La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado que "quién se pone y cuándo" la segunda dosis de la vacuna es una decisión de Salud Pública que se tomará "bajo parámetros técnicos y médicos" y que "probablemente irá por la idea" de que las personas vacunadas indebidamente "no cuesten más vacunas". "Ya que se han puesto una dosis que no tenían que ponerse, a ver si encima nos va a tocar poner tres dosis por cada uno de estas personas", ha agregado. No obstante, respecto a los cargos políticos que se han vacunado, Oltra ha considerado que ha sido una acción "fea, insolidaria y poco ética". Preguntada sobre si deben dimitir, ha considerado que "si no dimiten, los ciudadanos deberán tomar buena nota" y "tendrán que dimitirlos los ciudadanos cuando toque". Para Oltra, estas vacunaciones "hablan muy mal de la persona que lo ha hecho".
"Éticamente hablando, le estás quitando la vacuna a una persona mayor que igual se puede morir por no recibir la que te has puesto, o a un sanitario que igual se contagia porque te has puesto una vacuna que te hacía menos falta que a otros", ha añadido. Así, ha considerado que los representantes públicos "están para cuidar y proteger, para que le vaya bien a los ciudadanos, no para colarse". "La actitud debería ser al revés, yo el último. Cuando sepa que todo el mundo está vacunado, entonces yo", ha agregado.
Por otra parte, Oltra ha apuntado que se están llevando a cabo dos investigaciones, una en Sanidad sobre quién se ha vacunado indebidamente, y otra en Igualdad, sobre quién ha entrado en residencias de mayores, donde "solo puede entrar personal trabajador, visitas de familiares con cita previa y el proveedor", así como inspectores o funcionarios de estas dos consellerias, "pero nadie más".
"Aquí hemos visto entrar con equipos de televisión, como si aquello fuera un circo, a hacerse la foto y encima a vacunarse ellos para dar ejemplo. Para dar ejemplo, ¿de qué? ¿Ejemplo de qué si lo habéis ocultado? ¿Ejemplo de me salto la línea?", ha manifestado.
Una sanción de hasta 30.000 euros
Bajo este prisma, la también consellera de Igualdad ha defendido que incumplir el régimen de visitas a una residencia de mayores es una "falta grave", que puede estar sancionada con hasta 30.000 euros.Así, ha defendido que las consecuencias jurídicas de estas acciones "las tiene claras" pero las éticas "también". "Y me da igual de qué partido sean. Esto vale para todos, o sea que ya pueden ir confesando uno detrás del otro", ha agregado.