Un juzgado de València ha acordado continuar el procedimiento judicial contra una mujer investigada por presuntas amenazas al expresident de la Generalitat Carlos Mazón a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Los hechos se produjeron después de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia en octubre de 2024 y que situó la gestión de la emergencia en el centro del debate político y social.
Según recoge un auto judicial fechado el pasado 5 de octubre, adelantado por Las Provincias y al que ha tenido acceso la Agencia EFE, la investigada habría publicado varios mensajes dirigidos contra Mazón utilizando un perfil bajo el pseudónimo de John Clarence Woods.
Las publicaciones contenían expresiones violentas y referencias explícitas a explosivos y armas de fuego. La resolución judicial considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de amenazas, aunque su calificación jurídica definitiva deberá determinarse durante el procedimiento.
Amenazas con bombas y armas de fuego contra Carlos Mazón
Entre los mensajes atribuidos a la mujer figura una publicación en la que se hacía referencia a la utilización de bombas lapa contra el expresident valenciano. En concreto, uno de los textos recogidos en las diligencias señalaba: "Tenemos que hacer que vuelvan más bombas lapa y que subseres como tú sientan que cada día pueda ser el último".
La investigación también incluye otras publicaciones difundidas desde la misma cuenta, algunas de ellas redactadas en valenciano, en las que se justificaba el uso de la violencia contra el dirigente político. En uno de estos mensajes se afirmaba: "El ús de la violencia fins les últimes conseqüències contra esta panderola és necessària".
El auto judicial recoge asimismo otras expresiones publicadas el 27 de abril de 2025, en las que se mencionaban explosivos colocados en vehículos y amenazas relacionadas con armas de fuego.
Una de las publicaciones hacía referencia a "20 kg de Goma2 en los bajos de tu coche", mientras que otra advertía de la posibilidad de que Mazón fuera identificado y localizado mediante la difusión de sus datos personales, una práctica conocida como doxing.
En otro de los mensajes investigados se aludía expresamente a munición de calibre 9 milímetros Parabellum.
Los mensajes se publicaron en respuesta a la cuenta de Mazón
La resolución judicial también detalla cómo se difundieron las publicaciones objeto de la investigación. Según el auto, uno de los mensajes incluía una publicación del propio Carlos Mazón, mientras que los otros tres fueron enviados como respuestas a contenidos difundidos desde la cuenta del expresident de la Generalitat.
Esta circunstancia forma parte de los hechos examinados por el juzgado para determinar el posible alcance de las amenazas y su vinculación con el dirigente político. La mujer investigada ya ha prestado declaración ante la autoridad judicial y ha sido informada formalmente de los hechos que se le atribuyen, así como de su posible relevancia penal.
El juzgado aprecia indicios de un posible delito de amenazas
Tras analizar las actuaciones practicadas, el órgano judicial considera que existen elementos suficientes para continuar la tramitación del procedimiento por un presunto delito de amenazas.
En el auto del 5 de octubre, el juzgado señala que los hechos investigados son "aparentemente, constitutivos de delito de amenazas", aunque precisa que esta consideración se realiza sin perjuicio de la calificación jurídica que pueda establecerse definitivamente. La resolución también indica que, por la pena prevista para este tipo de infracciones, los hechos pueden tramitarse mediante el procedimiento abreviado, una vía procesal utilizada para el enjuiciamiento de determinados delitos.
La decisión judicial no supone una condena ni determina la culpabilidad de la investigada, que mantiene su derecho a la presunción de inocencia. El procedimiento continuará conforme a los trámites legalmente establecidos para esclarecer las circunstancias de las publicaciones y determinar si los hechos constituyen finalmente una infracción penal.
El caso se enmarca en el contexto de la fuerte controversia política y social surgida tras la DANA del 29 de octubre de 2024, aunque la investigación judicial se centra específicamente en el contenido de los mensajes publicados en redes sociales y su posible carácter amenazante.