Más de un millón de euros de inversión propia frente a 23.544,30 euros recibidos del fondo estatal. Esa es la brecha que el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha puesto encima de la mesa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para exigir un cambio urgente en la política de financiación de la sanidad animal en España.
Una enfermedad que no figura en el programa estatal, pero que sí golpea las granjas valencianas
Tras más de tres años sin ningún caso en España, la enfermedad de Newcastle reapareció en la Comunitat Valenciana a finales de diciembre de 2025, en una granja de 15.000 pollos del municipio de Llutxent, rompiendo el estatus de país libre que el país mantenía desde 2022. Lo que en un primer momento parecía un episodio aislado se convirtió rápidamente en una crisis sanitaria persistente: hasta mediados de junio de 2026 se habían confirmado 11 focos en España —10 en la provincia de Valencia, concentrados en la comarca de la Vall d'Albaida, y uno en Valladolid—, con cerca de 300.000 aves implicadas acumuladas.
La enfermedad de Newcastle es una patología vírica altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres, causada por el virus NDV en sus formas virulentas, capaces de producir infecciones sistémicas graves con un importante impacto sanitario y económico sobre la industria avícola. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, laboratorio nacional de referencia, ha confirmado la presencia de una cepa velogénica del virus en los focos valencianos. Dicho de otro modo: la variante más virulenta.
Pese a esta realidad, la enfermedad de Newcastle no figura entre las patologías contempladas en el Programa Estatal de Erradicación de Enfermedades Animales. Una ausencia que, según Barrachina, convierte a las comunidades autónomas en pagadoras de una factura que debería ser compartida con el Estado.
Solo 23.544 euros de un fondo de 8,5 millones
Barrachina realizó su reclamación durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, el foro donde el Ministerio presentó el reparto de los fondos del programa estatal, dotado con 8,5 millones de euros. La Comunitat Valenciana, que en los últimos meses ha sido el epicentro de la crisis avícola en España, recibió únicamente 23.544,30 euros. Una cantidad que, para hacerse una idea, apenas cubriría el coste de desinfección de unas pocas granjas.
"Es necesario revisar los criterios de distribución de estos fondos para que reflejen el esfuerzo real que realizan las comunidades autónomas en materia de sanidad animal." - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
El conseller recordó que el Govern valencià tiene previsto invertir más de un millón de euros para la erradicación de la enfermedad y la compensación a los afectados, una cifra que contrasta radicalmente con lo recibido del Estado. Además, las ayudas dirigidas al conjunto de las explotaciones ganaderas valencianas han aumentado hasta los 9 millones de euros este año, en un contexto en el que la Generalitat ha tenido que intensificar las actuaciones frente a amenazas como la peste porcina africana, la dermatosis nodular contagiosa y la gripe aviar de alta patogenicidad.
La Generalitat actuó en menos de 24 horas; el Estado, sin cobertura financiera
Cuando se detectó el primer foco, en menos de 24 horas ya estaban ejecutadas las medidas esenciales de contención, control veterinario, inmovilización preventiva y refuerzo de la vigilancia previstas en el protocolo. Junto a las medidas sanitarias, la Conselleria prestó apoyo directo a las explotaciones afectadas, asumiendo los costes del estudio geológico, la realización de zanjas y las actuaciones necesarias de gestión sanitaria y desinfección del entorno, además de mantener activado el procedimiento de indemnización por los animales muertos o sacrificados.
Es precisamente ese esfuerzo el que Barrachina considera que merece reconocimiento económico por parte del Gobierno central. La lógica es sencilla: si una comunidad autónoma está obligada a aplicar medidas de control, sacrificios sanitarios y protocolos de bioseguridad para contener una enfermedad de alto impacto, no puede hacerlo indefinidamente sin respaldo financiero estatal.
"Si las comunidades autónomas tienen que asumir medidas de prevención, control y sacrificio obligatorio, el Estado debe reconocer ese esfuerzo y dotarlo de financiación suficiente." - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
Un problema europeo que pide respuesta nacional
Polonia acumula la mayor crisis de Newcastle de su historia reciente, Alemania ha perdido tras 18 años el estatus libre de brotes comerciales, y España, que llevaba desde 2022 sin registrar un foco, mantiene abierta una alerta sanitaria en la Comunitat Valenciana. El escenario actual confirma que la enfermedad de Newcastle ya no puede considerarse un riesgo esporádico en Europa, sino una amenaza estructural que obliga a reforzar las estrategias de vigilancia, vacunación y bioseguridad. En ese contexto europeo, la petición valenciana al Ministerio adquiere una dimensión más amplia: no se trata solo de un conflicto competencial o presupuestario, sino de adaptar los mecanismos de protección animal a una realidad epidemiológica que ha cambiado.
El titular de Agricultura valenciano defendió que la sanidad animal es una prioridad para proteger al sector ganadero y garantizar la seguridad de las explotaciones. Una afirmación que, más allá del lenguaje institucional, se traduce en algo muy concreto: que los ganaderos valencianos que han visto morir o sacrificar sus aves puedan tener la certeza de que el sistema —autonómico y estatal— trabaja en la misma dirección, y que el coste de esa respuesta no recae exclusivamente sobre quienes ya han pagado el precio más alto.