El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha salido al paso de los planes del Gobierno central con una advertencia directa: el nuevo modelo de financiación autonómica que el Ejecutivo pretende aprobar el próximo 4 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha sido negociado con el conjunto de las comunidades autónomas, sino únicamente con Cataluña. Y eso, a su juicio, no es negociación. Es un pacto bilateral disfrazado de reforma multilateral.
Un modelo con trampa de origen
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) lleva años siendo el escenario de uno de los debates más espinosos de la política española: cómo repartir los recursos del Estado entre las diecisiete comunidades autónomas de forma que ninguna quede atrás. El modelo actual data de 2009 y debería haberse revisado en 2014. Más de una década después, la reforma sigue sin cerrarse y la tensión territorial no hace más que crecer.
El CPFF tenía previsto reunirse a finales de julio para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, pero la cita se suspendió tras la petición de las comunidades gobernadas por el PP, que rechazaban de plano la propuesta del Ministerio de Hacienda. La nueva fecha fijada es el 4 de septiembre, y la Generalitat Valenciana llega a ese encuentro con las cartas sobre la mesa y el tono elevado.
Rovira no se anduvo con rodeos al señalar al ministro de Hacienda, Arcadi España, recordándole que el origen de la propuesta no está en ningún foro multilateral, sino en un acuerdo político concreto.
"Me sorprende que el ministro diga que el debate sobre el modelo de financiación se ha producido en órganos multilaterales donde están todas las comunidades autónomas, porque él sabe que el inicio del nuevo modelo se pactó con ERC" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
El PP acusa al Gobierno de haber diseñado un traje a medida para Cataluña tras el acuerdo entre el PSC y ERC por una financiación singular. No es, por tanto, una queja exclusiva de Valencia: la aritmética juega a favor del Ejecutivo en el CPFF, donde Hacienda tiene el 50% de los votos y solo necesita el respaldo de una comunidad autónoma; con Canarias y Cataluña alineadas, el Gobierno contaría con los apoyos suficientes para elevar el texto al Consejo de Ministros.
Una fractura que cruza los partidos
Lo más llamativo del rechazo valenciano no es que venga del PP, que gobierna en la Comunitat: es que la contestación al modelo ha traspasado las fronteras ideológicas. Rovira subrayó que incluso comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, han rechazado esta propuesta, lo que evidencia que las críticas no responden a un posicionamiento de partido, sino a una preocupación compartida sobre las reglas del juego.
El conseller reclamó al ministro España que priorice una negociación real, efectiva y con todas las comunidades sobre la mesa. No una en la que el resultado ya esté escrito de antemano.
La paradoja del ministro que conocía el problema
Hay un elemento en el discurso de Rovira que va más allá de la crítica política habitual: la ironía. Arcadi España, actual ministro de Hacienda, fue conseller de la Generalitat Valenciana, lo que significa que conoció desde dentro la magnitud de la infrafinanciación que sufre el territorio. Eso hace que su posición actual resulte, cuanto menos, desconcertante para los responsables autonómicos valencianos.
"Resulta difícil entender que quien conocía de primera mano la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y defendía la necesidad de un fondo de nivelación transitorio para compensarla cuando era conseller, ahora, desde el Gobierno central, no haya sido capaz de ponerlo en marcha" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
No es un reproche menor. Significa que quien hoy tiene el poder de corregir una injusticia histórica fue, en otro tiempo, uno de sus principales denunciantes. Y que el cambio de silla ha cambiado también, al parecer, las prioridades.
Valencia no puede seguir esperando
La nueva reforma del sistema de financiación autonómica propone casi 21.000 millones de euros adicionales para que las regiones puedan garantizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Una cifra que suena a solución, pero que esconde la pregunta clave: ¿cómo se reparte ese dinero y en qué condiciones? Para Valencia, que arrastra una infrafinanciación estructural desde hace décadas, el método de reparto importa tanto como el volumen total.
Rovira fue contundente al respecto: la Comunitat Valenciana no puede aceptar que los acuerdos entre partidos se traduzcan en ventajas para unos territorios y en perjuicios para otros. Detrás de esa frase hay una realidad muy concreta: servicios públicos más escasos, menos inversión por habitante y una deuda histórica acumulada que condiciona la calidad de vida de millones de personas.
"Este hecho demuestra que las necesidades de los valencianos siguen sin estar entre las prioridades del Gobierno de España, sin embargo, sí que son una prioridad para el Consell, que va a seguir peleando por conseguir lo que les corresponde a sus ciudadanos" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
Con el 4 de septiembre en el horizonte, la Generalitat llega a la cita con una posición clara: ningún acuerdo que no garantice una negociación multilateral genuina y una corrección real de la infrafinanciación histórica será aceptable. El objetivo del Ejecutivo es completar la tramitación antes de que termine 2026 para que el sistema entre en vigor el 1 de enero de 2027. El calendario aprieta, pero Valencia advierte que la prisa del Gobierno no puede convertirse en una excusa para perpetuar un agravio que ya dura demasiado.