Un mes después de que la primera tienda de campaña se plantara en el corazón de la ciudad, la plaza del Ayuntamiento de València sigue ocupada por unas 800 lonas que reclaman el derecho a una vivienda digna. Ahora, el Ayuntamiento da un paso formal para empezar a revertir esa imagen: ha solicitado por escrito a la Delegación del Gobierno una reunión de coordinación técnica con el objetivo de "recuperar la normalidad de la plaza de L'Ajuntament".
Una protesta que nació de una marcha y se convirtió en campamento
La acampada arrancó tras la manifestación del sábado 3 de octubre y desde entonces ha convertido la plaza en un espacio de organización estable donde se reclama el derecho a la vivienda. Lo que empezó como un gesto espontáneo fue creciendo hasta convertirse en uno de los movimientos urbanos más visibles del otoño en España. Alrededor de 800 tiendas de campaña siguen ocupando la plaza, según la cifra que maneja la propia organización.
El colectivo concentra sus exigencias en una bajada drástica de los alquileres, contratos indefinidos, protección efectiva frente a los desahucios y ampliación del parque público de vivienda. A esas demandas se suma una petición concreta al Ayuntamiento: que València sea declarada zona tensionada en materia de vivienda, una figura contemplada en la Ley Estatal de Vivienda de 2023 que permite aplicar límites a los precios del alquiler.
La alcaldesa: "Es momento de recuperar la plaza para toda la ciudadanía"
La alcaldesa, María José Catalá, reconoció que la protesta tuvo su razón de ser, pero considera que ese ciclo ya ha concluido. En sus palabras, el derecho que motivó la acampada "se ha ejercido de manera oportuna" y ahora toca dar un paso al frente.
"El ejercicio del derecho fundamental que motivó la acampada, que no estaba autorizada y es una cosa que hay que remarcar, se ha ejercido de manera oportuna y, obviamente, hay que recuperar de alguna manera esa normalidad. También nos lo pide el comercio de la zona." - María José Catalá, alcaldesa de València
La primera edil también destacó la postura que ha mantenido el consistorio durante estas semanas: respetuosa con la protesta, pero firme en su voluntad de recuperar el espacio público. Según Catalá, cualquier persona que ocupa la plaza habitualmente sigue procesos administrativos y paga tasas, y el Ayuntamiento trabajó para que la convivencia entre la acampada y otros actos que tienen lugar en ese espacio se desarrollara con normalidad.
Coordinación entre administraciones: el siguiente movimiento
La solicitud formal a la Delegación del Gobierno apunta a la necesidad de sumar fuerzas entre distintas administraciones para abordar el fin de la acampada de manera ordenada. Catalá subrayó que "la colaboración de todas las administraciones siempre tiene buenos frutos" y anticipó que próximamente comenzarán a trabajar de forma progresiva en el marco de sus respectivas competencias.
Los organizadores, por su parte, han afirmado que continuarán de forma indefinida en la plaza mientras la alcaldesa no se reúna con ellos, y reclaman la creación de una mesa de trabajo para tratar sus reivindicaciones en materia de vivienda con las administraciones locales y autonómicas. Un pulso que, de momento, no tiene fecha de resolución.
La vivienda, en el centro del debate político valenciano
En cuanto a la declaración de zona tensionada, la alcaldesa fue clara: estas cuestiones, dijo, "se resuelven en el Pleno con los representantes legítimos de la ciudadanía". Una respuesta que, inevitablemente, traslada la pelota al terreno institucional y deja fuera de juego la vía de presión directa en la calle.
Los acampados se preparan para afrontar la próxima huelga general del 11 de noviembre, las elecciones generales del 29-N y la llegada de la campaña navideña, que tiene la plaza del Ayuntamiento como centro neurálgico de numerosas actividades dirigidas a la población. Ese calendario aprieta en ambas direcciones: los organizadores lo ven como un argumento para mantenerse, y el Ayuntamiento, como una razón más para recuperar el espacio cuanto antes. La plaza, en definitiva, se ha convertido en un termómetro de una crisis de vivienda que ya no cabe ignorar.