El conseller de Sanidad valenciano acusa al Ministerio de usar el Consejo Interterritorial de Salud como herramienta de campaña electoral

Marciano Gómez critica que 8 de los 11 plenos del CISNS en 2026 hayan sido extraordinarios y denuncia decisiones precipitadas del Ministerio.

Guardar

Añadir ValènciaExtra.com como fuente preferida de Google de forma gratuita. Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Activar ahora

El conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana, Marciano Gómez, lanzó este jueves una dura crítica al funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) tras participar telemáticamente en su pleno. En su valoración, el conseller no dejó lugar a ambigüedades: ese foro de coordinación sanitaria entre el Estado y las comunidades autónomas ha actuado, a su juicio, con más criterios de oportunidad política que de gestión real. Una acusación que, en plena precampaña electoral y con varias reformas sanitarias bloqueadas, resuena con fuerza.

Una legislatura sanitaria que cierra sin sus grandes reformas aprobadas

Gómez fue directo al señalar que este pleno del CISNS "culmina una legislatura fallida". Las reformas legislativas más ambiciosas anunciadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, no han logrado superar el trámite parlamentario. La disolución de las Cortes Generales y la convocatoria electoral han dejado en el aire normas que prometían transformar el sistema sanitario español. No es un detalle menor: la ministra llegó al cargo en noviembre de 2023 con una agenda reformista clara, pero el reloj político ha podido más que la agenda técnica.

El dato que más llamó la atención del conseller valenciano tiene que ver con la naturaleza de las propias reuniones del consejo. De los once plenos del CISNS celebrados a lo largo de 2026, ocho han tenido carácter extraordinario. En teoría, esa figura debería reservarse para urgencias reales e imprevistas, no para convertirse en la norma habitual de funcionamiento de un órgano de planificación sanitaria.

"Este Consejo debe ser un espacio de planificación, diálogo, cooperación y construcción de consensos, no un instrumento para trasladar a las comunidades autónomas decisiones precipitadas o calendarios condicionados por las prioridades políticas del Ministerio" - Marciano Gómez, conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana

La queja de Gómez no es nueva ni exclusiva de Valencia. Otras comunidades, como Madrid, también han denunciado que la sucesión de convocatorias y desconvocatorias del Consejo Interterritorial, los cambios en el orden del día y la fijación de fechas sin margen suficiente están deteriorando las condiciones de "seriedad y respeto institucional" que exige este órgano. Varias consejerías han recordado que los plenos extraordinarios deben reservarse para aquellos asuntos que, por su urgencia, no puedan esperar.

Actas rechazadas y plenos por correo electrónico

El arranque del pleno estuvo marcado por un episodio inédito. La mayoría de las comunidades autónomas se negó a aprobar las actas de las dos reuniones anteriores, celebradas el 11 de septiembre y el 14 de octubre. El motivo: esos plenos habían sido convocados por correo electrónico, una vía que los consejeros consideran insuficiente para garantizar el quórum mínimo exigido y, por tanto, su validez legal. En la práctica, significa que lo que se aprobó en esas reuniones queda en entredicho.

El conseller valenciano fue especialmente crítico con que temas de tanto calado como la relación laboral especial de los residentes médicos o la regulación de la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo se hayan tramitado por esa vía. Precisamente, el Ministerio llegó a cancelar un Consejo Interterritorial en el que se iba a abordar el proyecto de real decreto sobre listas de espera para dedicar un pleno monográfico al aborto. Una decisión que varios consejeros autonómicos interpretaron como una subordinación de la agenda sanitaria a los tiempos electorales.

"No podemos admitir que el Ministerio nos haga partícipes de la asistencia a unos plenos de los que nunca hemos formado parte" - Marciano Gómez, conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana

Lo que sí se aprobó: nuevas unidades de referencia para el Hospital La Fe

No todo fue polémica. Gómez sí mostró su apoyo explícito a los puntos del orden del día que, a su juicio, contaban con rigor técnico y consenso suficiente. Entre ellos, la designación de dos nuevas Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, junto con la incorporación de una nueva unidad de patología compleja de columna pediátrica y del adolescente, que quedará pendiente de designación formal como CSUR.

También se aprobaron los criterios de priorización de pacientes y la creación de un registro único para la atención a quienes tienen indicación de protonterapia, una técnica de radioterapia de precisión especialmente relevante en el tratamiento de tumores complejos. Asimismo, se distribuyeron fondos procedentes de la disposición adicional sexta de la Ley del Medicamento y de los presupuestos del Estado destinados a vigilancia del cáncer, el tabaquismo y los trasplantes, entre otras líneas. En ese reparto, la Comunitat Valenciana recibirá su parte correspondiente, y Gómez ha propuesto que esos fondos tengan continuidad en futuras anualidades.

El Real Decreto de listas de espera, bloqueado

Uno de los asuntos más sensibles que quedó sin resolver fue la aprobación del Real Decreto sobre listas de espera sanitarias. España arrastra desde hace años tiempos de espera que afectan directamente a la vida de millones de pacientes, pero la norma que debería medirlos y homogeneizarlos entre comunidades no salió adelante. Gómez explicó que el texto "incorpora documentos que no presentan todavía un grado de madurez suficiente" y que falta una guía técnica previa para poder implantarlo con garantías.

Pero más allá de los tecnicismos, el conseller apuntó al fondo del problema: resulta difícil justificar la urgencia por aprobar una norma centrada en medir las demoras mientras siguen pendientes las decisiones necesarias para abordar sus causas. En otras palabras, el Ministerio estaría poniendo el foco en el termómetro antes que en la fiebre. El conflicto con los profesionales sanitarios, la merma de capacidad asistencial y la necesidad de medidas reales que acorten los tiempos de espera siguen sin respuesta concreta, y eso, para Gómez, es la verdadera asignatura pendiente de esta legislatura.