El anteproyecto de Ley del Cambio Climático y Transición Energética tendrá como medida estrella el hecho de considerar a las ciudades de más de 50.000 habitantes zonas de bajas emisiones (ZBE). Esta denominación implica que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se prohíba circular a los vehículos de tipo A, los coches de gasolina anteriores al 2001, y progresivamente a los de tipo B y C, los coches de diésel anteriores al 2006.
Esta ley se aprobará presumiblemente a finales de este año bajo el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 25 de septiembre de 2015. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) establecerá áreas de prohibición de acceso para los vehículos más contaminantes (tipo A) y de restricciones para los menos contaminantes (tipos B y C). Por lo tanto, el impacto de esta ley afectará en mayor o en menor medida al grueso de vehículos registrados por la DGT en España y en València.
El papel de los ayuntamientos: delimitar las zonas de bajas emisiones e imponer tasas
Cada ayuntamiento será el encargado de delimitar las zonas de bajas emisiones de su término municipal así como de establecer el importe de los peajes que tendrán que abonar los vehículos B y C para circular por ellas. Los únicos vehículos que se salvan de las restricciones son los vehículos de 0 emisiones así como los modelos ECO.
El mecanismo articulado por la ley para agilizar la transición en el campo de la movilidad sostenible es la imposición de tasas de circulación municipales “por el aprovechamiento especial de las zonas de bajas emisiones”. El objetivo que se busca, según el texto jurídico, es “garantizar la adecuada calidad el aire” y “minorar las emisiones producidas por los vehículos a motor”.