Dos años después de que la DANA del 29 de octubre de 2024 dejara una de las mayores catástrofes naturales registradas en España en décadas, la Comunitat Valenciana no solo sigue reconstruyendo infraestructuras y vidas: también trabaja para que, cuando llegue la próxima emergencia —porque llegará—, ninguna administración vuelva a quedarse sin herramientas legales para actuar. Ese es el mensaje que el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha lanzado al Gobierno central: España necesita un marco normativo específico para catástrofes, y lo necesita antes de que ocurra la siguiente.
Una legislación que no estaba preparada para lo que vino
Mérida realizó estas declaraciones durante la jornada 'Dos años después de la DANA: Cómo pueden las empresas estar mejor preparadas ante las inundaciones y otros efectos del cambio climático', organizada en la sede de la CEV (Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana). En su conferencia, titulada 'De la emergencia a la recuperación. Una mirada de futuro para la Comunitat Valenciana', el comisionado fue directo: la legislación vigente no estaba diseñada para responder con la rapidez que exige una catástrofe de gran escala.
La experiencia acumulada tras la DANA —con cientos de reuniones con ayuntamientos, sectores económicos, organizaciones sociales y entidades representativas— ha llevado a la Generalitat a una conclusión que, a estas alturas, resulta difícil de rebatir: el actual ordenamiento jurídico no ofrece a las administraciones los instrumentos necesarios para actuar con eficacia cuando el tiempo corre en contra.
"Estamos trabajando en una propuesta de reforma normativa de carácter integral que será trasladada al Gobierno central, orientada a dotar a las administraciones de instrumentos más ágiles, eficaces y coordinados para responder con rapidez a las emergencias" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Qué cambios concretos pide Valencia al Estado
La propuesta que la Generalitat prepara para trasladar al Ejecutivo central no es una declaración de intenciones genérica. Contempla modificaciones legislativas concretas que afectarían al funcionamiento de todas las administraciones públicas en situaciones de crisis, con independencia de si se trata de una riada, un incendio forestal o un terremoto. Entre las medidas planteadas figuran:
- Flexibilizar y ampliar el objeto de la contratación de emergencia, agilizando los procedimientos de compra pública cuando cada hora cuenta.
- Mejorar los mecanismos de activación del sistema de protección civil para reducir los tiempos de respuesta.
- Establecer la convocatoria obligatoria de una comisión mixta que coordine a las distintas administraciones implicadas.
- Suspender los plazos administrativos para las personas afectadas por una emergencia, evitando que los trámites burocráticos agraven su situación.
No es un debate nuevo. Tras la DANA, el Consell ya aprobó el Decreto-ley 20/2024 de medidas urbanísticas urgentes y se puso sobre la mesa la revisión de normativas como el Código Técnico de la Edificación para incluir requisitos para edificaciones en zonas inundables. Pero Mérida apunta ahora a algo más estructural: una reforma que no sea reactiva, sino preventiva, y que sirva para cualquier emergencia futura en cualquier punto del territorio nacional.
El Plan Endavant y la apuesta por la resiliencia climática
La reclamación normativa se enmarca en una estrategia más amplia que el Consell está impulsando para fortalecer la resiliencia de la Comunitat Valenciana frente a fenómenos meteorológicos extremos. Una estrategia que, según explicó Mérida, se articula en cinco ejes: el Plan Endavant, el Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática, una estrategia verde de prevención, la atención a víctimas y los cambios reclamados en la legislación nacional.
El componente climático no es un añadido retórico. Desde la DANA de octubre de 2024, las medidas adoptadas se han enfocado en la reconstrucción con criterios de resiliencia y atención a urgencias, aunque las soluciones estructurales de gran calado, que requieren plazos de ejecución más largos, siguen mayormente pendientes. Es precisamente en ese horizonte de largo plazo donde cobra sentido la apuesta por infraestructuras basadas en la naturaleza: actuaciones orientadas a aumentar la capacidad de absorción y regulación del agua y a reducir el riesgo de inundaciones en un territorio especialmente expuesto.
"Apostamos por una mejor planificación, por infraestructuras más resilientes, por el uso inteligente de los datos para prevenir la acción del clima, por un marco normativo adaptado a situaciones de emergencia complejas y, sobre todo, por situar a las víctimas en el centro de la acción pública" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Víctimas en el centro, burocracia en el margen
Hay una frase en el discurso de Mérida que merece ser subrayada: "situar a las víctimas en el centro de la acción pública". Suena a principio evidente, pero la experiencia de la DANA demostró que los engranajes administrativos pueden convertirse en un obstáculo para quienes más necesitan ayuda. Formularios, plazos, competencias solapadas, contratos que no podían firmarse con la urgencia necesaria. La burocracia no es mala voluntad; es, muchas veces, el resultado de leyes pensadas para tiempos de normalidad.
Por eso la propuesta valenciana no busca solo reconstruir lo que destruyó el agua, sino rediseñar las reglas del juego para que la próxima vez el Estado llegue antes, actúe mejor y deje menos gente a la intemperie legal. Una reforma que, si prospera, no afectaría únicamente a Valencia, sino a cualquier comunidad que un día se enfrente a lo que el Mediterráneo, los montes o la tierra son capaces de hacer.