Resolver un conflicto sin pisar un juzgado. Esa es la promesa de los MASC —los Medios Adecuados de Solución de Controversias— y, a juzgar por los datos que maneja la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, la promesa está empezando a cumplirse. En los tres primeros bimestres certificados de 2026, los abogados del turno de oficio han prestado 598 asistencias jurídicas en el marco de estos procedimientos extrajudiciales, frente a las 45 contabilizadas durante todo el ejercicio anterior. El salto es de tal magnitud que obliga a tomarse los números en serio: en apenas medio año se ha superado con creces lo registrado en los doce meses de 2025.
Un cambio de escala que no pasa desapercibido
Los MASC no son una ocurrencia reciente. La Ley Orgánica 1/2025, publicada el 2 de enero de ese año, introdujo en el ordenamiento jurídico estos mecanismos como acceso válido a la Justicia, además de la vía jurisdiccional tradicional, con el objetivo de consolidar un servicio público de Justicia más sostenible. Bajo ese paraguas se agrupan herramientas tan diversas como la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de persona experta independiente, el derecho colaborativo y la justicia restaurativa. En otras palabras: un menú de opciones para que las partes en conflicto puedan intentar entenderse antes de que un juez tenga que decirles cómo hacerlo.
Lo verdaderamente significativo del dato valenciano es que ese crecimiento también afecta a quienes no pueden pagar un abogado. El sometimiento a un medio extrajudicial de resolución de controversias constituye actualmente un requisito de procedibilidad sin cuya acreditación no puede admitirse la demanda judicial, en los casos en que sea preceptivo. Eso significa que acceder a los MASC ya no es una opción voluntaria para muchos ciudadanos: es un paso obligatorio. Y si ese ciudadano no tiene recursos económicos, necesita que el Estado le pague un abogado que le acompañe. Ahí entra el turno de oficio.
El coste del acuerdo… y del desacuerdo
De las 598 actuaciones registradas este año, 124 concluyeron con acuerdo entre las partes y 474 no llegaron a ese punto. La diferencia no es solo estadística: también tiene precio. La Generalitat retribuye con 385 euros las actuaciones que finalizan con acuerdo, y con 50 euros las que concluyen sin él. Así, el gasto total correspondiente a los tres primeros bimestres certificados de 2026 asciende a 71.440 euros, una cifra que contrasta con los 6.270 euros invertidos durante todo 2025.
La proporción entre acuerdos y desacuerdos también merece atención. En 2025, 12 de las 45 actuaciones —un 26,6%— terminaron con pacto entre las partes. En 2026, esa ratio desciende ligeramente: 124 de 598, lo que representa aproximadamente el 20,7%. El sistema crece, pero el porcentaje de éxito no avanza al mismo ritmo. Una señal que invita a seguir observando.
Solo la mitad del año, por ahora
Hay un matiz importante que condiciona la lectura de estos datos: todavía quedan otros tres bimestres pendientes de certificación por parte del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía (CVCA), lo que significa que las cifras disponibles corresponden, aproximadamente, a la mitad del ejercicio. Si el ritmo se mantiene, el balance anual podría superar ampliamente las 1.000 actuaciones. Un escenario que, hace apenas doce meses, hubiera parecido difícil de imaginar.
La idea central de los MASC es facilitar que las partes implicadas, actuando de buena fe, exploren vías de entendimiento y busquen conjuntamente una solución satisfactoria para sus respectivos intereses. Pero la Conselleria de Justicia es consciente de que el crecimiento también plantea interrogantes. Por eso subraya la necesidad de seguir analizando los efectos prácticos de la aplicación de estos mecanismos y de trabajar de forma conjunta con la abogacía y el resto de operadores jurídicos para detectar posibles dificultades y mejorar lo que sea necesario. Crecer rápido está bien. Crecer bien, mejor.