La región valenciana pretende convertirse en la encargada de liderar el proceso de la abolición de la prostitución en España. Todo, a través de un total de 10 acciones que han sido consensuadas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución en territorio español. Así, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado hoy esta iniciativa con el objetivo de hacer frente a un problema “que desde hace tiempo está ahí y que nos avergüenza como sociedad democrática”.
El 25 de febrero de 2021 se constituyó el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, con el objetivo de analizar, diagnosticar y proponer acciones tendentes a terminar con la prostitución. La propia consellera ha hecho referencia a esta cuestión y al avance que se ha logrado desde entonces, por lo que ha agradecido la colaboración de las más de treinta personas expertas procedentes del ámbito jurídico, Administraciones Públicas, sociedad civil y universidades, así como asociaciones como el Front Abolicionista.
Con todo el trabajo hecho, hoy se han presentado una selección de las propuestas en el Foro que pretenden contribuir a la abolición de la prostitución a través de reformas normativas que sancionen la demanda de prostitución y ofrezcan asistencia a las mujeres prostituidas, además de la formación y sensibilización de los profesionales que están en contacto con estas mujeres y de la ciudadanía en general.
Bravo ha remarcado que “es hora ya de acabar con tanto eufemismo para acabar con una vergüenza, la prostitución, que además es una forma de violencia extrema hacia las mujeres”. Así, ha destacado que las medidas incluyen reformas normativas en el ámbito estatal, autonómico y local ,por lo que será necesaria la coordinació entre las diferentes administraciones públicas.
Además, se elaborará un Modelo Único de Ordenanza Abolicionista "que se ofrecerá a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género y no como un problema de orden público, sancionando al putero y protegiendo a la víctima tal y como ocurrió la semana pasada en la localidad valenciana de Albal".
Inicio de la reforma de la Ley de Espectáculos
Gabriela Bravo ha anunciado que este miércoles ha firmado la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat, de forma que se pueda sancionar con multa y clausura del local aquellos establecimientos que, "camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución". Esta medida corresponde a una de las 10 acciones impulsadas por el Foro.
Para ello, en la reforma se contempla la sanción con multa y clausura del local de aquellos establecimientos que permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución.
El cierre se extenderá, incluso, en el caso de que el responsable haya cesado en la actividad y sea otro quien solicite la apertura. También se prohibirán los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual y se establece como sanción administrativa la demanda de sexo pagado tanto en locales y establecimientos públicos como en las carreteras que son competencia de la Generalitat.
Otra propuesta destacada del decálogo es la modificación de la ley autonómica contra la violencia sobre la mujer para que reconozca a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género, "lo que garantizará el acceso de estas mujeres a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista", según la consellera.
Por otra parte, en el decálogo se propone aumentar el parque público de viviendas "y que se considere a las mujeres prostituidas como un colectivo prioritario" para acceder a estos recursos habitacionales.
También se aboga por el refuerzo de los recursos formativos para ofrecer salidas socio laborales a estas mujeres mediante itinerarios específicos por su condición de víctimas de prostitución y, por último, potenciar el programa ALBA de la Generalitat para la salida de la explotación sexual y extender su acción para que sea accesible a cualquier víctima de la prostitución en la Comunitat Valenciana.
La necesidad de una ley integral y reformas estatales
Bravo ha asegurado que "es consciente" de que "dada la complejidad del problema" no se podía "solucionarlo en solitario". Por ello ha explicado que el decálogo incluye "instar al Gobierno y a las Cortes Generales" a la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución "ya que es la respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género".
Para la consellera, con su aprobación, "daremos cumplimiento a lo que establece el Convenio de Estambul que fue ratificado por España y que reconoce a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género".
Por ese motivo, "la ley debe actuar en tres direcciones", según la consellera. En primer lugar," la persecución del proxenetismo en todas sus formas", lo cual conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima).
En segundo lugar, la sanción penal de la demanda y compra de sexo "porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar".
Por último, "la protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, con todo lo que ello implica", lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.
Para la consellera, la aprobación de esta ley integral, además, debe incorporar modificaciones normativas como la reforma de la ley de Extranjería para incluir una vía extraordinaria de regularización de las mujeres víctimas de prostitución; la eliminación del requisito de colaboración de la víctima en la investigación para acceder al retorno asistido o a la regularización; la creación de itinerarios de regularización de extranjeras para la obtención de permisos de residencia y trabajo y la eliminación de la sanción administrativa que se recoge en la Ley de Seguridad Ciudadana para las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución.
"Estamos ya en el camino para que la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía en abrir el proceso para abolir la prostitución en España. Un proceso en el que aportamos medidas concretas, reformas legales y propuestas viables para acabar con este tipo de terrorismo machista", ha concluido Gabriela Bravo.