El debate sobre el futuro de la agricultura europea ha llegado a un punto de inflexión. Mientras Bruselas ultimaba una propuesta que recortaría más de un 20% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha alzado la voz con datos concretos sobre lo que eso significaría para miles de familias valencianas: 52 millones de euros menos al año y hasta 28.000 agricultores excluidos del sistema de ayudas.
Barrachina protagonizó la inauguración de una jornada dedicada a analizar los retos y el futuro de la política agraria europea, donde defendió que la PAC debe ser "fuerte, suficientemente financiada y adaptada a la realidad de la agricultura mediterránea". No fue un discurso de circunstancias. Detrás de cada cifra hay nombres propios: propietarios de explotaciones familiares de naranja, arrozales del Delta o almendros del interior que dependen directamente de unas ayudas que, en el nuevo escenario, podrían simplemente desaparecer.
Una política que deja de ser "común"
La propuesta de la Comisión Europea para la PAC 2028-2034 plantea una reducción del 22% del presupuesto, pasando de los actuales 387.000 millones de euros a 302.000 millones, en un contexto de fuerte incremento del gasto en defensa. Para Barrachina, esa cifra esconde una amenaza estructural más profunda: si las ayudas acaban dependiendo de la capacidad financiera de cada Estado miembro, la PAC perderá su razón de ser.
"Una PAC deja de ser verdaderamente común cuando el acceso a las ayudas depende de la capacidad financiera de cada Estado miembro. Eso rompe el principio de igualdad de oportunidades y perjudica especialmente a territorios como la Comunitat Valenciana" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es el desmantelamiento del sistema tradicional de dos pilares —ayudas directas y desarrollo rural— para integrarlo en un fondo multisectorial común, gestionado bilateralmente entre Bruselas y los Estados miembros. Esto supone la pérdida de autonomía presupuestaria para el sector agroalimentario, diluye el carácter común de la PAC y aumenta el riesgo de desigualdad territorial, ya que las regiones con mayores recursos podrían destinar más ayudas que otras con mayores necesidades estructurales.
La preocupación no es exclusiva de Valencia. Un grupo de quince Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, ha reclamado a la Comisión Europea que incremente las asignaciones presupuestarias destinadas a la PAC en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. El Congreso de los Diputados también ha reclamado que se exija el mantenimiento de la PAC, preservando sus dos pilares, como política propia de la UE, configurada como fondo finalista dotado de un marco normativo propio.
El agua, una singularidad mediterránea que Bruselas no puede ignorar
Si hay un elemento que distingue a la agricultura valenciana —y mediterránea en general— del resto de Europa es la relación con el agua. No como recurso, sino como condición de existencia. Barrachina lo subrayó con claridad: sin un reconocimiento explícito de esta realidad en la futura PAC, la modernización del regadío, la reutilización y la eficiencia hídrica quedarán en tierra de nadie, sin financiación propia que las respalde.
La Comunitat Valenciana reclama por ello que estas materias sean tratadas como prioridades estratégicas en el nuevo marco europeo. La petición encaja en un contexto más amplio: el debate sobre la futura PAC continuará en el Consejo y el Parlamento durante 2026 y 2027, antes de la entrada en vigor en 2028. Queda tiempo, pero las posiciones se están fijando ahora.
Menos formularios, más campo
Barrachina también aprovechó la jornada para poner sobre la mesa uno de los grandes males crónicos del sector: la burocracia. La queja es vieja, pero sigue vigente. Un agricultor que dedica más horas a rellenar formularios que a trabajar la tierra es un problema de diseño institucional, no de voluntad individual. El conseller lo resumió con una frase que difícilmente puede rebatirse: la tecnología debe servir para simplificar la vida del agricultor, nunca para complicársela.
En esa línea, el Consell ha adoptado medidas concretas: la eliminación de las fotografías georreferenciadas masivas, la flexibilización del cuaderno digital y la simplificación de los trámites para solicitar ayudas. Pequeños gestos administrativos que, en el día a día de una explotación familiar, pueden marcar la diferencia entre dedicar la mañana al campo o al ordenador.
El relevo generacional, el reto que no admite demoras
Detrás del debate presupuestario europeo hay una pregunta más urgente: ¿quién va a cultivar la tierra dentro de veinte años? La diputada de ERC Teresa Jordà advirtió de que el recorte de las ayudas directas de la PAC hará que "los jóvenes renuncien a incorporarse al sector". El conseller valenciano comparte ese diagnóstico y apunta a las soluciones: acceso a la tierra, financiación, formación y estabilidad son los cuatro pilares que hacen viable un proyecto de vida en el medio rural.
Los datos de la Generalitat apuntan en esa dirección. La convocatoria de ayudas para jóvenes agricultores impulsada este año es la mayor de los últimos años: dotada con cerca de 27 millones de euros, ha permitido que 548 jóvenes y nuevos agricultores inicien su actividad con ayudas superiores a los 50.000 euros por beneficiario. No es una cifra menor para quien está valorando si montar una explotación o buscar trabajo en la ciudad.
"El relevo generacional no se consigue únicamente con discursos. Hace falta facilitar el acceso a la tierra, financiación, formación y confianza para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en el medio rural" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
124 millones de inversión: el mayor esfuerzo en años
Más allá del debate europeo, la Generalitat ha desplegado este año una apuesta inversora sin precedentes recientes: 124 millones de euros en ayudas al conjunto del sector agroalimentario valenciano, de los cuales 50 millones se destinan específicamente a la modernización de explotaciones. La cifra habla de una estrategia que no espera a que Bruselas resuelva sus contradicciones presupuestarias para actuar.
En el fondo, el mensaje de Barrachina en esta jornada fue doble. Hacia dentro: el Consell está invirtiendo como nunca en un sector al que considera estratégico. Hacia fuera, hacia Europa: no se puede rediseñar el modelo agroalimentario del continente sin escuchar a quienes trabajan el campo cada día. La Política Agraria Común, que lleva en marcha desde 1962, pasaría a partir de 2028 a diluirse en una especie de fondo estatal rural si las propuestas actuales prosperan sin modificaciones. Para miles de agricultores valencianos —y europeos—, esa no es una abstracción técnica, sino la diferencia entre continuar o cerrar.