Cada día se producen casi cuatro robos en explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana. No es una estimación alarmista: los datos oficiales reflejan que en 2024 se registraron 1.333 sustracciones conocidas en el campo valenciano, lo que se traduce en 3,64 robos diarios. Y lo que resulta aún más inquietante: solo uno de cada cuatro de esos robos se resuelve finalmente, ya que únicamente se esclarecieron 327 de los 1.333 casos conocidos, el 24,5%. Ante esta realidad persistente, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca prepara una nueva orden que refuerza la trazabilidad de los productos agrícolas desde el campo hasta el almacén y convierte cada transporte en un acto rastreable.
Un papel que vale más que el producto que acompaña
El instrumento central de esta iniciativa es el protocolo DATA, siglas de Documento de Acompañamiento y Trazabilidad Agraria. La idea es tan sencilla como eficaz: ningún camión cargado de naranjas, melones o cualquier otro producto agrícola podrá circular sin llevar consigo este documento oficial, que certifica el origen exacto de la mercancía, la parcela de la que procede y su destino declarado. Una especie de DNI para la cosecha, que los agentes podrán exigir en cualquier punto del trayecto.
El director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, presentó este protocolo en un encuentro con el sector agrario y fue contundente en su diagnóstico:
"El DATA constituye un instrumento que contribuye a prevenir situaciones de aprovechamiento ilícito que puedan tener su origen en acciones delictivas de hurto o robo, y la experiencia nos ha demostrado que para garantizar adecuadamente la trazabilidad resulta necesario definir con mayor precisión la identificación de las parcelas agrícolas y sus productos" - Ernesto Fernández, director general de Industria y Cadena Agroalimentaria de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
La nueva orden desarrolla y amplía el Decreto 5/2015, de 23 de enero, del Consell, que ya establecía la obligación de mantener la trazabilidad de los productos agrícolas valencianos desde su origen hasta su primera comercialización. Once años después de aquella norma, la realidad del campo exige más precisión y más dientes.
¿Qué cambia exactamente con el DATA?
El sistema incorpora novedades concretas que buscan cerrar los huecos legales que hasta ahora facilitaban la circulación de productos robados. Cada transporte deberá ir acompañado de un único documento DATA, y únicamente será válido el modelo oficial que la Conselleria ponga a disposición de los usuarios cada año a través de su sede electrónica o página web. No valen modelos alternativos, ni documentos informales, ni justificaciones verbales.
El transportista estará obligado a conservar el DATA durante el trayecto, y el destinatario deberá guardarlo una vez recibida la mercancía, manteniéndolo a disposición de cualquier autoridad competente que lo solicite. Además, la nueva regulación resuelve una laguna práctica habitual: habilita mecanismos para que los registros puedan cumplimentarse cuando el transportista no sea el propietario de la mercancía, una situación frecuente en el sector que hasta ahora generaba confusión y, en algunos casos, cobertura involuntaria para actividades ilícitas.
En cualquier fase del trayecto, desde la parcela hasta el punto de primera venta, los agentes de la autoridad y el personal inspector podrán detener el transporte y verificar el cumplimiento de las obligaciones de trazabilidad. No habrá tramos ciegos en la cadena.
Veinticuatro horas para demostrar que la cosecha es tuya
Quizás el aspecto más llamativo de la nueva regulación es su contundencia ante la pérdida de trazabilidad. Si en un control no se puede acreditar el origen del producto, no hay marcha atrás fácil: se concederá un plazo de 24 horas para demostrar la titularidad y restablecer la cadena documental. Si transcurrido ese tiempo no se logra, el destino de la mercancía es la destrucción, y todos los costes del proceso correrán a cargo del responsable.
Es una medida que, más allá de su rigor administrativo, lanza un mensaje claro al mercado negro: la compra de fruta robada deja de ser un negocio sin riesgo. Organizaciones agrarias como La Unió Llauradora llevan tiempo advirtiendo de que "está claro que si alguien roba es porque alguien se lo compra", y que resulta imprescindible perseguir no solo a los autores del robo, sino también los canales de comercialización ilícitos.
Un campo al límite busca respuestas estructurales
La provincia de Valencia es la que sufre más robos agrícolas de toda España, con 880 sustracciones registradas en 2024, seguida por la de Sevilla con 767, Alicante con 232 y Castellón con 221. Las cifras, aunque muestran una leve mejora respecto a años anteriores, siguen siendo una losa para un sector que acumula tensiones por todos los frentes: precios bajos, costes al alza y una sensación creciente de desprotección.
La inseguridad en el campo se suma a otros factores que están generando un progresivo abandono de explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana, como la falta de relevo generacional, los bajos precios en origen, el incremento de los costes de producción y la competencia de productos importados. En ese contexto, el DATA no es solo un formulario: es una señal de que la administración comienza a tratar el robo agrícola como lo que es, un problema estructural que merece una respuesta igualmente estructural. La aprobación definitiva de la orden y su aplicación real sobre el terreno serán la verdadera prueba de fuego.