Monumentos, cruces, placas y otros elementos simbólicos presentes en calles, plazas e instituciones de la Comunitat Valenciana tendrán, por primera vez bajo el marco de la Ley de Concordia, un organismo técnico encargado de decidir su destino. La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha celebrado la sesión constitutiva del Comité de Expertos para la elaboración del Catálogo de Vestigios, un paso largamente esperado desde la entrada en vigor de la Ley 5/2024, de 26 de julio, de Concordia de la Comunitat Valenciana.
La pregunta que subyace es tan sencilla como delicada: ¿qué se hace con los vestigios del pasado que aún pueblan el espacio público? No es un debate nuevo —España lleva décadas sin resolverlo del todo—, pero sí es una cuestión que ahora tiene, al menos en la Comunitat Valenciana, un mecanismo institucional específico para abordarlo con criterios técnicos y científicos.
Una ley, un nuevo punto de partida
Con la publicación de la Ley de Concordia quedó derogada la Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana y toda su normativa de desarrollo. En su lugar, la nueva norma incluyó que la Generalitat elaboraría un catálogo de vestigios en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Para ello, se designaría un comité de expertos elegidos por los titulares de las consellerias con competencias en protección del patrimonio cultural y transparencia.
Ese mandato legal acaba de comenzar a hacerse realidad. La sesión constitutiva del comité, celebrada recientemente, marca el arranque formal de un trabajo que tendrá consecuencias visibles y tangibles: determinar qué elementos vinculados a periodos de conflicto o violencia política permanecen en el espacio público y cuáles deben ser retirados.
La ley reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, terrorismo o persecución ideológica y religiosa ocurridas en la Comunitat Valenciana desde 1931 hasta la actualidad. Esa amplitud temporal y conceptual es, precisamente, uno de los rasgos que distinguen este enfoque del de la antigua ley de memoria democrática.
Qué hace exactamente este comité
En su primera reunión, el comité ha trabajado en la definición de una metodología común para la identificación, clasificación y evaluación de los vestigios, teniendo en cuenta criterios históricos, artísticos, religiosos, técnicos y de contexto social. No se trata, por tanto, de un organismo que tome decisiones de forma automática o ideológica, sino de un espacio plural orientado al análisis caso por caso.
El comité elaborará el Catálogo de Vestigios a partir de la información aportada por entidades locales, administraciones públicas, asociaciones vinculadas a la concordia o la memoria colectiva y la propia Generalitat. Una vez recabada esa información, emitirá informes motivados sobre la inclusión de cada vestigio en el catálogo. Y aquí viene un matiz importante: el organismo también analizará si determinados elementos deben quedar exceptuados de la regla general de retirada por razones de valor histórico, artístico-religioso, patrimonial o incluso de seguridad. No todo lo que el pasado dejó tiene, necesariamente, que desaparecer.
Cuando la complejidad de los asuntos lo requiera, el comité podrá recabar la colaboración de universidades, instituciones culturales, entidades públicas y especialistas externos. Una puerta abierta al saber académico que refuerza el carácter técnico del proceso.
Quién lo preside y cómo se compone
El Comité de Expertos está presidido por la persona titular de la Conselleria competente en materia de concordia e incorpora representación tanto de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación como de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de sus respectivas secretarías autonómicas y de la dirección general competente en materia de concordia. Además, cuenta con seis vocalías designadas por las consellerias con competencias en patrimonio cultural y concordia.
"Con la celebración de la primera reunión del comité de vestigios la Generalitat continúa avanzando en su compromiso para reforzar los mecanismos previstos en la Ley de Concordia para promover una memoria colectiva integradora y respetuosa, orientada a la convivencia, el reconocimiento de todas las víctimas y la cohesión social" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
La consellera también concretó que el trabajo del comité "permitirá avanzar en la identificación, análisis y catalogación de los elementos simbólicos o materiales presentes en el espacio público o institucional vinculados a periodos de conflicto o violencia política cuya significación histórica resulte relevante para la memoria colectiva".
Un debate con historia propia
La propia ley reconoce en su exposición de motivos que un pasado tan complejo requiere aproximaciones plurales y desapasionadas, y que nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, ni entre los historiadores ni entre los ciudadanos. En ese contexto de debate permanente, la creación de un órgano técnico y plural pretende ofrecer una respuesta institucional que trascienda la disputa política y se apoye en criterios objetivos.
Lo que comienza ahora es, en el fondo, un ejercicio de arqueología cívica: revisar palmo a palmo el patrimonio simbólico de una comunidad entera para determinar qué merece ser preservado, qué debe contextualizarse y qué ha de retirarse. El resultado de ese trabajo —el Catálogo de Vestigios— no será solo un documento administrativo, sino el mapa de cómo la Comunitat Valenciana decide mirar, y convivir, con su propia historia.