El Juzgado de Instrucción número 20 de València ha acordado la apertura de juicio oral contra Jorge Ignacio P.J., acusado de la muerte de Marta Calvo y otras dos mujeres más. Así mismo, se le imputan abusos sexuales a ocho jóvenes mediante la práctica conocida como 'fiesta blanca' que consiste en la introducción de piedras o bolas de cocaína en los genitales femeninos.
La vista oral contra el acusado, al que se le ha requerido una fianza de 350.000 euros para cubrir posibles responsabilidades civiles, se celebrará ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Valencia en una fecha aún por determinar.
Según se desprende del auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Jorge Ignacio P.J. --quien seguirá en prisión hasta la fecha de juicio-- introdujo presuntamente, sin contar con su consentimiento, cocaína en los genitales de las mujeres cuyos servicios sexuales había contratado, lo que provocó a muchas de ellas pérdida de conocimiento o diversas alteraciones psíquicas o físicas.
"El investigado reiteró esas prácticas sexuales conociendo sus consecuencias letales y asumiendo el posible fatal resultado que derivó en el fallecimiento de tres de sus víctimas", concreta la resolución judicial.
Estas prácticas se produjeron en un periodo inferior a un año y medio, entre el verano de 2018 y el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que falleció, en una vivienda de la localidad de Manuel, la última de las perjudicadas, Marta Calvo, cuyo cadáver no ha sido aún localizado.
La Fiscalía y las acusaciones personadas en la causa sostienen que los hechos pueden ser constitutivos de tres delitos de homicidio o asesinato, así como de diferentes delitos de lesiones o asesinato en grado de tentativa, contra la salud pública, abuso o agresión sexual y contra la integridad moral.
El ministerio público reclama para el acusado la pena de 130 años de prisión y cuantiosas indemnizaciones para las víctimas y familiares. Por su parte, los padres de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas personadas en la causa también reclaman esta pena.