Cuatrocientas veinticinco veces en un solo año. Esa es la cifra de ocasiones en que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Valencia recurrió en 2025 a la Cámara Gesell para tomar declaración a menores y personas vulnerables implicadas en procedimientos judiciales. Detrás de cada número hay un niño, una adolescente o una persona con discapacidad que tuvo que narrar lo que vivió —muchas veces, lo peor que ha vivido— sin enfrentarse a la sala fría de un juzgado, sin ver al acusado, sin sentir el peso del proceso penal sobre sus hombros.
Un cristal que separa el trauma de la justicia
La Cámara Gesell es, en esencia, una habitación dentro de otra habitación. La víctima declara en un entorno diseñado para que se sienta segura, acompañada únicamente por una psicóloga forense especializada, mientras jueces, fiscales y abogados siguen la entrevista desde una sala contigua separada por un cristal unidireccional. Las preguntas no llegan directas: la especialista las filtra, las adapta, las traduce al lenguaje emocional y cognitivo de quien tiene enfrente. No es un interrogatorio. Es una conversación protegida.
Este sistema, implantado en Valencia en 2015, responde a uno de los problemas más dolorosos del sistema judicial: la llamada victimización secundaria, ese daño adicional que sufre una víctima cuando el propio proceso penal se convierte en una nueva fuente de trauma. Cuando la víctima es una persona especialmente vulnerable, la necesidad de que no se le tome declaración en repetidas ocasiones —para evitar que vuelva a revivir el suceso traumático— unida a la importancia de conservar la información sin que esta se distorsione, llevan a utilizar la denominada prueba preconstituida. La Cámara Gesell es, precisamente, el escenario en que esa prueba cobra forma.
De 221 a 425: el crecimiento no para
Los datos hablan por sí solos. En 2021 se practicaron un total de 221 cámaras Gesell en Valencia. En 2025, esa cifra asciende a 425, prácticamente el doble en apenas cuatro años. El incremento no es casual: tiene nombre y apellido legislativo. La prueba preconstituida encuentra su base legal en el artículo 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido mediante la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Esta normativa establece con carácter general la obligatoriedad de la prueba preconstituida cuando una persona menor de 14 años o con discapacidad necesitada de especial protección deba declarar como testigo en un procedimiento penal. Desde su entrada en vigor, el número de solicitudes no ha dejado de crecer.
La Unidad de Psicología Penal del IMLCF de Valencia, integrada actualmente por siete psicólogas forenses, atiende las solicitudes remitidas desde los 18 partidos judiciales de la provincia. Una plantilla pequeña para una responsabilidad enorme.
Quiénes son las víctimas: casi todas son niñas y niños
El perfil de las personas atendidas en 2025 dibuja una realidad que incomoda. El 97% de los evaluados eran niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años. Cuatro años. Esa es la edad mínima registrada. El 68% de todas las víctimas atendidas fueron mujeres, un dato que encaja con la naturaleza de los delitos investigados: en su mayoría, violencia sexual y malos tratos.
En cuanto a los delitos de naturaleza sexual analizados, el 52,5% se produjeron en el ámbito intrafamiliar y el 40,3% en el entorno extrafamiliar, mientras que únicamente el 7,2% correspondieron a agresores desconocidos. Un dato que desmonta el mito del agresor que acecha desde fuera: en la mayoría de los casos, el peligro estaba en casa, o muy cerca de ella.
Una prueba que vale para el juicio y protege a la víctima
Se trata de una prueba que se realiza poco después de que los hechos hayan sucedido, durante las primeras fases de la investigación, se graba y se reproduce después en el juicio sin que la víctima tenga que estar presente. Esto tiene una consecuencia directa: el menor no tiene que repetir su testimonio una y otra vez ante distintos operadores judiciales, lo que históricamente ha supuesto una fuente de retraumatización. La posibilidad de introducir como prueba preconstituida las declaraciones de los testigos y víctimas menores o con discapacidad ha permitido resolver el problema de la victimización secundaria, respetando al mismo tiempo los principios de defensa y contradicción del acusado en el procedimiento penal.
Durante la entrevista en la Cámara Gesell, la psicóloga forense actúa como auxilio técnico de la autoridad judicial y fiscal, empleando técnicas especializadas de entrevista adaptadas al contexto jurídico. Su papel no es el de abogada ni el de jueza: es el de intérprete entre dos mundos que difícilmente se entienden, el de la infancia herida y el del derecho penal.
Un modelo que reduce tiempos y mejora la justicia
Más allá de la protección emocional, la experiencia acumulada en Valencia desde 2015 ha demostrado que este sistema también mejora la eficiencia del sistema judicial. La práctica continuada ha permitido reducir los tiempos judiciales y minimizar la exposición de las víctimas al proceso penal, favoreciendo una protección más efectiva de sus derechos fundamentales. La Cámara Gesell representa uno de los mayores avances en la humanización del sistema judicial: no solo protege a las víctimas de una posible revictimización, sino que también mejora la calidad de la prueba testimonial, beneficiando así a todas las partes del proceso.
El reto ahora es sostener ese crecimiento. Con 425 pruebas en 2025 y una tendencia al alza que no muestra señales de frenarse, la pregunta no es si este modelo funciona —los datos indican que sí—, sino si los recursos humanos y materiales crecerán al mismo ritmo que la demanda. Porque detrás de cada Cámara Gesell hay una niña de cuatro años, o un adolescente de diecisiete, que merece que el sistema esté a la altura.