Cuando un agricultor valenciano contrata un seguro agrario, la prima que paga no la asume él solo. Detrás hay dos administraciones —la autonómica y la estatal— costeando parte de ese recibo mediante subvenciones complementarias. Un sistema de doble red que protege al sector, sí, pero que también exige una coordinación impecable para que los fondos públicos lleguen a quien realmente corresponde. Y ahí, precisamente, es donde entra en juego el acuerdo que acaba de sellarse.
Un convenio para cruzar datos y cerrar grietas
El Pleno del Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El objetivo es reforzar el control de las subvenciones a los seguros agrarios destinadas a los beneficiarios de la Comunitat Valenciana, un mecanismo de ayuda que protege a agricultores, ganaderos y acuicultores frente a riesgos climáticos y otros eventos adversos.
El acuerdo no nace de la nada. La subvención de la Comunitat Valenciana es complementaria a la que ofrece la Administración del Estado, de modo que, en el momento de formalizar la póliza de seguro, al asegurado se le descuenta la suma de ambas subvenciones —estatal y autonómica— de la prima. Es decir, dos administraciones distintas pagando, en paralelo, sobre el mismo contrato. Una arquitectura eficaz sobre el papel, pero que requiere que los datos fluyan con precisión entre ambas partes para evitar errores o concesiones indebidas.
El convenio establece los términos y las condiciones para el intercambio y cruce de información entre ambas entidades, con el fin de facilitar el control de los requisitos de acceso a las subvenciones y mejorar los mecanismos de supervisión. En la práctica, significa que Agricultura y ENESA podrán contrastar sus registros para detectar posibles incidencias antes de que se consoliden en pagos incorrectos.
Cuatro años de vigencia y ningún coste para la Generalitat
El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y, según se ha precisado, no supondrá ningún coste económico para la Generalitat Valenciana. Una fórmula de colaboración que se basa exclusivamente en el intercambio de información entre administraciones, sin transferencias presupuestarias de por medio.
Los porcentajes de subvención que aplica la Comunitat Valenciana varían según el módulo del seguro contratado, oscilando entre el 20% y el 35% sobre la prima comercial base neta. A estas cifras se suman las aportaciones de ENESA, lo que en algunos casos eleva la cobertura conjunta a niveles muy significativos: en ganadería, la subvención conjunta de ENESA y la Conselleria puede llegar hasta el 85% para las líneas de retirada y destrucción de cadáveres de animales bovinos, y al 87% para las líneas de animales no bovinos. Con ese volumen de dinero público en juego, blindar el sistema de control no es un capricho burocrático, sino una necesidad.
Un paso más en una relación de largo recorrido
Este tipo de acuerdos entre la administración valenciana y ENESA no son nuevos. El Consell ya había aprobado anteriormente la renovación de la gestión y control de las subvenciones de las aseguradoras agrarias entre ENESA y la Comunitat Valenciana. Lo que cambia ahora es el foco: el nuevo convenio pone el acento específicamente en la detección de errores e incidencias, apostando por la prevención antes que por la corrección.
En un momento en que la agricultura valenciana afronta riesgos crecientes —desde episodios de sequía hasta fenómenos meteorológicos extremos como la dana de noviembre de 2024—, garantizar que las ayudas a los seguros lleguen con rigor y transparencia a quienes verdaderamente las necesitan es también una forma de reforzar la confianza del sector en las instituciones. El cruce de datos entre administraciones, lejos de ser un tecnicismo, es el primer paso para que ningún euro público se pierda por el camino.