El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado en Alicante el anteproyecto de la futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una norma que nace con el objetivo de “ordenar, clarificar y simplificar” el marco urbanístico y ha confirmado que se tramitará en Les Corts a finales de este mismo año.
Durante su intervención en la jornada técnica celebrada en el Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante (MARQ), el conseller ha subrayado que la reforma “no es únicamente un texto jurídico ni una reforma técnica”, sino “un anteproyecto que define cómo queremos vivir y qué modelo territorial queremos dejar a las generaciones que nos sucederán”.
Martínez Mus ha defendido que la nueva ley permitirá pasar “de la incertidumbre a la claridad, del laberinto al mapa, del bloqueo a la acción”, y ha insistido en que el territorio “no es un problema que haya que sortear, sino un activo estratégico cuando se gestiona bien”. Además, ha añadido que “tenemos una necesidad que todo el mundo conoce, tanto de suelo residencial como de suelo industrial”.
Asimismo, el vicepresidente ha explicado que la Comunitat Valenciana está “creciendo en población y en empuje económico y debe tener una normativa que sea capaz de albergar todo eso con flexibilidad, con raciocinio y con criterio. Y es un poco la apuesta que hemos hecho con el proyecto de ley”.
El vicepresidente tercero ha explicado que la normativa vigente es el resultado de “demasiados años de parches, reformas parciales y correcciones de urgencia”, lo que ha derivado en textos “excesivamente densos”, procedimientos “largos e imprevisibles” y trámites que se prolongan hasta hacer inviables muchos proyectos.
En este sentido, ha recordado que en la Comunitat Valenciana la tramitación de un plan general “se ha convertido demasiadas veces en una auténtica carrera de obstáculos”, con casos que se han prolongado “15 o incluso 20 años”. “La protección no puede basarse en la parálisis, sino en la planificación inteligente”, ha afirmado.
Planes más ágiles
Martínez Mus ha destacado que la norma no nace de la improvisación, sino del trabajo técnico liderado por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, con análisis de la legislación estatal, revisión de jurisprudencia y estudio de modelos de otras comunidades autónomas. El conseller ha remarcado que el objetivo es que el proyecto de ley llegue a Les Corts en septiembre de este año para su tramitación y aprobación definitiva durante 2026.
Entre las principales novedades, la ley sitúa la ordenación territorial como pieza estructural del sistema, alineando vivienda, industria, infraestructuras, transporte y protección ambiental. El nuevo Plan General tendrá carácter estratégico y directivo, dejando la ordenación pormenorizada a los planes de desarrollo, lo que permitirá aprobar, revisar y adaptar los instrumentos de planeamiento con mayor agilidad.
Además, se crea el Plan Urbanístico Simplificado para municipios pequeños o en riesgo de despoblación, con menor carga técnica y trámites proporcionados. También, se abordan las edificaciones preexistentes fuera de ordenación mediante órdenes individualizadas de minimización, exigiendo condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística.
Por otra parte, el anteproyecto fija reservas de edificabilidad residencial alineadas con la legislación básica estatal con un 40 % en suelo urbanizable y un 20 % en actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano.
Según ha explicado Martínez Mus, estos porcentajes “no son un fin en sí mismos”, sino una herramienta para afrontar el déficit de vivienda, especialmente vivienda asequible. “No hay competitividad territorial sin vivienda accesible. No hay crecimiento económico sostenible si quienes trabajan no pueden vivir cerca de su empleo”, ha señalado.
El conseller ha insistido en que establecer reglas claras y previsibles permitirá planificar con seguridad, anticipar costes y aumentar la oferta de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.
Proyectos de Interés Autonómico
La futura ley incorpora los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) como instrumentos para la implantación ágil de iniciativas estratégicas en términos de inversión y creación de empleo estable. Estos proyectos podrán aprobarse en un plazo de seis meses si requieren licencia ambiental, o en nueve meses si precisan Autorización Ambiental Integrada, tras el correspondiente acuerdo previo del Consell.
El vicepresidente tercero ha concluido diciendo que la futura Ley del Suelo permitirá “desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible, atraer inversión industrial y logística, rehabilitar barrios degradados y luchar contra la despoblación con instrumentos reales”.
Al acto han asistido la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, así como el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y diferentes alcaldes y representantes municipales.