¿Puede un algoritmo firmar un reparo de ilegalidad? La respuesta, rotunda, es no. Pero la inteligencia artificial ya está cambiando el modo en que los interventores, tesoreros y secretarios municipales de toda España gestionan los datos, supervisan el gasto público y detectan riesgos. Y la Generalitat Valenciana quiere que sus funcionarios locales estén preparados para ello.
El director general de Administración Local de la Generalitat, José Antonio Redorat, inauguró este 17 de septiembre en el Planetario de Castellón de la Plana la jornada 'Presente y futuro del control interno local: IA, integridad y control de riesgo', organizada por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia de Castellón (COSITAL Castellón). A su lado, Andrés García, presidente de la entidad organizadora, recibía así el respaldo institucional de la Conselleria a un ciclo de formación que arranca con esta sesión y se extenderá hasta el próximo 2 de octubre.
El interventor manda, la IA obedece
El mensaje de Redorat fue claro desde el principio: la tecnología es bienvenida, pero no manda. En un momento en que la inteligencia artificial se abre paso en todos los sectores —de la medicina al derecho, de la banca a la educación—, la administración pública no puede mirar hacia otro lado. Pero tampoco puede rendirse sin condiciones.
"La Inteligencia Artificial no puede sustituir el criterio técnico-jurídico" - José Antonio Redorat, director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana
Redorat reconoció, sin embargo, el enorme potencial de estas herramientas: su capacidad para manejar y ordenar miles de datos de forma simultánea las convierte en un asistente de enorme valor para el interventor municipal. La clave está en el matiz: la IA como auxiliar, no como árbitro. Así lo subrayó el director general, al señalar que su uso "no debe sustituir al interventor en el ejercicio de sus funciones, pero sí se convierte en un asistente que facilita su trabajo y le posibilita centrarse en su función fiscalizadora".
Este enfoque no es menor. Los interventores locales son los guardianes del gasto público en los ayuntamientos: son quienes fiscalizan contratos, supervisan presupuestos y pueden paralizar actuaciones que consideren ilegales. Delegar esa responsabilidad en un sistema automatizado, sin el filtro del criterio humano, sería un riesgo inaceptable en un Estado de derecho.
El peligro de las «alucinaciones jurídicas»
Pero hay otro riesgo, más sutil y quizás más peligroso a largo plazo: el de confiar ciegamente en lo que la IA genera. Redorat puso nombre a este fenómeno —las llamadas «alucinaciones jurídicas»— para referirse a los errores que los sistemas de inteligencia artificial pueden producir cuando interpretan o aplican normativa de forma incorrecta, presentando conclusiones falsas con apariencia de rigor técnico. Frente a ello, la formación se convierte en el mejor antídoto.
No es un problema menor. El Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2024 el Reglamento de Inteligencia Artificial, que establece un marco jurídico uniforme para el desarrollo y utilización de sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea. Esto supone implicaciones directas para los ayuntamientos, que deben adaptarse a las nuevas tecnologías. La regulación existe, pero la capacitación de quienes tienen que aplicarla es inseparable de su eficacia.
Un ciclo de cinco jornadas hasta octubre
La sesión inaugural de este miércoles no es un hecho aislado. COSITAL Castellón ha diseñado un ciclo de cinco encuentros formativos que se celebrarán en el Planetario de Castellón de la Plana con el objetivo de ofrecer una visión práctica, estratégica y actualizada del impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la gestión pública local. Las sesiones restantes abordarán el control financiero y las áreas de especial riesgo, el control interno en la contratación, la gobernanza e integridad ante las tecnologías emergentes, y la gestión presupuestaria con perspectivas de futuro y control externo.
Redorat aprovechó la ocasión para reconocer expresamente la labor formativa de los tres consejos COSITAL de la Comunitat Valenciana —Castellón, Alicante y Valencia— en favor de los habilitados nacionales y del resto de técnicos de la administración local. Una mención que, más allá del protocolo, refleja una realidad estructural: los pequeños ayuntamientos tienen un habilitado que, con cierto tono heroico, asume todas las competencias jurídicas y económicas. Para ellos, la formación continua no es un lujo, sino una necesidad.
En definitiva, lo que se debate en el Planetario de Castellón esta semana va más allá de la tecnología. Es una pregunta sobre quién controla el dinero público, quién responde de las decisiones y hasta dónde puede llegar una máquina en espacios que hasta ahora han pertenecido, exclusivamente, al juicio humano. La respuesta que emerge del encuentro es tan antigua como el derecho mismo: los algoritmos pueden calcular, pero la responsabilidad siempre tiene nombre y apellidos.