España ha dado luz verde a una de las regularizaciones extraordinarias más amplias de los últimos años. El Consejo de Ministros ha aprobado el procedimiento que permitirá a alrededor de medio millón de migrantes en situación irregular acceder a un permiso de residencia y trabajo, con el objetivo de sacar de la economía sumergida a miles de personas que ya viven y trabajan en el país. El proceso arrancará mañana 16 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, un plazo de apenas dos meses y medio en el que se concentrará toda la tramitación.
La medida llega tras meses de ajustes técnicos y jurídicos y se enmarca en la modificación del reglamento de extranjería. El Gobierno calcula que cerca del 60% de los migrantes en situación irregular podrían acogerse, lo que supone unas 500.000 personas en todo el país. En la Comunitat Valenciana, donde la población extranjera tiene un peso relevante en sectores como la hostelería, la agricultura o el turismo, el impacto podría alcanzar a unas 70.000 personas.
Las solicitudes pueden presentarse tanto de forma telemática como presencial, aunque en este último caso es necesario pedir cita previa. La atención en oficinas comenzará el 20 de abril. El plazo máximo de resolución será de tres meses, pero el Gobierno ha establecido un sistema acelerado: si la solicitud es admitida a trámite - algo que debería resolverse en un máximo de 15 días - la persona ya podrá comenzar a trabajar legalmente desde ese momento. Este punto supone un cambio importante, ya que permite acceder al mercado laboral sin esperar a la resolución final del expediente.
Cómo realizar la solicitud y qué requisitos se piden
La norma está dirigida a dos grandes grupos de personas. Por un lado, quienes hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, independientemente de si su solicitud ha sido aceptada o denegada. Por otro, los migrantes económicos que puedan acreditar que estaban en España desde el 31 de julio de 2025 y que han permanecido en el país de forma continuada durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de ese mismo año. Además, será imprescindible no contar con antecedentes penales.
La autorización que se concederá será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. Tendrá una duración inicial de un año y, una vez finalizada, permitirá a los beneficiarios incorporarse a las vías ordinarias del sistema de extranjería, facilitando así su integración a largo plazo.
El procedimiento también contempla una protección específica para menores, que podrán obtener una autorización de residencia de cinco años. Además, las familias podrán presentar las solicitudes de forma conjunta, lo que permitirá regularizar de manera simultánea a los hijos menores que se encuentren en España.
Más allá del ámbito administrativo, el impacto será inmediato en la vida cotidiana: acceso a contratos legales, posibilidad de alquilar una vivienda, cotización a la Seguridad Social o incorporación a empleos con derechos. En definitiva, dejar atrás la irregularidad y entrar de lleno en el sistema legal.
El proceso cuenta con dos vías principales. La solicitud puede realizarse online a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o de forma presencial con cita previa. Para facilitar la gestión, Correos colabora activamente en la tramitación, con 371 oficinas habilitadas en toda España y cerca de 1.000 trabajadores formados específicamente para asistir en el proceso. Las citas ya pueden solicitarse a través de la web oficial o del teléfono 060. La información sobre requisitos, documentación y estado del procedimiento también estará disponible en estos canales.