700.000 euros para blindar los bosques de 41 pueblos valencianos en riesgo de despoblación

La Generalitat reparte hasta 20.000 € por municipio para gestión forestal y prevención de incendios en zonas de montaña con riesgo de abandono.

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Bosques de la Comunitat Valenciana
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Cuarenta y un municipios de montaña de la Comunitat Valenciana recibirán una inyección económica para cuidar sus bosques y protegerlos del fuego. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha resuelto la concesión de ayudas por un importe total de 700.000 euros destinadas a la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios en localidades que, además de lidiar con el monte, cargan con otro problema de fondo: el riesgo de despoblación.

La cifra máxima que puede recibir cada ayuntamiento beneficiario es de 20.000 euros. No es una cantidad que transforme por sí sola una comarca, pero sí puede marcar la diferencia entre un sendero desbrozado o un cortafuegos limpio y un terreno forestal convertido en polvorín. Los incendios forestales constituyen un grave problema en el arco mediterráneo, del que forma parte la Comunitat Valenciana, creando en ocasiones situaciones de grave riesgo y catástrofe con consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Que sean precisamente los municipios más pequeños y más vulnerables quienes reciban este apoyo no es casualidad: son también los que tienen menos recursos para actuar por su cuenta.

Qué se puede hacer con estas ayudas

Los fondos podrán emplearse en dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la gestión forestal sostenible de los terrenos; por otro, la adquisición de equipamiento inventariable —maquinaria, herramientas, vehículos— para el mantenimiento del monte y la prevención de incendios, siempre en coherencia con el interfaz urbano-forestal de cada municipio, es decir, la zona de contacto entre las edificaciones y la masa forestal, que es precisamente donde los incendios resultan más peligrosos para las personas.

Solo podrán ser beneficiarios los municipios de montaña en riesgo de despoblamiento, conforme al artículo 15 de la Ley 5/2023 integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial en la Comunitat Valenciana, siempre que realicen gastos de inversión destinados a la gestión forestal sostenible. Los trabajos deberán ejecutarse en superficies forestales de titularidad municipal no gestionadas por la Generalitat o, en su caso, en terrenos privados que cuenten con el correspondiente acuerdo de colaboración suscrito con el ayuntamiento.

Cómo se ha decidido quién recibe más y quién menos

La distribución no ha sido al azar ni por orden de llegada. Para calcular la puntuación de cada solicitud, la comisión evaluadora ha aplicado un baremo que combina tres variables. La primera: el número de hectáreas de terreno forestal arbolado existente en el término municipal de gestión directa municipal, y en su caso, en aquellos terrenos de titularidad privada con la cual el ayuntamiento tenga acordado el oportuno instrumento de colaboración. La segunda: los kilómetros de pistas y de senderos incluidos en el Registro Público de Senderos de la Comunitat Valenciana existentes en el término municipal. Y la tercera, quizás la más reveladora desde el punto de vista social: la renta per cápita bruta del municipio, según los datos oficiales del INE. A menor renta, mayor puntuación. Un reconocimiento implícito de que la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad medioambiental suelen ir de la mano.

La resolución ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), dando así validez oficial a los 41 beneficiarios seleccionados entre las tres provincias.

Los municipios que recibirán las ayudas

La distribución geográfica refleja la concentración del problema: la provincia de Castellón acumula la mayoría de los beneficiarios, con 28 municipios, muchos de ellos enclavados en comarcas del interior como el Maestrat, l'Alt Millars o l'Alt Palància. Se trata de:

  • Azuébar, Gaibiel, La Pobla de Benifassà, Sierra Engarcerán, Matet, Zorita del Maestrazgo, Aín, Algimia de Almonacid, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Bejís, Benassal, Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Eslida, La Serratella, Morella, Palanques, Rossell, Arañuel, la Vall de Almonacid, Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrat, Xodos, Ludiente, Zucaina, Caudiel y Alcudia de Veo.

La provincia de Valencia suma once municipios beneficiarios, también ubicados en zonas de interior con escasa densidad de población:

  • Alpuente, Andilla, Bicorp, Castielfabib, Chelva, La Yesa, Millares, Beniatjar, Quesa, Venta del Moro y Cortes de Pallás.

Finalmente, en la provincia de Alicante, las ayudas llegan a dos municipios de la comarca de El Comtat y La Marina Baixa: Confrides y Tàrbena.

El contexto que explica la urgencia

Los municipios con menos de mil habitantes representan en torno al 40% del total de la Comunitat Valenciana, y se distribuyen entre municipios de menos de 100 habitantes, de 100 a 499 y de 500 a 999, según los últimos datos disponibles del Instituto Valenciano de Estadísticas. Como tendencia asociada, el envejecimiento acompaña a la despoblación: de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, 172 muestran un índice de envejecimiento superior al 250%, lo cual indica que hay 25 personas mayores de 64 años por cada 10 personas menores de 16 años. En esos entornos, mantener el monte limpio no es solo una cuestión ecológica: es una cuestión de supervivencia, tanto para el ecosistema como para la comunidad que aún resiste en él.

Pueblos como Morella, Vistabella del Maestrat o Chelva cargan sobre sus espaldas con siglos de historia y paisajes de enorme valor natural. Que hoy dependan de una subvención de hasta 20.000 euros para poder gestionar sus propios bosques dice mucho sobre los desequilibrios territoriales que la Comunitat Valenciana todavía tiene pendientes de resolver. Estas ayudas no son la solución definitiva, pero sí una señal de que el monte, cuando se cuida, también puede ser un argumento para quedarse.