Fue el 29 de diciembre de 2025 cuando una granja de pollos en Llutxent, en la comarca valenciana de la Vall d'Albaida, rompió tres años de silencio epidemiológico. La reaparición del virus de Newcastle en esa explotación de 15.000 pollos de engorde quebró el estatus de país libre que España había mantenido durante tres años. Lo que vino después fue una cascada de contagios que hoy obliga a la Generalitat a reescribir las reglas del juego sanitario en el sector avícola.
Un virus que se creía bajo control
La enfermedad de Newcastle no es nueva, pero sí era, hasta hace poco, una amenaza gestionada. Durante años fue una patología muy controlada en España, pero los brotes detectados desde finales de 2025 y durante 2026 en la Comunitat Valenciana, Castilla y León o Castilla-La Mancha han reactivado las alarmas. El problema ha escalado con una velocidad inquietante: entre 2022 y 2026, España acumula 43 focos —tres en 2022, cuatro en 2025 y 36 en 2026—, según los datos del Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de septiembre.
Tras los diez focos detectados a finales de 2025 y comienzos de 2026 en la Comunitat Valenciana, el virus volvió a ganar presencia en España a partir de junio, especialmente en Castilla y León, donde se han contabilizado 30 brotes entre junio y septiembre, principalmente en las provincias de Valladolid y Segovia. El balance es demoledor: la patología vírica altamente contagiosa ha obligado al sacrificio de más de un millón de aves, con cerca de 300.000 aves sacrificadas solo en la provincia de Valencia.
La respuesta de la Generalitat: más vacunas, más control
Ante este escenario, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha actualizado el programa sanitario avícola de la Comunitat Valenciana. La modificación del Plan anual zoosanitario para 2026, aprobada por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, establece nuevas pautas de vacunación obligatorias en las tres provincias —Alicante, Castellón y Valencia— con independencia de que las explotaciones estén o no dentro de zonas de restricción. Dicho de otro modo: la alerta ya no distingue entre dentro y fuera del radio de los focos.
Las exigencias varían según el tipo de ave, pero todas apuntan en la misma dirección: más dosis, más frecuencia, más supervisión. Para los pollos de engorde de crecimiento rápido, la nueva pauta fija un mínimo de tres aplicaciones de vacuna viva mediante espray o pulverización, además de una vacunación inicial con vacuna recombinante o vectorizada. Los pollos de crecimiento lento elevan ese umbral a entre tres y cinco aplicaciones de vacuna viva, también con la dosis inicial.
El calendario se complica para otras categorías. En gallinas ponedoras y manadas reproductoras en período de puesta, se impone una revacunación con vacuna viva con un intervalo máximo de seis semanas; para las destinadas a puesta o reproducción durante la recría, al menos dos aplicaciones de vacuna inactivada y tres de vacuna viva. Los pavos de engorde son los que soportan el protocolo más exigente: un mínimo de cinco aplicaciones de vacuna viva.
El veterinario, pieza clave del sistema
Toda esta maquinaria vacunal descansa sobre los hombros del personal veterinario de cada explotación. Son ellos quienes asumen la responsabilidad de la aplicación de las pautas, conforme a las condiciones autorizadas de uso de los medicamentos. Además, las explotaciones comerciales de puesta deberán realizar controles serológicos para verificar la respuesta inmunitaria de las aves de reposición, y los servicios veterinarios oficiales comprobarán el cumplimiento de los programas sanitarios.
Para las manadas que ya se encuentran en las explotaciones en el momento de entrada en vigor de la medida, la resolución prevé un calendario de adaptación. El veterinario responsable de cada granja dispondrá de un plazo máximo de diez días naturales para fijarlo, teniendo en cuenta las vacunas ya administradas, la edad de las aves y el tiempo restante hasta el fin del ciclo productivo. Un margen estrecho que exige agilidad y coordinación.
Vacunar sí, pero no bajar la guardia
Hay un matiz importante que las autoridades quieren dejar claro: la vacuna es un escudo, no una muralla. La detección de una bajada cercana al 7% en la puesta de huevos en un lote vacunado con tres dosis frente a Newcastle confirma que la vacunación reduce la gravedad clínica y la excreción viral, pero no garantiza una protección absoluta frente a cepas velogénicas. Por eso, la vacunación complementa las medidas de bioseguridad, vigilancia y notificación de sospechas, pero no las sustituye.
Se mantiene la obligación de comunicar inmediatamente cualquier indicio compatible con la enfermedad y de cumplir las medidas oficiales ante una sospecha o confirmación: restricciones de movimiento, sacrificio de animales afectados y actuaciones de limpieza y desinfección. El protocolo, en definitiva, no admite atajos.
La Comunitat Valenciana no está sola en esta respuesta. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón también han obligado ya a la vacunación en sus territorios. La coordinación entre comunidades se revela cada vez más necesaria frente a un virus que, como ha demostrado en los últimos meses, no entiende de fronteras administrativas ni de calendarios productivos. El sector avícola valenciano, uno de los pilares de la ganadería regional, afronta así una nueva etapa marcada por la vigilancia permanente y la prevención como única respuesta eficaz ante una amenaza que, esta vez, ha vuelto para quedarse más de lo previsto.