Más de 16.000 personas desalojadas, municipios enteros vaciados y el agua del grifo convertida en un riesgo para la salud. Así se presenta el escenario que dejó el incendio forestal declarado en La Vall d'Uixó, uno de los más graves que ha vivido la provincia de Castellón en los últimos años. Para constatar de primera mano el alcance de la emergencia y el funcionamiento de los recursos habilitados, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se desplazó junto a varios miembros del Consell a los principales puntos de atención y distribución a los vecinos afectados.
De Nules a La Vilavella: un recorrido por la emergencia
La primera parada fue la residencia Virgen de la Soledad de Nules, que en estos momentos acoge a dos usuarios dependientes procedentes de los centros de Artana y La Vilavella. Son personas que, por su situación de vulnerabilidad, no pueden esperar en cualquier improvisado punto de evacuación: necesitan atención especializada, continuidad en sus cuidados y un entorno adaptado. Que dos centros residenciales hayan quedado dentro del perímetro de emergencia ilustra hasta qué punto el fuego no distingue entre infraestructuras.
Desde allí, la comitiva se trasladó al colegio Don José Alba de La Vilavella, habilitado como espacio de acogida, y posteriormente al Polideportivo Municipal de Nules, donde la Generalitat había montado un punto de atención provisional para los desalojados. Un polideportivo convertido en refugio es una imagen que, por desgracia, los valencianos ya conocen: la dana de noviembre de 2024 dejó estampas similares en muchas localidades de la provincia.
El siguiente paso: traslados a Castellón de la Plana
El dispositivo no se detiene en el polideportivo. El incendio provocó el desalojo de 18 municipios, con más de 16.000 habitantes en total, además de algunos barrios de la propia Vall d'Uixó. Para dar respuesta a ese volumen de personas, la Generalitat organizó el traslado de los desalojados que permanecían en el punto provisional de Nules hacia tres nuevas instalaciones: la Residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, el centro Penyeta Roja de Castellón de la Plana y el Balneario de La Vilavella. Tres espacios muy distintos entre sí —universitario, asistencial, termal— unidos por una misma urgencia.
¿Cuánto tiempo llevará realojar a todas estas familias? ¿Cuándo podrán volver a sus casas? Por ahora, las respuestas dependen de la evolución del fuego y de las decisiones que vayan tomando los servicios de emergencia sobre el terreno.
El agua, el otro frente abierto
Quizá el detalle más revelador de la visita fue el último: Pérez Llorca comprobó personalmente el dispositivo organizado por la Generalitat para el reparto de agua potable a los vecinos de La Vilavella. El motivo es tan sencillo como preocupante: por razones de salud pública, el agua del grifo no es apta para el consumo hasta nueva orden. En un municipio que ya de por sí vive una situación límite, la imposibilidad de abrir el grifo y beber añade una capa más de angustia al día a día de quienes han podido quedarse o han regresado a sus hogares.
El reparto de agua potable no es un gesto menor. Es el recordatorio de que las consecuencias de un gran incendio no terminan cuando el fuego mengua: la contaminación de infraestructuras, la alteración de redes de abastecimiento y los riesgos sanitarios derivados pueden prolongarse durante días o semanas. Más de 300 efectivos, entre ellos unidades de la UME, y 14 aeronaves se desplegaron sobre el terreno para combatir las llamas, pero la batalla por restablecer la normalidad es, a menudo, más lenta y menos visible que la del propio incendio.