En un momento en que el 81% de los españoles ha sufrido al menos un intento de estafa en el último año, el Ayuntamiento de València ha decidido actuar. La Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención de 10.000 euros a la Unión de Consumidores de Valencia (AVACU) para poner en marcha durante este año un programa integral de información, asesoramiento y protección dirigido a la ciudadanía.
Una apuesta por la prevención en tiempos de fraude digital
La cifra puede parecer modesta comparada con la magnitud del problema, pero la lógica detrás de la medida es clara: la información es la primera línea de defensa. Y los datos respaldan la urgencia. En España se registraron casi 430.000 estafas informáticas en 2025, lo que representa el 88% de toda la cibercriminalidad del país. El Ministerio del Interior contabilizó 489.248 ciberdelitos en 2025, un 5,3% más que el año anterior. No es un fenómeno abstracto: cada víctima de una estafa digital pierde de media 577 euros en España, y casi siete de cada diez afectados no llegan a denunciar el fraude.
Es en ese contexto donde cobra sentido el convenio entre el consistorio valenciano y AVACU. La subvención financiará un abanico de iniciativas pensadas para llegar al ciudadano antes de que sea demasiado tarde: un servicio de atención e información a consumidores, procesos de mediación para la resolución extrajudicial de conflictos, campañas de divulgación de derechos, y acciones específicas de prevención frente a estafas online y ciberseguridad. También se contempla la celebración del Día de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, así como actividades de sensibilización sobre los derechos de los usuarios del transporte.
"La mejor herramienta para proteger a las personas consumidoras es ofrecerles información clara, formación y asesoramiento para que puedan ejercer sus derechos con todas las garantías" - José Gosálbez, concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València
El problema que se cuela en el móvil y en la vida cotidiana
Las estafas digitales ya no son una amenaza lejana reservada a usuarios poco precavidos. El teléfono móvil se ha convertido en el campo de batalla principal: el análisis del tráfico SMS muestra que uno de cada 20 mensajes de texto tiene indicios de fraude, una tasa que resulta alarmante si se tiene en cuenta la confianza que depositamos en ese canal. Y la tendencia no remite: el 83% de los encuestados en España muestra interés en recibir formación para gestionar mejor los intentos de estafas, lo que pone de relieve la necesidad de programas de educación y sensibilización.
Más allá del fraude digital, el programa de AVACU abarca también los conflictos derivados del consumo cotidiano: desde una compra defectuosa que el vendedor se niega a devolver hasta una factura de suministros que no cuadra. Son situaciones que, sin un servicio de mediación accesible, muchas personas terminan aceptando por resignación o desconocimiento. El programa también contempla acciones de colaboración con entidades sociales para ampliar el alcance de estas iniciativas y fomentar el consumo responsable.
"Esta colaboración con la Unión de Consumidores nos permite llegar a más personas y reforzar la prevención frente a problemas cada vez más presentes, como las estafas digitales o los conflictos derivados del consumo cotidiano" - José Gosálbez, concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València
Información pública como escudo colectivo
El 81% de los españoles ha sido víctima de un intento de estafa en el último año. Sin embargo, el 68,8% de las víctimas no denuncia a la policía ni avisa a su banco. Esa brecha entre el alcance del problema y la respuesta ciudadana es, precisamente, la que iniciativas como esta intentan cerrar. Porque el fraude no solo tiene un coste económico: erosiona la confianza en las transacciones cotidianas y genera una sensación de vulnerabilidad que afecta a la calidad de vida.
Que un ayuntamiento destine fondos públicos a financiar la labor de una asociación de consumidores no es nuevo, pero sí resulta especialmente oportuno en este momento. Con una ciudadanía cada vez más expuesta a amenazas que evolucionan más rápido que la capacidad de respuesta individual, el acceso gratuito a asesoramiento profesional y campañas de prevención puede marcar la diferencia entre quien detecta una trampa a tiempo y quien la descubre cuando ya es demasiado tarde.