La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció ayer un décalogo de medidas con el que la Comunitat Valenciana pretende ser la región que lidere la abolición de la prostitución en España. Esto supondrá un cambio sustancial respecto a la situación actual, puesto que se pretende contribuir mediante reformas normativas que sancionen la demanda de prostitución y ofrezcan asistencia a las mujeres prostituidas, además de la formación y sensibilización de los profesionales que están en contacto con estas mujeres y de la ciudadanía en general.
Carol Lelé forma parte del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, organismo impulsor de estas diez medidas dirigidas hacia la abolición de la prostitución. Ella se define como “una superviviente resiliente del sistema prostitucional”, ya que fue víctima de captación de menores en España.
“Fui captada con 17 años y estuve en prostitución casi cuatro años. Y después de hacer una buena inmersión en feminisme pude empezar a diferenciar todas las violencias que había padecido y a identificarme como víctima del sistema prostitucional. Pude poner nombre a muchas de las situaciones de violencia que había vivido y entender un poco más algunas secuelas traumáticas que todavía gestiono”, cuenta Carol.
Por ello, esta superviviente de la prostitución asegura tener “grandes esperanzas” tras el último anuncio de Bravo y su decálogo abolicionista. “He estado participando en el foro, hemos trabajado mucho desde muchos ámbitos y la intención es palpable. Hay muchas ganas y es bastante esperanzador ver las iniciativas que están saliendo desde los poderes, desde donde en definitiva tienen las llaves para abrir recursos, reformas, promover leyes, llevarlas a cabo…”, señala.
Preguntada sobre cuál de las diez medidas le parece más importante, Carol asegura que “todas lo son”. La prevención, la sensibilización, la penalización y la aprobación de una ley abolicionista independiente de la trata, son algunas de ellas. También, resalta la importancia de ofrecer medidas habitacionales porque “no termina de ser efectivo ese programa de protección de testigos cuando se trata de mujeres migrantes”.
Necesidad de una ley integral y reformas estatales
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, asegura que "es consciente" de que "dada la complejidad del problema" no se podía "solucionarlo en solitario". Por ello, explica que el decálogo incluye "instar al Gobierno y a las Cortes Generales" a la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución "ya que es la respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género".
Para la consellera, con su aprobación, "daremos cumplimiento a lo que establece el Convenio de Estambul que fue ratificado por España y que reconoce a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género".
Por ese motivo, "la ley debe actuar en tres direcciones", según la consellera. En primer lugar," la persecución del proxenetismo en todas sus formas", lo cual conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima).
En segundo lugar, la sanción penal de la demanda y compra de sexo "porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar".
Por último, "la protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, con todo lo que ello implica", lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.
Para la consellera, la aprobación de esta ley integral, además, debe incorporar modificaciones normativas como la reforma de la ley de Extranjería para incluir una vía extraordinaria de regularización de las mujeres víctimas de prostitución; la eliminación del requisito de colaboración de la víctima en la investigación para acceder al retorno asistido o a la regularización; la creación de itinerarios de regularización de extranjeras para la obtención de permisos de residencia y trabajo y la eliminación de la sanción administrativa que se recoge en la Ley de Seguridad Ciudadana para las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución.
"Estamos ya el camino para que la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía en abrir el proceso para abolir la prostitución en España. Un proceso en el que aportamos medidas concretas, reformas legales y propuestas viables para acabar con este tipo de terrorismo machista", concluye Gabriela Bravo.