Imagina que un pequeño pueblo de la Comunitat Valenciana lleva años luchando contra el éxodo de sus vecinos. Atrae algunas familias, mejora sus datos demográficos y, de pronto, su éxito le cuesta dinero: deja de cumplir los requisitos para recibir las ayudas contra el despoblamiento y las pierde de un año para otro. Era una paradoja cruel del sistema, y la Generalitat acaba de corregirla.
El Govern valenciano ha aprobado un mecanismo de estabilidad de dos años para los municipios que, habiendo formado parte del Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento, dejen de cumplir los requisitos demográficos que les daban acceso a esa financiación.
La medida está recogida en la Ley 3/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, una norma que modifica más de un centenar de regulaciones para reducir cargas burocráticas y mejorar la relación entre la Administración y los entes locales.
Un colchón de dos años para planificar sin sobresaltos
Hasta ahora, perder la condición de municipio en riesgo de despoblamiento implicaba también perder de forma inmediata la financiación asociada. Con la reforma de la Ley 5/2023, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial, la Generalitat introduce un periodo transitorio que permite a los ayuntamientos adaptarse de manera gradual y planificar con mayor seguridad la prestación de sus servicios públicos. Dos años en los que el municipio sigue recibiendo el apoyo económico mientras reorganiza su presupuesto.
"Queremos que aquellos pueblos que están haciendo las cosas bien y que consiguen mejorar sus datos demográficos no se vean perjudicados perdiendo de un año para otro las ayudas de la Generalitat", ha detallado José Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana
Díez calificó la medida de "sentido común" y subrayó que su objetivo es "dar estabilidad a los ayuntamientos, proteger los servicios básicos y acompañar a los municipios pequeños para que sigan teniendo futuro". Una declaración que resume bien el espíritu de la reforma: no castigar el éxito demográfico con una retirada abrupta de recursos.
Un segundo nivel de protección para los municipios que empiezan a perder población
La reforma no se queda ahí. La ley amplía también el abanico de municipios beneficiarios al incorporar expresamente una categoría intermedia, la prevista en el artículo 15.3 de la Ley 5/2023. Los municipios de esta categoría recibirán el 50% de la asignación del Fondo de Cooperación, sin llegar a ser considerados formalmente en riesgo de despoblamiento.
¿Quiénes son? Ayuntamientos que, sin reunir los requisitos estrictos para entrar en la categoría de mayor riesgo, presentan características demográficas o territoriales que justifican una atención especial. En la práctica, se trata de municipios de menos de 1.000 habitantes que empiezan a registrar pérdidas moderadas de población.
El fondo ya beneficiaba a 186 municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación, y el nuevo marco normativo amplía los supuestos de cumplimiento para que un mayor número de municipios pueda acceder a él. Con esta reforma, esos núcleos en una situación de alerta temprana ya no quedarán fuera del sistema hasta que sea demasiado tarde.
Más agilidad también para los funcionarios locales
La norma incluye además un tercer eje de cambio que afecta directamente a la operativa diaria de los pequeños ayuntamientos: la posibilidad de que hasta tres entidades locales con secretaría de clase tercera se agrupen para compartir un mismo puesto de trabajo de secretaría. La medida responde a una realidad cotidiana: muchos municipios rurales no generan suficiente volumen de gestión ni de recursos para sostener en solitario una plaza de funcionario habilitado.
Para hacer este proceso más ágil, la resolución de las agrupaciones pasará a recaer en la Dirección General de Administración Local, lo que reducirá significativamente los plazos burocráticos. Menos espera, más capacidad de actuar.
En conjunto, la Ley 3/2026 traza una hoja de ruta que combina protección, gradualidad y simplificación. Para los cerca de 200 municipios valencianos que orbitan en torno al Fondo contra el Despoblamiento, la nueva norma representa algo más que un ajuste técnico: es el reconocimiento de que recuperar población no debería ser nunca un motivo de penalización, y de que los pueblos que resisten merecen al menos el tiempo suficiente para adaptarse a su propio éxito.