La costa española tiene dueño, pero también tiene defensores. Ocho comunidades autónomas con litoral han cerrado filas contra la reforma del Reglamento General de Costas que impulsa el Gobierno central, y lo han hecho con un mensaje claro: si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no detiene el proceso, acudirán a los tribunales. La advertencia llega tras una reunión de trabajo celebrada en Barcelona en la que la Comunitat Valenciana, Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Illes Balears y Canarias acordaron una posición común que trasciende el color político de sus respectivos gobiernos.
Un frente común de distinto signo político
Pocas veces una causa reúne en el mismo bando a administraciones tan ideológicamente distantes. Sin embargo, la reforma del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Compatibilidad de las Estrategias Marinas ha logrado precisamente eso: alinear a gobiernos autonómicos de izquierda, derecha y centro en una oposición conjunta. Las ocho autonomías firmantes representan prácticamente la totalidad del litoral peninsular e insular español, lo que convierte este bloque en una presión difícil de ignorar para Madrid.
El trasfondo normativo tiene su propia historia. En diciembre de 2024, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España por considerar que las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre para actividades económicas no se ajustaban a las reglas de concurrencia competitiva de la Directiva de servicios. Ante esa presión comunitaria, el Gobierno impulsó la reforma del reglamento de regulación de costas para antes del verano y así evitar la condena de la Unión Europea. El problema, denuncian las autonomías, es que esa prisa ha dejado a los territorios afectados fuera del debate.
"La práctica totalidad de las comunidades autónomas compartimos la preocupación por la ausencia de consenso institucional en torno a una reforma que afecta directamente a competencias autonómicas, actividades económicas y a la gestión del litoral" - Marc García Manzana, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana
Paralización inmediata y recurso judicial como medida de presión
Las ocho comunidades han solicitado formalmente al ministerio la suspensión de ambos procesos normativos hasta que se aborden desde el consenso y el diálogo institucional. Pero la petición no se queda en una carta. Ante la previsión de que el Ministerio apruebe el nuevo Reglamento General de Costas antes del próximo 31 de julio, las autonomías han acordado también interponer un recurso contencioso-administrativo contra la norma y solicitar como medida cautelar la suspensión de su entrada en vigor. En la práctica, eso significaría que la nueva regulación quedaría bloqueada judicialmente desde el primer día, si prospera la cautelar.
Además del recurso, las comunidades exigen la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Costas, presidida por la propia ministra para la Transición Ecológica, así como una reunión técnica previa entre los directores generales competentes en la materia. El objetivo: identificar las principales discrepancias y construir un marco regulatorio que no nazca impuesto.
"No existe en estos momentos la necesaria paz jurídica para acometer modificaciones de esta trascendencia sin un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre administraciones" - Marc García Manzana, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana
Qué está en juego: economía, competencias y vida costera
La reforma no es un asunto puramente técnico o jurídico. Más de la mitad de la población gallega, por ejemplo, vive pegada a la costa y miles de personas dependen económicamente de actividades vinculadas con el mar y con instalaciones asentadas en el dominio público marítimo-terrestre. Una realidad extrapolable al resto de comunidades firmantes, donde chiringuitos, puertos deportivos, acuicultura, turismo náutico y servicios de temporada forman parte del tejido económico cotidiano de municipios enteros.
El Gobierno pretende que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se otorguen mediante concurso público y sin prórroga automática, como ocurría en España contraviniendo la legislación comunitaria. Las autonomías no cuestionan necesariamente ese principio, pero sí la forma y el ritmo: una norma de este calado, argumentan, no puede tramitarse sin contar con quienes gestionan y habitan el litoral.
En esa línea, García Manzana fue rotundo al señalar que "cualquier modificación de la normativa estatal de costas debe sustentarse sobre los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación efectiva de los territorios afectados y respeto al marco constitucional y estatutario de distribución de competencias".
Más allá del conflicto: una agenda común para el litoral
Más allá de la batalla normativa, la reunión de Barcelona también sirvió para poner sobre la mesa una agenda propositiva. Las comunidades coincidieron en la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, especialmente en materia de autorizaciones temporales vinculadas a actividades y servicios de temporada. Una burocracia lenta y farragosa, señalaron, lastra la competitividad de las zonas costeras frente a otros destinos europeos.
Entre las propuestas más concretas destaca que el canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre revierta directamente en las comunidades autónomas, en lugar de ir a las arcas del Estado central. El argumento es sencillo: quienes gestionan y preservan la costa son las autonomías, y son ellas quienes deben contar con los recursos para hacerlo. Si el Gobierno mantiene su calendario y aprueba el reglamento antes del verano, los juzgados serán el siguiente escenario de este pulso entre administraciones, con miles de kilómetros de costa española como telón de fondo.