La nueva Ley de Vivienda limitará el precio del alquiler a los grandes tenedores y penalizará las viviendas vacías

València ya estudia aplicar la nueva Ley de Vivienda antes de que acabe el año

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Una calle del barrio del Carmen de València
Una calle del barrio del Carmen de València

El PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para poner en marcha la nueva Ley de Vivienda que, entre otras medidas, regulará el precio de alquiler de los grandes tenedores, imponiendo, además, un recargo para los pisos vacíos. Tal y como ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, “el Gobierno estima que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con esta nueva ley, ya que son los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas”.

La ministra ha explicado que la limitación de precios del alquiler, siempre que lo activen las comunidades autónomas, está pensando para grandes tenedores, es decir, más de 10 viviendas en propiedad. En este sentido, la nueva ley, que será aprobada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas, obligará a los grandes tenedores a bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. Para definir estas zonas, las comunidades autónomas serán las encargadas de solicitar esta declaración.

No obstante, el Gobierno ha dejado claro que la nueva norma no afectará a los pequeños propietarios, aunque contarán con importantes incentivos, en caso de que decidan bajar los precios, como ventajas en el IRPF, “que ayudará a contener la subida del alquiler”. “No cambiaremos las cosas de un día para otro, eso está claro, pero sentamos las bases para que la situación de la vivienda cambie y no sea imposible acceder a ella, sobre todo por parte de los más vulnerables", ha subrayado la ministra.

Asimismo, para las viviendas vacías de los grandes tenedores, se ha propuesto un recargo del IBI de hasta el 150%. En este caso, serán los ayuntamientos quienes se encargarán de su aplicación. 

Por último, el Gobierno ha apostado por ampliar el parque público. Así, tras su aprobación, todas las promociones deberán reservar un 30% de las viviendas para vivienda protegida, destinando la mitad de ellas al alquiler social.

Edificios de una calle de València
Una calle de la ciudad de València

Sin duda, una nueva ley que no está exenta de polémica. Y es que mientras el líder del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que la llevarán al Tribunal Constitucional, y que no la aplicarán en las comunidades autónomas en las que gobiernan; el sector inmobiliario también ha tildado la nueva ley como “nociva e intervencionista”.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado satisfecho, y ha anunciado que se pondrá en contacto con el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, para estudiar si se puede aplicar este mismo año. 

Una visión que también han compartido los socialistas valencianos. El concejal de Hacienda y portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha valorado la nueva Ley de Vivienda como una de las normas más importantes para “garantizar la emancipación, que es el principio de los derechos, sobre todo para las personas jóvenes que no pueden hacerlo”.

Sanjuán, además, ha subrayado que este cambio normativo coincide plenamente con las políticas desarrolladas desde 2015 por parte del Ayuntamiento de València. “Ya teníamos los deberes hechos, y la Generalitat ya ha avanzado mucho para poder aplicar un recargo a la vivienda vacía. Por eso, en València, si los plazos se cumplen y tenemos ese registro de viviendas vacías de la Generalitat de grandes tenedores antes de final de año, en el 2022 habrá ya un recargo con el objetivo no de cobrar más impuestos, sino de que haya menos vivienda vacía en la ciudad y, por tanto, que bajen los precios del alquiler y muchas personas puedan acceder a tener una casa”.

En este punto, Sanjuán ha señalado que “para los socialistas, la prioridad es el acceso a la vivienda de la ciudadanía de València y no los privilegios de las grandes corporaciones como defiende el PP, por lo que se están estableciendo medidas concretas para garantizar este derecho fundamental y penalizar a través del IBI a los grandes tenedores de viviendas que tengan inmuebles vacíos en cualquier barrio de la ciudad”.