Una decisión tomada en un despacho de Madrid tendrá consecuencias muy concretas para miles de ciudadanos valencianos que llevan meses —o años— esperando que un juez resuelva su reclamación por una cláusula hipotecaria abusiva. El Ministerio de Justicia ha suprimido 72 plazas de refuerzo judicial en toda España, y la Comunitat Valenciana absorberá 18 de ellas, el equivalente a una cuarta parte del total nacional. El resultado inmediato: alrededor de 5.520 expedientes suspendidos en la región.
Una cuarta parte del recorte, para una sola comunidad
La consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, ha alzado la voz contra la medida y se ha sumado formalmente a la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que el ministerio reconsidere su postura. La proporción del impacto es llamativa: siendo España un país con diecisiete comunidades autónomas, Valencia cargará con el 25% de todos los recortes de refuerzo judicial decididos por el Gobierno central.
"Nos encontramos ante un nuevo agravio del Gobierno de Sánchez a nuestra autonomía. No podemos consentir que la Comunitat Valenciana asuma una cuarta parte de la supresión de refuerzos judiciales, al perder 18 de los 72 refuerzos suprimidos para el conjunto nacional" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Martínez ya había enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la semana pasada, solicitando la prórroga de estos refuerzos. La respuesta, hasta ahora, ha sido el silencio.
Qué son los juzgados de refuerzo y por qué importan
Los refuerzos judiciales son plazas temporales creadas para aliviar la carga de trabajo de juzgados que, de otro modo, colapsarían. Los más afectados son los órganos especializados en litigios relacionados con las condiciones generales de la contratación hipotecaria, conocidos como juzgados de cláusulas suelo. Estas plazas estaban distribuidas entre Castellón, Valencia y Alicante.
Según los cálculos del CGPJ, se dejarán de dictar 12.000 sentencias anuales en funciones de refuerzo, de las cuales el 80% corresponde a litigación masiva sobre cláusulas suelo, condiciones generales de la contratación y reclamaciones de transporte aéreo. Dicho de otro modo: los más perjudicados no son los jueces ni los funcionarios, sino los consumidores que acudieron a los tribunales buscando justicia frente a su banco.
La litigiosidad en España ha crecido un 19,8% entre 2019 y 2025, mientras la plantilla judicial solo aumentó un 7,7%, lo que ha disparado la carga media por juez en la jurisdicción civil de 863,80 asuntos en 2019 a 1.117,60 en 2025. En ese contexto, suprimir refuerzos no es solo un ajuste presupuestario: es añadir presión sobre un sistema que ya cruje.
El argumento del Ministerio: un límite presupuestario rebasado
El Gobierno no ha actuado en silencio. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes justificó la denegación al entender que el CGPJ ha excedido el límite presupuestario del convenio suscrito con el Gobierno, con solicitudes que superan en casi cuatro millones de euros el tope acordado. El convenio vigente está dotado con casi 7,2 millones de euros, y desde marzo está pendiente la firma de un nuevo acuerdo por valor de ocho millones que todavía no se ha rubricado.
Además, el departamento subraya que la Ley de Eficiencia está permitiendo una creación récord de plazas judiciales, con una macroconvocatoria de 375 plazas de jueces, 200 de fiscales y 125 de magistrados, y confía en que los refuerzos dejen de ser un elemento estructural del sistema. Una hoja de ruta a largo plazo que, sin embargo, no resuelve el problema de los expedientes que hoy mismo están paralizados.
Un frente judicial y político unido contra la decisión
El CGPJ ha reclamado al Ministerio que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España, y ha avisado de que esa decisión obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Victoria y Foro Judicial Independiente han manifestado en un comunicado conjunto que "ninguna razón puede haber hoy para la supresión de estas medidas que las puramente económicas".
En el ámbito valenciano, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) también ha movido ficha. El Ministerio de Justicia ha rechazado la financiación de 18 de las cerca de 30 medidas de refuerzo solicitadas para la Comunitat Valenciana, pese a contar con informes favorables de la Inspección del CGPJ, y la mayoría de estas solicitudes correspondían a la prórroga de refuerzos que ya estaban en funcionamiento. También se verán afectados los Tribunales de Instancia de Benidorm y Quart de Poblet, así como las Audiencias Provinciales de Valencia y Alicante, y la Sala de Gobierno del TSJCV ha expresado su inquietud por la forma y el momento en que se ha comunicado la decisión del Ministerio, al entender que dificultará la planificación del trabajo en los órganos judiciales.
"Una falta sin límites de sensibilidad social"
La consellera Martínez no ha escatimado en dureza al valorar la decisión. A su juicio, el Gobierno de España "demuestra una falta sin límites de sensibilidad social" al suprimir refuerzos especializados en cláusulas abusivas, una materia con un altísimo número de afectados. Y ha recordado que la continuidad de estos refuerzos "supone una garantía para los ciudadanos, que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos no se demoren en exceso".
Este martes, la asociación de consumidores Asufin ha denunciado las primeras paralizaciones de los procesos abiertos en los 62 juzgados especializados en cláusulas suelo tras la decisión de poner fin a la dotación económica extra para estos órganos judiciales. Las consecuencias, por tanto, ya no son una proyección: son una realidad que empieza a materializarse en los tablones de los juzgados. Para los ciudadanos que llevan tiempo esperando una resolución sobre su hipoteca, el mensaje es claro: tendrán que esperar todavía más.