La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana, Elena Albalat, ha lanzado un mensaje directo al Gobierno central: antes de hablar de repartos, hay que buscar a las familias. La titular valenciana ha exigido al Ejecutivo que asuma su responsabilidad con los menores llegados a Ceuta y que priorice, por encima de cualquier otra medida, la localización de sus familiares y la posibilidad de una reunificación.
Un problema que sigue sin tener dueño
La intervención de Albalat tuvo lugar durante la Conferencia Sectorial de Infancia, un foro en el que el Gobierno central puso sobre la mesa una partida extraordinaria de 25 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria en la ciudad autónoma. La consellera respaldó ese esfuerzo económico "por solidaridad con Ceuta, que merece todos los recursos", aunque no ocultó su escepticismo: consideró que la cifra es insuficiente y que llega demasiado tarde.
El trasfondo de la reunión no era menor. Alrededor de 4.000 menores permanecen en Ceuta, en muchos casos sin que las autoridades hayan podido completar su inscripción en el sistema de protección. Las autoridades solo han podido registrar a una fracción de estos menores, lo que prolonga su permanencia en condiciones de alta vulnerabilidad. Y, sin embargo, el debate político parecía avanzar hacia el reparto antes de haber resuelto lo más básico: saber cuántos son y quiénes son.
"La solidaridad de la Comunitat Valenciana está fuera de toda duda, pero nunca puede sustituir la responsabilidad del Estado." - Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana
Caso a caso, no en bloque
Albalat fue especialmente contundente al señalar que la respuesta del Ejecutivo no puede limitarse a distribuir el problema entre comunidades autónomas. La ley española prohíbe las repatriaciones masivas y exige evaluar individualmente cada caso, estableciendo la identidad de los menores, analizando su entorno familiar y asegurando el respeto de sus derechos . Esa es, precisamente, la hoja de ruta que la consellera reclamó: una actuación caso a caso que priorice la mayor protección del menor, la localización de sus familias y la reunificación familiar.
"Estamos hablando de personas que tienen una historia y, en muchos casos, una familia que hay que buscar", subrayó Albalat. No son cifras abstractas: son niños y adolescentes con nombres, con vínculos, con un lugar de procedencia. La consellera dejó claro que su posición desde el primer momento es el retorno, "siempre de acuerdo con la Ley".
Casi un mes después, sin cifras ciertas
Uno de los argumentos más llamativos que empleó Albalat fue, precisamente, la falta de datos. Según denunció, casi un mes después del inicio de la crisis, el Gobierno central todavía no sabe con exactitud cuántos menores hay en Ceuta. Pretender distribuirlos entre comunidades en ese contexto le parece, cuando menos, precipitado. "Que ponga orden antes de pretender repartir las consecuencias de su mala gestión", exigió.
La distribución territorial de los menores está condicionada por el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas. Varios gobiernos autonómicos recurrieron la norma , y la Comunitat Valenciana parece estar entre quienes no están dispuestos a aceptar un mecanismo de reparto sin que el Estado haya cumplido primero con su parte.
El mensaje de fondo que dejó la consellera valenciana es que la solidaridad interterritorial no puede convertirse en una vía para eludir responsabilidades. Los menores que llegaron a Ceuta no son un expediente que traspasar: son, ante todo, menores de edad que necesitan protección, y cuyas familias, en muchos casos, llevan semanas sin saber de ellos. Resolver eso primero no es una exigencia política, es una obligación legal y moral.