiento del túnel de la Serradora”. Carbonell ha criticado la falta de inversión estatal en el servicio ferroviario, afirmando en el Pleno que “El Gobierno de España nos ningunea y el señor Puente nos puentea”.
Preocupación por la Policía Local de València
Finalmente, el Grupo Socialista ha trasladado al Pleno su inquietud por “el deterioro organizativo y operativo de la Policía Local de València”. A través de una moción, el concejal Borja Santamaría ha alertado sobre la acumulación de jubilaciones, la prolongación de situaciones provisionales en la cadena de mando, el exceso de horas extraordinarias y la percepción ciudadana de “falta de presencia policial en distintos barrios”. Como respuesta, ha propuesto “un plan de ordenación de recursos humanos, la cobertura de plazas pendientes, la reducción de la provisionalidad y la evolución hacia un modelo de policía de proximidad y preventiva”. Por su parte, el concejal Ferran Puchades, del Grupo Compromís, ha recordado que todas las nuevas plazas de agentes de la Policía Local proceden de convocatorias promovidas en el mandato anterior.
El Grupo Popular ha respondido con una moción alternativa, aprobada por el Pleno gracias a los votos del equipo de gobierno, por la que se ha instado a “seguir trabajando con la Generalitat para adecuar el Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, al pronunciamiento de la sentencia del TSJ 819/2024 y poder continuar la tramitación de los procedimientos selectivos de las distintas categorías de mandos de la Policía Local”. La moción, defendida por el concejal Jesús Carbonell, ha recogido también la solicitud al Gobierno de España de “la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, así como continuar ofertando plazas de las distintas categorías y escalas de la Policía Local”.