La Acampada por el Derecho a la Vivienda de Valencia podría estar más cerca de abandonar la plaza del Ayuntamiento después de más de un mes instalada en este céntrico espacio de la ciudad. Los manifestantes han mostrado su disposición a retirar las tiendas y dejar libre la plaza, aunque han dejado claro que esta decisión dependerá de que las administraciones cumplan una serie de condiciones y garanticen que no se producirá un desalojo forzoso.
Así lo ha trasladado Dan, portavoz del colectivo, después de una reunión de más de tres horas celebrada este jueves por la tarde con representantes técnicos de la Delegación del Gobierno y de la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia. El encuentro ha servido para acercar posturas y abrir una posible vía de negociación, aunque todavía no existe una fecha concreta para el final de la acampada.
El portavoz ha explicado que los participantes cuentan con un protocolo para iniciar una desescalada progresiva cuando se den las circunstancias adecuadas. Su intención, ha asegurado, es abandonar la plaza y dejarla limpia, pero antes reclaman garantías de que las instituciones respetarán su decisión y atenderán sus reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda.
Los representantes técnicos presentes en la reunión se habrían comprometido a evitar un desalojo forzoso y cualquier actuación violenta sin previo aviso. Los acampados esperan que estos compromisos queden reflejados en el acta del encuentro y se cumplan. Pese a valorar positivamente la reunión, Dan ha insistido en que el problema de la vivienda requiere mucho más trabajo y continuidad en el diálogo.
Las condiciones para retirar las tiendas de la plaza del Ayuntamiento
Entre las principales reivindicaciones de la Acampada por la Vivienda figura que Valencia sea declarada zona de mercado residencial tensionado para poder aplicar medidas que permitan topar los precios de los alquileres. Los manifestantes consideran que la situación no afecta únicamente a la capital, sino también a los municipios del área metropolitana, por lo que reclaman soluciones que tengan en cuenta todo el territorio.
Además, el colectivo ha pedido una mayor implicación de todas las administraciones. En este sentido, ha lamentado la ausencia de representantes de la Generalitat en la reunión y ha instado a las personas con competencias en materia de vivienda a participar en las negociaciones. Su propuesta pasa por mantener una mesa de diálogo estable, incluso con encuentros mensuales, para abordar un problema que, a su juicio, no puede resolverse de un día para otro.
Por su parte, la Delegación del Gobierno ha señalado que los acampados deberán presentar sus peticiones mediante un registro de entrada para avanzar hacia una futura mesa de diálogo. La mayor parte de las demandas corresponden a competencias municipales y autonómicas, aunque la institución mantiene su apuesta por la colaboración.
El Ayuntamiento, por su parte, mantiene su exigencia de una retirada rápida y pacífica. La alcaldesa, María José Catalá, ha advertido de que, si no se produce de manera voluntaria, el consistorio acudirá a la justicia para recuperar la normalidad en la plaza.
De momento, las tiendas siguen instaladas y no hay calendario para su retirada. La posibilidad de una salida pactada está sobre la mesa, pero dependerá de los próximos pasos de las administraciones y de los compromisos que se alcancen.