Un edificio con más de una década de obras intermitentes, excavaciones arqueológicas y empresas que quebraron o abandonaron el proyecto. Esa es la historia detrás de las siete viviendas de protección pública (VPP) que la Generalitat Valenciana acaba de poner en alquiler en la plaza del Árbol de València, en pleno centro histórico de la ciudad. El precio: entre 424 y 480 euros al mes. Una cifra que, en el mercado libre actual de la capital valenciana, apenas alcanzaría para alquilar una habitación.
Jóvenes, familias numerosas y mayores: los tres perfiles que pueden optar
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha firmado una resolución de carácter excepcional para adjudicar estas viviendas directamente a tres colectivos con dificultades específicas de acceso al mercado residencial. No es una convocatoria abierta al uso: se trata de una medida singular al amparo del artículo 35 del Decreto 106/2021 del Consell, que regula el Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana.
La distribución es la siguiente: cuatro de las siete viviendas se reservan para unidades de convivencia formadas exclusivamente por personas menores de 35 años, dos se destinan a familias numerosas —un perfil que encuentra especiales dificultades para encontrar inmuebles acordes a su tamaño— y la séptima irá a parar a una persona o unidad de convivencia mayor de 60 años. Tres colectivos distintos, un denominador común: ingresos insuficientes para competir en el mercado libre, pero suficientes para asumir una renta asequible.
Para poder optar a uno de estos pisos, los interesados deben estar inscritos en el Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana y acreditar que el esfuerzo económico que supone el alquiler —sumados los gastos de comunidad— no supera el 30% de sus ingresos netos. Un umbral que los expertos en vivienda consideran el límite razonable para que el pago del alquiler no comprometa el resto del presupuesto familiar.
Un edificio con historia: del abandono al parque público
El inmueble de la plaza del Árbol no es una construcción nueva. Su historia es un compendio de los problemas crónicos que han lastrado la política de vivienda pública en España durante décadas. En 1999, el entonces Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) —predecesor de la actual Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)— adquirió varios de sus inmuebles para rehabilitarlos. Las obras no arrancaron hasta agosto de 2010.
El proyecto era ambicioso: vaciar completamente el interior del edificio, consolidar sus fachadas —se trata de un inmueble protegido con graves deficiencias constructivas— y construir ocho pisos en su interior. Sin embargo, en septiembre de 2011, apenas un año después del inicio, las obras se detuvieron. Lo que siguió fue una sucesión de paradas y reinicios motivados por problemas con las empresas adjudicatarias, a los que se sumó la obligación de realizar una excavación arqueológica, requisito ineludible para cualquier intervención de este tipo en el casco histórico de Valencia.
Ahora, con una inversión total de 1,9 millones de euros, las obras han concluido. El resultado es un edificio con dos locales en planta baja, cuatro plantas con dos viviendas cada una —de entre 74 y 83 metros cuadrados— y una quinta planta destinada a trasteros vinculados a las viviendas. Camarero realizó una visita técnica al inmueble acompañada por la directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, y técnicos de la entidad.
Una pieza más del Plan VIVE
Este edificio se incorpora ahora al parque público de vivienda de la Generalitat dentro del marco del Plan VIVE Comunitat Valenciana, el programa estrella del actual Consell en materia de vivienda. El plan prevé construir 10.000 viviendas protegidas de alquiler y venta hasta 2027, que beneficiarán a 24.600 personas. El plan suma ya más de 4.800 viviendas protegidas en distintas fases de ejecución, cifra que asciende a 6.000 si se incluyen las promociones privadas.
La Generalitat ha puesto en marcha una serie de medidas destinadas a ampliar la oferta de vivienda, con el objetivo de "combatir los elevados precios, tanto de compra como de alquiler". En ese contexto, el caso de la plaza del Árbol representa algo más que siete contratos de alquiler: es la recuperación de un edificio que llevaba más de una década atrapado entre expedientes, paradas de obra y presupuestos desbordados, y que ahora pasa a ser una respuesta concreta —modesta en número, pero simbólicamente relevante— para quienes buscan un hogar asequible en el centro de una de las ciudades con mayor presión inmobiliaria del país.