Imagínese que su casa, su negocio o el chiringuito familiar que lleva décadas al borde del mar queda de repente dentro del dominio público marítimo-terrestre tras un nuevo deslinde. No es una situación hipotética: es el temor concreto que ha llevado a varias comunidades autónomas del litoral español a exigir al Gobierno que pare en seco la reforma del Reglamento General de Costas. Y ahora, a ese conflicto de fondo, se añade uno de forma: la Generalitat Valenciana denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica ha impedido directamente que el asunto se debata en el órgano institucional creado precisamente para eso.
El Ministerio cierra la puerta a la conferencia sectorial
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Comunitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, ha denunciado que el Gobierno central «retuerce el reglamento de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente» con el único fin de evitar debatir la modificación del Reglamento General de Costas. Una reforma que, según las comunidades autónomas afectadas, facilita nuevos procesos de deslinde sobre viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en la franja costera.
La maniobra, según Martínez Mus, es tan simple como efectiva: el Ministerio ha impedido que se incluyera en el orden del día de la Conferencia Sectorial un punto específico para informar y debatir la modificación del reglamento, pese a que varias comunidades autónomas lo solicitaron formalmente y siguiendo el procedimiento reglamentario establecido. La propuesta contaba además con el respaldo suficiente para ser debatida, al representar al menos a una tercera parte de los miembros de la Conferencia Sectorial, el umbral mínimo exigido por el propio reglamento interno del organismo.
"El Gobierno ha optado por impedir el debate en lugar de escuchar a las comunidades autónomas" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana
Una reforma con fecha límite: julio
El Gobierno ha avanzado que impulsará la reforma del Reglamento de Costas antes del verano para evitar una condena de la Unión Europea. El compromiso adquirido con Bruselas pasa por modificar el Reglamento General de Costas de manera que no puedan tramitarse concesiones sin concurso previo, y la Comisión Europea se ha mostrado «dispuesta» a no escalar en la condena a España si la modificación se aprueba antes de este verano y no es anulada por el Tribunal Supremo. El calendario, por tanto, aprieta. Y en ese contexto de urgencia europea es donde las comunidades autónomas litorales denuncian que se las está dejando fuera de la ecuación.
La Comunitat Valenciana, junto a otras autonomías costeras, registró una propuesta formal para solicitar la suspensión de la tramitación del proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y la convocatoria urgente de una conferencia sectorial monográfica. En ella, el Ministerio debería explicar el alcance real de la reforma y sus consecuencias sobre las competencias autonómicas y la gestión del litoral. La respuesta del Gobierno fue, según la Generalitat, ignorar ese trámite y seguir adelante.
El frente autonómico: no es solo Valencia
Las autonomías con litoral ya celebraron una reunión multilateral en la Casa de Galicia, en Madrid, con representantes de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. A lo largo de la misma, la mayor parte de las comunidades autónomas solicitó una convocatoria inmediata para abordar estas cuestiones, así como la paralización de los deslindes que afectan a las costas. El malestar, pues, no es un episodio aislado ni una queja particular de la administración valenciana.
Desde Andalucía también se ha advertido de que determinadas prácticas, como la política de deslindes o la aplicación inmediata de nuevos criterios regulatorios a procedimientos ya iniciados, «han provocado conflictos y desconcierto entre ciudadanos y sectores económicos». Se trata de negocios que iniciaron sus trámites al amparo de una normativa clara y estable y que ahora ven cómo se modifican las reglas durante el proceso, una situación que varios territorios califican de vulneración del principio de confianza legítima. La queja tiene nombre y apellidos: el deslinde del entorno de Doñana se ha convertido en el ejemplo más visible de una actuación de gran impacto territorial que ha generado preocupación entre distintos sectores.
Competencias autonómicas en juego
Martínez Mus ha subrayado que la reforma afecta directamente a las competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación y gestión del litoral, especialmente en un momento en el que la mayoría de los territorios costeros han asumido o están en proceso de asumir dichas competencias. Por ello, ha calificado de «inaceptable» que el Gobierno pretenda modificar el marco regulatorio sin facilitar información previa ni promover un debate institucional con las administraciones afectadas.
La Generalitat lleva meses reclamando la paralización de esta modificación normativa y la apertura de un proceso de diálogo real. Como muestra de esa tensión institucional acumulada, la propia ley de costas valenciana —aprobada para dar alternativas a los deslindes y proteger a los propietarios afectados— ya ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Un gesto que, desde la óptica autonómica, dibuja con claridad el sentido de la relación entre Madrid y los territorios litorales en este asunto.
Lo que está en disputa no es solo un reglamento técnico. Es la pregunta de quién decide sobre el litoral español y con qué garantías para los miles de familias, municipios costeros y actividades productivas que viven de y en la costa. El Gobierno tiene su calendario marcado en julio; las comunidades autónomas exigen que ese calendario espere al menos a que haya un debate real. Por ahora, la conferencia sectorial que debería haber sido el escenario de ese diálogo sigue sin convocarse, y el reloj corre.