La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia han decidido hablar con una sola voz. El conseller de Agricultura valenciano, Miguel Barrachina, y su homólogo murciano, Joaquín Buendía, se reunieron esta semana en la Oficina de la Generalitat Valenciana en Madrid para fijar una posición conjunta sobre uno de los asuntos más sensibles del sureste español: el futuro del trasvase Tajo-Segura. El mensaje que salió del encuentro fue directo y sin ambigüedades: cualquier cambio en las reglas de explotación del trasvase debe negociarse con todas las comunidades afectadas, los regantes y los usuarios, y no en una mesa cerrada entre el Gobierno central y un único territorio.
Un trasvase en el punto de mira
El trasvase Tajo-Segura no es solo una obra hidráulica. Es, desde su puesta en marcha en 1979, el cordón umbilical que conecta el agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, con las huertas, las ciudades y las industrias del sureste peninsular. Hoy, ese cordón está en entredicho: la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha estado votando cambios en las normas de explotación del acueducto , y las principales novedades propuestas incluyen que los trasvases en el nivel 3 pasen de 20 a 11 hectómetros cúbicos, y los del nivel 2, de 27 a 24. Una reducción significativa que, en el campo, se traduce en menos agua para regar y, en consecuencia, menos cosechas, menos empleo y más incertidumbre.
El contexto es tenso. El Tribunal Supremo ha ido cerrando la batalla judicial en torno al trasvase, allanando la implantación definitiva de los caudales ecológicos, mientras los municipios ribereños exigen aplicar "ya" la modificación de las normas. Y mientras Castilla-La Mancha presiona desde el otro extremo de la tubería, Valencia y Murcia temen quedarse fuera de la conversación que decidirá cuánta agua recibirán en los próximos años.
La queja de fondo: exclusión del diálogo
Barrachina no escondió su malestar tras la reunión. Según explicó, tanto la Generalitat Valenciana como la Región de Murcia han solicitado en reiteradas ocasiones participar en las conversaciones sobre el futuro del trasvase, sin haber obtenido respuesta por parte del Ejecutivo central. Una queja que, en boca de dos gobiernos del PP, tiene también una lectura política evidente frente al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
"El futuro del agua del sureste español no puede decidirse en una mesa cerrada entre el Gobierno de España y una sola comunidad autónoma. Cualquier cambio en las reglas de explotación debe contar con la participación de las comunidades receptoras, los regantes, los usuarios y todos los territorios afectados" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La advertencia de Barrachina fue explícita: la Comunitat Valenciana «no aceptará negociaciones bilaterales que excluyan a los territorios que dependen directamente del trasvase Tajo-Segura». Una línea roja dibujada con claridad, en un momento en que la ministra de Transición Ecológica ha comprometido la publicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para el mes de septiembre. El reloj corre, y Valencia y Murcia sienten que el partido se está jugando sin ellas.
Fitosanitarios: el campo también necesita herramientas
La reunión no se limitó al agua. Ambos consejeros aprovecharon el encuentro para acordar la convocatoria de una reunión de comunidades autónomas específicamente dedicada a los problemas fitosanitarios que afectan a los agricultores de toda España. La idea es reunir a representantes políticos y técnicos de las distintas regiones para compartir experiencias y coordinar soluciones ante plagas y enfermedades que no entienden de fronteras administrativas.
El argumento de Barrachina en este punto es tan sencillo como contundente: no se puede quitar una herramienta a un agricultor sin darle otra con la que trabajar.
"La retirada de determinadas materias activas debe ir acompañada de alternativas que hayan demostrado su eficacia, estén suficientemente desarrolladas y resulten económicamente asumibles para los agricultores" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
Europa, los productos de terceros países y las reglas del juego
Hay una contradicción que irrita profundamente al sector agrario mediterráneo: se exige cada vez más a los productores europeos —en materia ambiental, laboral y fitosanitaria— mientras los lineales de los supermercados se llenan de productos importados de países que no están sujetos a esas mismas reglas. Barrachina y Buendía pusieron este agravio comparativo en el centro del debate europeo.
Su demanda es concreta: aplicación efectiva de cláusulas espejo, refuerzo de los controles en frontera y una Política Agraria Común (PAC) post-2027 dotada de recursos suficientes para que el campo mediterráneo pueda sobrevivir a la competencia global. No es una queja nueva —el sector lleva años reclamándolo—, pero la presión se intensifica a medida que se acercan las negociaciones sobre la futura PAC.
"Si Europa quiere preservar su seguridad alimentaria, debe proteger a quienes producen alimentos dentro de Europa" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La pesca mediterránea, también en la agenda
El sector pesquero completó el mapa de preocupaciones compartidas. Ambos responsables abordaron la reducción de los días de actividad permitidos a la flota de arrastre y el futuro del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), dos cuestiones que amenazan directamente la viabilidad de las comunidades pesqueras del arco mediterráneo. También aquí, la conclusión fue la misma: hace falta una estrategia común y una voz unificada para defender los intereses del sector ante las instituciones europeas.
Al final del día, lo que Valencia y Murcia han puesto sobre la mesa es algo más que una reclamación sobre el agua o los pesticidas. Es una apuesta por la coordinación interterritorial frente a lo que perciben como una gestión centralizada y opaca de decisiones que afectan de manera directa a la vida de miles de agricultores, pescadores y ciudadanos del sureste. Si el Gobierno de España responderá a esa llamada —o seguirá ignorándola— es la pregunta que el campo mediterráneo tiene pendiente de respuesta.