Con el objetivo de reducir la edad de emancipación en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada que entre los planes del gobierno se encontraba un bono joven de ayudas para el alquiler. Y tal como anunció ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, este bono entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2022 y podrán percibirlo cada uno de los jóvenes que comparta una misma vivienda, siempre que cumpla los requisitos de tener entre 18 y 35 años y cobrar un salario inferior a 23.725 euros anuales.
Según datos del Consejo de la Juventud de España, a finales del año 2020, en plena crisis, tan solo un 15,8% de los jóvenes de entre 16 y 29 años estaban emancipados. Esta es la peor cifra desde el año 1999. Y es que la pandemia ha hecho que la tasa de emancipación baje tres puntos en tan solo un año, lo cual ha agravado el problema del acceso de los jóvenes a la vivienda en España (el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE con un 38,8 % de paro entre los menores de 25).
No obstante, desde el Gobierno español se pretende revertir esta situación. Según destacaba Pedro Sánchez, "debemos adelantar de emancipación hasta alcanzar al menos la media europea", que está en 26 años, "y, desgraciadamente nuestro país todavía está demasiado lejos". Así, aseguraba que con el bono joven "vamos a destinar una política pública a reducir la edad de emancipación tan insoportablemente alta en nuestro país”.
En la jornada de ayer, la ministra Raquel Sánchez apuntaba que, según las previsiones, el bono joven "entre en vigor y en funcionamiento el 1 de enero", para entonces estará "toda la letra pequeña aclarada", y ha confirmado que estas ayudas, de 250 euros mensuales, se concederán a cada joven y no a cada vivienda. Cada uno de los inquilinos podrá solicitar esta ayuda siempre y cuando cumpla los requisitos.
Fuentes del ministerio han explicado que, lo más probable es que sea un real decreto el que habilite en las próximas semanas el bono joven, consignado en los presupuestos con 200 millones de euros.
Por otro lado, el Consejo de la Juventud de España, se ha mostrado algo reacio a esta iniciativa porque cree que la solución a este problema no pasa por medidas como el bono de vivienda anunciado por el Gobierno: "Es un parche y lo que necesitamos son políticas estructurales".
En declaraciones a EFE, Adrià Junyent, vicepresidente socieconómico y de comunicación del CJE, explicaba que “entendemos que es necesario priorizar otro tipo de políticas como la creación del parque público de vivienda". Además, añadía que este bono joven podría provocar un “efecto perverso” al permitir la posibilidad de que los propietarios puedan subir aún más los precios.
La precariedad laboral y los precios del alquiler son dos de las preocupaciones más recurrentes de los jóvenes en la actualidad laboral. Así, Junyent aboga por poner el foco en el empleo joven con "leyes concretas" que combatan "el uso exagerado del contrato de obra y servicio" y traten de revertir "las consecuencias de la reforma laboral del PP".
Presupuestos en vivienda
Raquel Sánchez ha destacado que los 3.290 millones de euros previstos en los presupuestos para vivienda, casi un 50 % más que el presupuesto en vigor, suponen "la mayor partida de la historia" y un "cambio de orden de magnitud que multiplica por siete el presupuesto heredado en 2018".
De ellos, 1.389 millones se destinan a un programa de recuperación social y económica en entornos residenciales, que incluye la rehabilitación a gran escala.
Otros 663 millones son para el plan de vivienda en alquiler asequible; 600 millones para rehabilitación sostenible y digitalización de edificios de la administración pública (comunidades y entidades locales); 432 millones para el plan estatal de vivienda (2022-2025); 200 millones para el bono joven y 25 millones para rehabilitación arquitectónica.
El plan de vivienda en alquiler supondrá activar un parque de más de 100.000 pisos sociales en esta década, según fuentes del ministerio, de las cuales la mitad serán de promoción pública -20.000 se pondrán en marcha en 2022 con los fondos europeos-, 15.000 serán puestas a disposición por la Sareb, otras 11.000 procederán de entidades bancarias (fondo social bancario) y 30.000 podrían ser cedidas por grandes fondos en el marco del acuerdo que negocia desde hace meses el Ejecutivo.
El presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana supera los 19.000 millones de euros, de los que 16.286 irán directos a inversión, un 17 % por encima del presupuesto vigente, y permitirán generar 350.000 empleos.
Del presupuesto total, 6.500 millones serán inversiones financiadas por los fondos europeos de recuperación, lo que permitirá acelerar el desarrollo de los tres ejes capitales en las políticas del ministerio: vivienda (2.500 millones), movilidad (2.273 millones) y descarbonización de las ciudades (1.740 millones).
Sánchez también ha subrayado que más de 3.600 millones de su presupuesto serán transferidos a comunidades y ayuntamientos.