La ciudad de València está viviendo en la actualidad una emergencia habitacional que está causando que la ciudadanía tenga una mayor dificultad para acceder a la vivienda. La subida del precio de los alquileres, la compra y venta especulativa que fondos de inversiones y grandes tenedores llevan a cabo, o los problemas para conseguir financiación para adquirir una casa son algunos de los factores que están agravando esta emergencia.
En ese sentido, el cambio de uso de algunos edificios también es una condición acuciante en esta crisis de vivienda. Así, decenas de edificios de la capital valenciana —en barrios como l'Eixample, El Grau, la Saïdia o Ciutat Vella— han cambiado desde el año 2016 su uso residencial por un uso terciario, destinado a pisos turísticos u otro tipo de negocios.
Modificar el Plan General de Ordenación Urbana para evitar la especulación
"Es la herramienta más potente que hay para combatir la especulación en la vivienda en la ciudad". Así describe la concejala de Vivienda y Servicios Sociales, Isabel Lozano, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València.
Por esta razón, desde Compromís per València, la formación en el consistorio municipal, apuestan por modificar las bases de este y así poder proteger el uso residencial y evitar que la vivienda sea "un bien de mercado" y no un derecho tal y como se recoge en la Constitución Española. "La ciudad no es un tablero de Monopoly y por delante del mercado inmobiliario está el derecho a la vivienda", ha manifestado el portavoz de Compromís per València, Pere Fuset.
En concreto, desde el partido proponen regular la venta de viviendas de forma especulativa para evitar que, en especial, sean no residentes en la ciudad, extranjeros o grandes propietarios, quienes adquieran edificios enteros de viviendas para darles un uso terciario. Una consecuencia de esta compra es la expulsión de las personas que residen a largo plazo en esos bloques de viviendas.
Además, también plantean aumentar el control sobre los pisos turísticos y que la ordenación urbanística de estos no supere el 20 % que fija la recomendación municipal. De esta manera, el Ayuntamiento de València establece como máximo el 20 % de las viviendas de un edificio puedan ser apartamentos turísticos.