Un centenar de vecinos de 26 pueblos de Castellón verán desaparecer escalones y barreras en sus edificios públicos gracias a 1,3 millones de euros de la Generalitat

La Generalitat Valenciana duplica la inversión en accesibilidad en municipios de Castellón, destinando 1,3 M€ a 26 localidades en 2026.

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Hay escalones que no tienen nada de inocentes. En un consultorio médico rural, en la entrada de un ayuntamiento de pueblo o frente al aseo de un centro social comarcal, una simple barrera arquitectónica puede convertirse en un muro invisible que separa a una persona mayor o con movilidad reducida del derecho más básico: acceder a los servicios públicos que le corresponden. Para derribar esos obstáculos, la Generalitat Valenciana destinará este año 1.319.357,09 euros a mejorar la accesibilidad en edificios públicos de 26 municipios y entidades locales menores de la provincia de Castellón.

Una inversión que se duplica en dos años

El dato más llamativo no es solo la cifra, sino su evolución. En 2024, esta misma convocatoria movilizó 658.116,31 euros. Apenas dos años después, la inversión se ha duplicado exactamente: un 100% más, con un incremento de 661.240,78 euros. Un salto que, en tiempos de ajuste presupuestario generalizado, resulta significativo y que refleja una apuesta deliberada por parte de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, responsable de la convocatoria.

El criterio de reparto no es aleatorio. La convocatoria prioriza expresamente a las entidades locales con menor capacidad presupuestaria, es decir, aquellos municipios pequeños que, precisamente por sus recursos limitados, tendrían mayores dificultades para acometer estas reformas por su cuenta. La lógica es simple pero poderosa: garantizar que el tamaño de un pueblo no determine el nivel de accesibilidad de sus instalaciones públicas.

Ascensores, rampas y aseos: las obras del día a día

¿En qué se traduce todo esto sobre el terreno? La mayor parte de los proyectos financiados apuntan a intervenciones concretas y visibles: instalación de ascensores y plataformas elevadoras, construcción de rampas, adaptación de aseos accesibles y otras actuaciones orientadas a garantizar itinerarios sin obstáculos en ayuntamientos, edificios polifuncionales, centros sociales, consultorios, espacios culturales y otras dependencias de uso público.

Son obras modestas en apariencia, pero con un impacto directo en la vida cotidiana. La accesibilidad supone que el urbanismo, las edificaciones y los servicios puedan ser usados por cualquier persona con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. Y sin embargo, los elementos que con más frecuencia impiden el paso a las personas con discapacidad o movilidad reducida siguen siendo tan elementales como escalones o desniveles.

Qué municipios recibirán las ayudas

Los 26 beneficiarios están repartidos por buena parte de la geografía interior de la provincia, en comarcas donde el envejecimiento de la población hace aún más urgente la necesidad de espacios adaptados. La comarca del Alto Palancia es la más representada, con seis municipios: Algimia de Almonacid, Bejís, Benafer, Caudiel, Torás y Vall de Almonacid. El Alto Mijares suma cuatro localidades —Cortes de Arenoso, Espadilla, Toga y Villanueva de Viver—, y L'Alcalatén contribuye con Lucena del Cid y Vistabella del Maestrat.

En la Plana Alta, La Torre d'en Doménec y Sierra Engarcerán; en la Plana Baixa, Aín, Alfondeguilla y Suera. Traiguera representa al Baix Maestrat. Cinco municipios del Alt Maestrat —Albocàsser, Benafigos, Benassal, La Serratella y Tírig— completan la lista junto a tres de Els Ports: Herbers, Olocau del Rey y Zorita del Maestrazgo.

Cohesión territorial, no solo obra pública

Más allá del hormigón y las plataformas elevadoras, estas ayudas responden a un debate de fondo que lleva décadas sobrevolando la España rural: el de la equidad en el acceso a los servicios. El objetivo de la normativa en materia de accesibilidad es garantizar el uso de los bienes y servicios a todas aquellas personas que, de forma permanente o transitoria, se encuentren en una situación de limitación o movilidad reducida. Que ese principio llegue a pueblos de apenas unos centenares de habitantes en el interior de Castellón no es un logro menor. Es, precisamente, la prueba de que la cohesión territorial no es solo un concepto político, sino algo que también se construye a golpe de rampa, ascensor y puerta adaptada.