La Agencia Valenciana Antifraude ha urgido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de València a implementar medidas "con celeridad" para evitar fraccionamientos de contratos en el organismo municipal de parques y jardines que "han supuesto un riesgo real de fraude y corrupción", y les ha dado un plazo de tres meses para subsanar irregularidades detectadas.
Según ha informado el grupo municipal 'popular' en un comunicado, estas son "parte de las conclusiones de la investigación abierta por el fraccionamiento de 18 contratos por valor de 220.000 euros y de los que cuales advirtió la propia Intervención Municipal".
De acuerdo con el PP, Antifraude acredita que se "falsearon" hasta 12 expedientes de contrataciones en parques y jardines "donde sólo se pidió una oferta para realizar los trabajos cuando en el mismo se decía luego de ver las ofertas".
Antifraude pide en primer lugar "la correcta planificación de la actividad contractual del ente, mediante la aprobación del instrumento formal que recoja las necesidades de contratación del OAM para un escenario anual y plurianual".
En el segundo punto, reclama que "se incorporen a los expedientes de contratación, incluida la menor, informes técnicos y jurídicos que justifique, suficiente y motivadamente, que no se incurre en fraccionamiento con respecto a contrataciones similares llevadas a cabo en el mismo ejercicio o en ejercicios inmediatamente anteriores".
También recoge que en los contratos menores "deberán formar parte de los expedientes las consultas de mercado o diferentes ofertas de proveedores, debiéndose organizar el cumplimiento y la acreditación de la exigencia de tres ofertas aprobada por el propio Ayuntamiento".
Además del plazo de subsanación, pide que se le remita el plan de implementación de las recomendaciones formuladas en el que se detallen las acciones, los plazos y las personas responsables de cada una de las actuaciones que hay que llevar a cabo, o bien las razones que le impiden adptas las medidas propuestas.
Antifraude afirma en la resolución que "el hecho de que el adjudicatario sea el mismo, y de que los importes acumulados en el periodo superen los umbrales de la contratación menor constituyen un claro indicio de déficit en la planificación que puede acarrear un riesgo real de fraude o corrupción en la contratación mediante la limitación de la libre concurrencia".
La portavoz del PP en el consistorio, María José Catalá, ha señalado que "fue la propia Intervención Municipal quien puso de manifiesto que se había cometido una presunta ilegalidad al fraccionar contratos menores que deberían haberse adjudicado por concurso o por procedimientos para garantizar la pública concurrencia".
"USO INDISCRIMINADO"
"Ahora, la Agencia Antifraude pone de manifiesto lo mismo y le urge a Ribó a que ponga en marcha un plan que evite los fraccionamientos de contratos, algo habitual de este gobierno", ha añadido. A su juicio, "el uso indiscriminado que están haciendo el gobierno de Ribó y PSOE de los contratos menores resulta muy dudoso, y más cuando por conceptos muy similares, aparecen demasiadas facturas convenientemente limitadas en su importe para no superar los límites establecidos por la Ley".Catalá ha recordado que "en cinco años de gobiernos de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento se han firmado 15.193 contratos menores que alcanzan un coste de más de 87 millones de euros" y que eliminó la fiscalización previa de los contratos menores.
"Desconocemos la intencionalidad última de esta decisión de quitar la fiscalización previa, pero mucho nos tememos que detrás esté el reducir la transparencia en estos procedimientos y limitar las ofertas que se presentan", explicó Catalá.