Casi un año después de que la dana del 29 de octubre de 2024 arrasara decenas de municipios de la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha llevado su experiencia en primera persona a las mesas de negociación política para reclamar que las leyes estén a la altura de las catástrofes. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, se reunió en Madrid con los directores generales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Díaz Latorre y Cristina Motalvá, para impulsar un paquete de cambios normativos de alcance nacional que permita a las comunidades autónomas actuar con mayor rapidez, eficacia y seguridad jurídica en situaciones de crisis.
La FEMP ha mostrado su disposición a estudiar las propuestas planteadas. No es un gesto menor: la federación representa a miles de ayuntamientos y diputaciones de todo el país, y su implicación en una eventual reforma legislativa sería clave para que los cambios tengan recorrido real.
El problema de los plazos en medio de una catástrofe
Una de las propuestas más concretas —y también de las más reveladoras sobre lo que falló durante la gestión de la dana— tiene que ver con los plazos administrativos y judiciales. Actualmente, la legislación contempla que el Consejo de Ministros puede declarar la suspensión de plazos para trámites administrativos en municipios afectados , pero esa decisión depende de un acuerdo político posterior a la declaración de emergencia. Para Mérida, eso es demasiado lento.
La propuesta de la Generalitat es que esa suspensión se active de forma automática en cuanto se declare una emergencia de especial gravedad, sin necesidad de esperar una decisión adicional del Gobierno central. La lógica es tan sencilla como urgente.
"Las personas que sufren una catástrofe no pueden verse obligadas a preocuparse por el cumplimiento de trámites y plazos administrativos mientras intentan recuperar su vivienda, su negocio o su modo de vida" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
La imagen es fácil de visualizar: alguien que ha perdido su casa y sus documentos recibe al mismo tiempo una notificación de Hacienda o un requerimiento judicial. Sin una suspensión automática, esa persona queda atrapada entre la burocracia y el desastre. La dana del 29 de octubre fue la peor registrada en España en el presente siglo, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana , y su gestión ha puesto de manifiesto grietas normativas que nadie había urgido corregir hasta ahora.
Contratos de emergencia: más allá de reparar lo que se rompió
El segundo gran bloque de reformas apunta a la Ley de Contratos del Sector Público. En su configuración actual, la contratación de emergencia permite actuar con rapidez pero solo para reponer lo que se ha dañado, no para mejorarlo. Mérida defiende que eso es un error estratégico: reconstruir exactamente igual lo que existía antes puede significar volver a ser igual de vulnerables la próxima vez.
La propuesta es que la contratación de emergencia permita también incorporar mejoras que incrementen la resiliencia y adaptabilidad de las infraestructuras reconstruidas. Una carretera destruida por el agua podría, bajo esta lógica, ser no solo reparada, sino rediseñada para soportar mejor futuras inundaciones.
Junto a ello, el comisionado reclama una actualización de los precios de la obra pública para evitar que las licitaciones queden desiertas —un problema frecuente cuando los precios de referencia de la administración no se ajustan a la realidad del mercado— y la derogación de la Ley de Desindexación, de modo que los contratos puedan actualizarse conforme a la evolución real de los costes y del IPC. Sin esa revisión, los contratistas asumen pérdidas que en muchos casos los llevan simplemente a no presentarse a los concursos.
Valencia pide el mismo trato que La Palma
Más allá de las reformas técnicas, Mérida lanzó también un mensaje político de calado. Tras la reunión con la FEMP, reclamó al Gobierno central que mantenga e intensifique las medidas de apoyo a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana: ayudas económicas, incentivos fiscales y mecanismos extraordinarios sostenidos en el tiempo. Para ilustrar lo que pide, recurrió al precedente de La Palma.
La isla canaria sufrió en septiembre de 2021 la erupción del volcán Cumbre Vieja, una de las más destructivas en décadas. Cinco años después, el Estado mantiene medidas extraordinarias de apoyo a su reconstrucción. Ese es el modelo que Valencia reclama para sí.
"Pedimos para la Comunitat Valenciana el mismo compromiso que el Estado ha demostrado con otros territorios afectados por grandes catástrofes. Los valencianos merecen el mismo nivel de apoyo, solidaridad y acompañamiento institucional durante todo el proceso de reconstrucción" - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
El Consejo de Ministros ha aprobado diversas medidas para avanzar en la normalización de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 , pero desde la Generalitat consideran que el compromiso debe ir más lejos y proyectarse en el tiempo con la misma determinación que se aplicó en otros territorios. La coordinación interadministrativa, insiste Mérida, no es un lujo político sino una condición imprescindible para que la recuperación no quede a medias.