Treinta años son muchos años. La Ley 2/1992 de saneamiento de aguas residuales de la Comunitat Valenciana nació en un mundo sin smartphones, sin crisis climática en los titulares y sin sequías que amenazaran cosechas enteras. Hoy ese marco legal ha quedado desbordado por la realidad. Por eso el Consell ha aprobado un decreto ley que modifica aquella norma histórica para incorporar algo que en los años noventa era casi ciencia ficción hídrica: la reutilización sistemática del agua regenerada como recurso integrado en el ciclo urbano del agua.
Una reforma que llega cuando el agua escasea más que nunca
El contexto no puede ser más urgente. El agua regenerada es uno de los recursos estratégicos con mayor potencial para afrontar la escasez hídrica y aumentar la resiliencia de los territorios. Y la Comunitat Valenciana ya lleva años demostrándolo sobre el terreno: durante 2025 se alcanzaron 127,82 hectómetros cúbicos de reutilización directa, con 95 depuradoras productoras de agua regenerada, y el 99,13% del volumen reutilizado se destinó a la agricultura. El problema es que ese enorme esfuerzo se ha sostenido sobre una arquitectura legal que no estaba diseñada para ello. El decreto ley aprobado ahora viene precisamente a resolver esa contradicción.
La irregularidad creciente de las precipitaciones, la presión del cambio climático y la actualización de la normativa tanto estatal como europea han forzado la mano del legislador valenciano. La reforma amplía el ámbito de la ley para incluir la producción y el suministro de agua regenerada, junto al ya regulado abastecimiento y tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de mejorar la coordinación entre administraciones y la eficiencia en la gestión integral del ciclo del agua, sin alterar las competencias municipales ni estatales.
La EPSAR, con más herramientas y más responsabilidades
Uno de los cambios más relevantes del decreto afecta directamente a la Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, conocida como EPSAR. Los datos presentados por esta entidad permiten dimensionar el peso actual de la reutilización en la región, y a partir de ahora también ampliarán su campo de acción. Con la nueva norma, la EPSAR podrá gestionar y explotar instalaciones de abastecimiento, depuración y producción y suministro de agua regenerada, tanto de titularidad autonómica como local o estatal, a través de los correspondientes instrumentos de colaboración.
No es un cambio menor. Hasta ahora, esa gestión integrada encontraba límites legales que impedían actuar con la agilidad que demandan situaciones de emergencia hídrica. La reforma incorpora, además, estas actuaciones a la planificación de las infraestructuras hidráulicas de la Generalitat, lo que significa que el agua regenerada deja de ser un recurso marginal para convertirse en un elemento central de la política hídrica valenciana.
El canon de saneamiento también podrá financiar la reutilización
¿Quién paga todo esto? La reforma también responde a esa pregunta. Se adapta el régimen económico de la ley para permitir que el canon de saneamiento —la tasa que pagan ciudadanos y empresas por el tratamiento de sus aguas residuales— pueda financiar las infraestructuras necesarias para la regeneración, distribución y reutilización de aguas depuradas. Eso sí, siempre de forma coordinada con la planificación hidrológica, para evitar solapamientos o inversiones ineficientes.
Entre las aplicaciones que se plantean figuran el riego de zonas verdes, determinados procesos industriales y actuaciones vinculadas a la recuperación ambiental de los recursos hídricos. En algunos casos, como Elche o Jumilla, ya se reutiliza el 100% del agua producida por la depuradora , lo que da una idea del potencial que esta reforma pretende extender al conjunto del territorio.
Sin discontinuidades: los sistemas actuales seguirán funcionando
Para evitar un vacío legal que perjudique a los sistemas de reutilización ya operativos, el decreto ley incluye una disposición de continuidad. Los sistemas de reutilización que ya estén en funcionamiento podrán continuar su actividad conforme a las autorizaciones vigentes, sin perjuicio de su posterior adaptación a las nuevas previsiones normativas en los plazos que se establezcan. Del mismo modo, los convenios de colaboración en vigor mantendrán su eficacia hasta el final del plazo previsto.
Es una señal de prudencia legislativa: la norma no quiere romper lo que ya funciona, sino darle un marco más sólido y ambicioso. Junto al uso ya ampliamente extendido en agricultura, comienzan a explorarse otras aplicaciones de mayor exigencia, como la reutilización potable indirecta. En ese horizonte, la Comunitat Valenciana acaba de dar un paso importante: el de convertir en ley lo que durante años ha sido una necesidad sin respaldo normativo suficiente. Depurar ya no basta; ahora también hay que reutilizar, y la ley, por fin, lo dice con claridad.