Durante décadas, resolver un trámite judicial en un municipio pequeño podía significar desplazarse varios kilómetros hasta la capital de provincia. Esa realidad está cambiando. La consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Comunitat Valenciana, Nuria Martínez, ha iniciado una ronda de visitas a las nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio, los órganos que, amparados por la Ley Orgánica 1/2025, han venido a reemplazar a los históricos Juzgados de Paz con más competencias, más tecnología y —en teoría— más proximidad al ciudadano.
La primera parada fue Canals, una localidad de la comarca de La Costera, donde el antiguo Juzgado de Paz pasó a denominarse oficialmente Oficina de Justicia en el Municipio el 1 de julio de 2025. La visita no fue meramente simbólica: Martínez quiso escuchar de primera mano las necesidades del personal y detectar carencias comunes para poder atajarlas con rapidez.
"En esta ronda de contacto vamos a conocer el estado de la implantación, escuchar sus necesidades y reivindicaciones para detectar insuficiencias comunes y poder ponerles solución lo más pronto posible" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Del siglo XIX al siglo XXI: qué cambia con la nueva ley
Los Juzgados de Paz tienen una historia que se remonta al siglo XIX. Su función, tal y como se planteó en ese periodo, ha quedado muy reducida con el paso del tiempo, aunque la necesidad de mantener el acceso a la Administración de Justicia en todo el territorio sigue estando vigente, especialmente ante el riesgo de despoblación de algunas zonas rurales. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, recoge precisamente esa realidad y la convierte en palanca de cambio.
Entre las novedades más relevantes de esta norma destaca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia organizativa, mediante la creación de los Tribunales de Instancia y la evolución de los juzgados de paz a Oficinas de Justicia en los municipios. El nuevo modelo judicial tiene como objetivo principal acercar la justicia a la ciudadanía, especialmente en el entorno rural y municipal, dotando de una estructura más moderna, eficaz y adaptada a las necesidades locales.
Las nuevas oficinas son órganos judiciales unipersonales situados en municipios que no cuentan con un Tribunal de Instancia. Asumen competencias de menor importancia en el orden civil y penal, facilitan la comunicación entre los juzgados y los ciudadanos, y se encargan de gestiones registrales cotidianas: certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunción, expedición de fe de vida, estado de soltero, viudo o divorciado, entre otras. Son, en definitiva, la ventanilla judicial más cercana para millones de personas que viven fuera de las grandes ciudades.
506 puntos de justicia repartidos por toda la Comunitat
La dimensión del despliegue en la Comunitat Valenciana no es menor. La red cuenta con 506 puntos de atención judicial gestionados en colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos. De ellos, 108 corresponden a municipios de más de 7.000 habitantes con personal dependiente de la Conselleria. Los 398 restantes operan en municipios más pequeños con personal propio, financiados a través de una línea presupuestaria dotada con 1.100.000 euros para gastos de funcionamiento, incluidos los del personal no funcionarial que ostenta la secretaría.
En el caso concreto de la Oficina de Justicia en el Municipio de Canals, la dotación de personal se articula en tres puestos: uno de Gestión Procesal y Administrativa-Secretaría, otro de Gestión Procesal y Administrativa y un tercero de Auxilio Judicial. Una plantilla reducida, pero que debe dar respuesta a las demandas de una localidad con miles de vecinos.
Digitalización: 13.000 libros al archivo digital
La transformación no ha sido solo organizativa. En paralelo al cambio de denominación y competencias, la Generalitat ha impulsado un ambicioso proceso de digitalización de los Registros Civiles. Más de 13.000 libros han sido incorporados al archivo digital del Registro Civil, lo que permite que cualquier ciudadano pueda obtener de forma inmediata y desde cualquier punto los datos inscritos en dicho registro. Una mejora que, en la práctica, elimina desplazamientos y esperas innecesarias.
Además, se ha desplegado un sistema de videoconferencia operativo en las 108 Oficinas de Justicia en el Municipio con personal de Justicia, lo que permite celebrar comparecencias telemáticas sin que el ciudadano tenga que abandonar su localidad. Desde 2023, la inversión en equipamiento de estas oficinas ha ascendido a 367.079 euros.
"La colaboración entre administraciones es clave para ofrecer un mejor servicio de Justicia cercana e inclusiva a la ciudadanía" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Un modelo que pone a prueba la cooperación institucional
Detrás de cada Oficina de Justicia en el Municipio hay un acuerdo tácito entre el Gobierno autonómico y el consistorio local: ambos ponen recursos sobre la mesa para que el servicio funcione. Esa fórmula, que exige coordinación y confianza mutua, es justamente la que la consellera quiere reforzar con esta ronda de visitas. Escuchar al territorio antes de tomar decisiones desde el despacho es, quizás, el primer paso para que la justicia de proximidad no se quede solo en el nombre.