En un momento de mirar con lupa todas las propuestas de los diferentes partidos políticos por la proximidad de las Elecciones Generales y Autonómicas del 28-A, los valencianos y valencianas preocupados por la situación económica de la autonomía prestarán especial atención a cuestiones como el sistema de financiación autonómico. Un hecho que las formaciones nacionales ven de forma muy distinta y que la Plataforma pel Dret a Decidir, que participa de la Crida pel Finançament Valencià, considera esencial para el futuro, al igual que el grupo valenciano Compromís.
La voz valenciana
Antoni Infante, coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, asegura que hay tres puntos clave para que la Comunidad Valenciana tenga las mismas oportunidades que el resto de autonomías y que, por tanto, deben abordarse desde los partidos: acabar con la infrafinanciación, con la deuda y con el expolio fiscal.“La Generalitat Valenciana tiene que tener una base para cubrir todas sus necesidades que no tiene desde su propia constitución como autonomía”, considera Infante. Como consecuencia, explica, se calcula que hay cerca de 1.350 millones de euros al año de déficit que se han contrarrestado con préstamos y endeudamiento con la banca y el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), que además de pagarse con intereses pone muchos límites a la autonomía.
Plataforma pel Dret a Decidir: "Hay cerca de 1.350 millones de euros al año de déficit y 46.000 en deuda"
En segundo lugar, el coordinador de la plataforma recuerda que la situación de la deuda es especialmente grave ya que “está toda acumulada desde el inicio de la gestión autonómica” y hoy se traduce en unos 46.000 millones de euros. Así, el 25% del Presupuesto General de la Generalitat se destina a pagar esta cuestión y sus intereses y esto provoca “un trasvase de rentas del territorio hacia los poseedores de esta deuda”. “Es necesario eliminarla y que sea el Estado quien la asuma”, reivindica.
El tercer punto que pretende “abordar definitivamente el expolio fiscal” propone, para ello, que el Estado haga públicas las balanzas fiscales y que se base en criterios europeos a la hora de decidir la cantidad que pertenece a cada autonomía para inversiones. En este sentido, Infante indica que los valencianos tienen un expolio fiscal superior al 6% de lo que producen, “que son 6.400 millones de euros al año”.
Con la solución a estos problemas, continua, la Comunidad Valenciana saneada estaría, como mínimo, “en igualdad de condiciones para salir adelante por encima de la media nacional”. Por ello, además, insisten en que después sería necesario mejorar su situación con una política económica autocentrada en el País Valencià, basada en sus necesidades y prestando atención a temas como la soberanía alimentaria, hídrica y energética, así como a la reversión del modelo productivo “del precarizado” hacia uno donde tengan más peso las cooperativas, la economía del bien común y la autogestión.
Este asunto, precisamente, es el último al que han hecho referencia Joan Baldoví, Clara Ferrando e Ignasi Candela. Los candidatos de Compromís al Congreso de los Diputados han presentado esta mañana su propuesta para acabar con lo que consideran un “austericidio” porque “no se han cumplido nunca los principios constitucionales de solidaridad interterritorial e igualdad de financiación”, ha destacado Ferrando.
Así, desde el partido valenciano proponen que, sin cambiar la ley actual, las comunidades infrafinanciadas, como es el caso de la valenciana, puedan recibir lo que les corresponde a través de fondos del Fondo de Competitividad contemplado en la Ley de Financiación, ya que de sus 4.000 millones, la mitad se queda sin utilizar cada año. Baldoví ha indicado que el objetivo es conseguir un “equilibrio vertical”, que supone aportar la liquidez necesaria para que las administraciones puedan gestionar sus competencias; así como un “equilibrio horizontal” basado en el principio constitucional de la igualdad donde el Estado “otorgue más recursos o transfiera más impuestos para tener la financiación que toca”.
“En una campaña donde alguno se olvidan o dedican 3 o 4 líneas sobre un problema absolutamente capital, nosotros hacemos una propuesta razonable, posible y justa que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas y de la sociedad”, ha concluido Baldoví.
¿Cómo lo abordan los partidos políticos nacionales?
ÓSCAR DEL POZO /EUROPA PRESSA esta cuestión también se han referido los partidos en sus principales propuestas ante las elecciones. En primer lugar, el PSOE, que ha prometido dar respuesta en la próxima legislatura, plantea, en sus ‘110 Compromisos con la España que quieres’, impulsar “un Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales, modificando la ‘regla de gasto’, con el fin de adecuar la distribución actual de los recursos públicos entre los distintos niveles de la Administración y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio”. Se trata del compromiso número 21, dentro del apartado Presupuestos y Financiación Sociales.
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El Partido Popular, que asegura en su programa electoral que ampliará los recursos materiales y humanos a disposición de las Delegaciones de Gobierno para garantizar el pleno ejercicio de sus competencias, defiende que “la regla de gasto se ha demostrado como un acierto para conseguir la solidez financiera del conjunto de Administraciones” y que cumplirá “la senda del déficit”. Lo hace en su segundo bloque, ‘Una revolución fiscal para el crecimiento económico y la competitividad’, donde también se indica: “En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, impulsaremos la reforma del sistema de financiación autonómica basado en los principios de igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. A través de la Comisión Nacional de Administración Local, propondremos una reforma del sistema de financiación de los ayuntamientos”.
Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha asegurado en algunas de sus intervenciones que es necesario que se ponga en marcha la nueva ley de financiación autonómica, “porque cuando hablamos de financiación autonómica hablamos de sanidad, dependencia, educación y, en definitiva, de servicios públicos” y “todos los españoles tenemos que tener las mismas oportunidades”, ha valorado. Así, el partido de Rivera propone fijar una cartera de servicios comunes a todos los españoles y permitir que las autonomías puedan incrementar estos servicios, aunque siendo corresponsables de su financiación para que los ciudadanos “valoren su conveniencia”.
El ‘Programa de Podemos para un nuevo país’ es uno de los que más espacio dedica a esta cuestión. Así, en su punto 255 sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, propone uno nuevo diseñado a partir del diálogo con todas las comunidades autónomas para conseguir una reforma fiscal y dar solución “al problema de las deudas autonómicas producidas por la infrafinanciación”. Por ello, defienden que no se base en un “techo de gasto”, sino en un “suelo de ingresos” que permita financiar servicios públicos dignos en toda España; dar más financiación que la actual porque los recortes posteriores a 2009 “se hicieron recaer de manera desproporcionada sobre ellas”; y reducir la desigualdad territorial por esta cuestión.