La Conselleria de Justicia presentará la próxima semana una serie de medidas para modificar la normativa autonómica contra la prostitución. Entre ellas, se revisará la Ley de Espectáculos Públicos con el objetivo de dirigir actuaciones de prohibición de consumo de sexo, no solamente en los espacios públicos, sino también dentro de los establecimientos públicos.
En este sentido, desde la Generalitat se trabaja en fórmulas para poder centrar el foco “no solamente en el espacio público, sino también en la actividad que se desarrolla dentro de los establecimientos públicos donde se aprovechan de la vulnerabilidad, de la pobreza y de la situación terrible en la que viven la mayoría de las mujeres, muchas de ellas víctimas de trata. Debemos sancionar este consumo y cualquier tipo de aprovechamiento”. Así lo afirmó ayer la consellera Gabriela Bravo en su visita a la nueva Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Mislata.
Concretamente, según Bravo “no podemos consentir que en los establecimientos con licencia de actividad de hostal o de cafeterías se esté mercadeando y abusando de mujeres, convirtiéndolas en un simple objeto de mercancía”.
Ley Integral para la abolición de la prostitución
Asimismo, también está previsto que en los próximos días se presenten las medidas elaboradas por el foro de expertos para la abolición de la prostitución para instar al Gobierno estatal a aprobar una Ley Integral para la abolición de la prostitución. “Un texto que tiene que pasar, necesariamente, por tipificar en el código penal el consumo de sexo pagado y penar a puteros y prostituidores, así como castigar todo tipo de proxenetismo”, avisaba la titular de Justicia.
“No podemos permitir que terceros se aprovechen de esta forma de violencia sexual”, recordaba la consellera, al tiempo que insistía que “esta Ley Integral debe contemplar medidas de atención social necesarias para apoyar a todas estas víctimas para que aborden un nuevo proyecto de vida”.
Modelo de ordenanza abolicionista
Por otro lado, Bravo avanzó que se va a presentar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) un modelo de ordenanza municipal abolicionista con el objetivo de implantar el modelo de Albal en el resto de municipios de la Comunitat Valenciana.
Y es que la Policía Local de esta localidad de l’Horta Sud abría esta semana el primer expediente sancionador a un putero, al que le ha impuesto una multa de 800 euros, que había denunciado que una mujer prostituida le cobró sin completar el servicio.
“Este policía local cumplió con su obligación en una ordenanza municipal abolicionista que considera la prostitución como una forma de violencia sexual y que pone el foco, no en ellas, que son víctimas, sino en los puteros y en el consumo”, aseveró al respecto la consellera.
Uno de cada cinco valencianos reconoce haber pagado por sexo
En la Comunitat Valenciana, uno de cada cinco hombres mayores de edad (el 19,5%) reconoce haber pagado por sexo alguna vez en su vida, mientras que el 39% de la sociedad valenciana acepta la prostitución, aunque el 70% cree que las mujeres no la ejercerían si pudieran elegir otro modo de vida.
Estas cifras se desprenden del estudio “La radiografía de la prostitución en la Comunitat Valenciana 2021” y de la “I Encuesta de la Percepción de la Prostitución”, en els que, además, se calcula que hay entre 10.000 y 13.000 mujeres víctimas de la prostitución en el territorio valenciano que se publicitan en 52.000 anuncios, 164 clubes y 1.700 pisos.
En concreto, la radiografía muestra que el 14,5% de los varones valencianos ha tenido alguna experiencia esporádica, el 2,8% ocasional y el 1,9% recurrente. En términos globales, se estima que entre 76.000 y 115.000 personas pagaron por sexo en 2021, siendo el 95% de las víctimas mujeres y el 99,7% de los consumidores hombres.