Cuidem Benimaclet y la asociación de vecinos del barrio convocan una manifestación para frenar el PAI

La plataforma ciutadana diu que el govern local ha de “repensar” l’actuació després de l’informe que avala la desclassificació total

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La plataforma ciudadana Cuidem Benimaclet y la asociación de vecinos del barrio han convocado para el domingo 26 de enero una manifestación por este entorno con el fin de "frenar" el PAI Benimaclet Est, según ha informado el primero de estos colectivos en un comunicado.

Así, ha defendido que esta actuación urbanística "se puede parar", con un coste menor al señalado por el consistorio, y ha considerado que gobierno local que componen Compromís y PSPV, debe "repensar" este PAI tras conocerse el informe elaborado por la Universitat de València que apunta la posibilidad de rebajar la edificabilidad y de llevar a cabo una desclasificación total del suelo.

La manifestación, que se ha convocado bajo el lema 'Defensem Benimaclet, Recuperem l'Horta. Aturem el PAI de Metrovacesa', comenzará a las 11.30 horas en el cruce entre la calle Mistral y la avenida Valladolid y recorrerá diversas calles del barrio.

Cuidem Benimaclet ha instado al vecindario de esta zona de la capital valenciana a unirse a las acciones que ha previsto para las próximas semanas en favor de la paralización de la citada actuación urbanística.

"Ahora más que nunca, el vecindario de Benimaclet debe estar informado de lo que supone la ejecución del PAI y de lo que podría suponer proteger el suelo", ha indicado la plataforma, que ha invitado a participar en la protesta del 26 de enero.

Cuidem Benimaclet y la asociación de vecinos del barrio han dado a conocer la convocatoria de la manifestación después de que este miércoles por la tarde se presentara a los vecinos el estudio hecho a través de la Universitat de València sobre el PAI Benimaclet Est, un informe que indica que "se puede parar" esta actuación y que hacerlo "costaría unos 11 millones de euros", como ha apuntado la plataforma.

En esta línea, ha explicado que "rebajar la edificabilidad de 1.345 viviendas a 350 se podría hacer a coste cero" y que se estima que "el coste neto para la ciudad de una desclasificación total, en caso de que así se decidiera proceder por parte del Ayuntamiento, estaría en 11.487.489,59 euros".

"REPENSAR LA EJECUCIÓN"

Cuidem Benimaclet ha destacado que esta cifra representa "casi la mitad de los 20 millones de euros que hace unos meses indicó la administración municipal sin haber estudiado la situación concreta". La plataforma ciudadana ha afirmado que "los nuevos datos publicados obligan, de nuevo, al gobierno municipal a repensar la ejecución del PAI" y ha apuntado que por ello continua, "más que nunca", con las movilizaciones para frenarlo.

Entre estas movilizaciones, resalta la manifestación programada para el próximo día 26 de enero. Cuidem Benimaclet ha asegurado que el informe elaborado por la Universitat de València le sirve para reafirmarse "en la idea de que hay que parar" la mencionada actuación urbanística", "enmarcada en un PGOU --Plan General de Ordenación Urbana-- obsoleto", y en se debe "mantener Benimaclet como una zona de transición a la huerta protegida de Alboraia".

Así, ha reiterado que propone como "herramienta" para lograr estos objetivos "la desclasificación del suelo" y ha valorado que "ahora, un nuevo informe reafirma esta fórmula".

"REALIDAD DEMOGRÁFICA Y ECOLÓGICA"

"Las conclusiones del estudio deben obligar al gobierno municipal y autonómico a repensar el modelo urbanístico que están ejecutando, muy alejado de las tesis planteadas en el Pacto del Botànic y territorial y de paisaje de la Comunitat Valenciana y de la definición de las medidas de transición hacia un modelo no basado en el crecimiento ilimitado", ha agregado Cuidem Benimaclet.

La plataforma ha considerado que "es el momento, por tanto, de hacer efectivas estas tesis" y ha señalado que "hay que tener en cuenta la realidad demográfica y ecológica de la zona donde se ejecutaría el PAI".

"No es el momento de elegir el camino fácil y dejar de lado la responsabilidad contraída con la ciudadanía. La administración tiene la obligación de escuchar a la ciudadanía. Si no lo hace, encontrará al vecindario en la calle con la formación, la cohesión y la fuerza necesarias para frenar este macroproyecto".

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