La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los valencianos, especialmente de los más jóvenes, y el Consell lo sabe. Para hacer frente a esa presión, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado un paquete de medidas destinadas a blindar la transparencia y la equidad en el acceso a las viviendas de protección pública (VPP), con la creación de una Comisión de valoración colegiada, técnica e independiente como pieza central del nuevo sistema.
El anuncio se produjo durante la clausura del Foro Local de València sobre movilidad y cambio climático, organizado por Prensa Ibérica. Un escenario, en principio dedicado al transporte sostenible, que sirvió de altavoz para una de las cuestiones más urgentes del momento: quién tiene derecho a vivir en su propio municipio y cómo garantizar que el sistema no falle a quienes lo necesitan.
Una comisión para que nadie se cuele
El mensaje de Camarero fue directo. "No vamos a dejar que nadie se cuele por las rendijas del sistema", advirtió la vicepresidenta, dejando claro que el Consell no tolerará irregularidades en la adjudicación de vivienda pública. Para ello, la nueva comisión técnica tendrá la tarea de supervisar expedientes y verificar que cada adjudicación cumple con la legalidad y los requisitos establecidos, funcionando como un filtro colegial e independiente de los intereses de promotores o administraciones locales.
Este organismo se enmarca en un conjunto de mecanismos que refuerzan el control, la trazabilidad y la transparencia en el acceso a la vivienda protegida, y que el Gobierno valenciano articula al amparo del decreto 180/2024, aprobado para recuperar los principios de igualdad, objetividad y concurrencia en las adjudicaciones de VPP. Una normativa que, según el Consell, vino a corregir distorsiones introducidas por el decreto 68/2023 del anterior gobierno del Botànic.
El visado se convierte también en una figura clave dentro de este engranaje. Según explicó Camarero, actuará como garantía efectiva de legalidad al permitir comprobar que los requisitos de acceso se cumplen y que el precio de venta o alquiler no supera los máximos legalmente fijados. En otras palabras: ni el comprador equivocado ni el precio inflado podrán pasar desapercibidos.
El arraigo, nuevo criterio de prioridad
Quizá la medida que más eco ha generado entre alcaldes y ciudadanos es la introducción del arraigo como criterio de prioridad en el acceso a la vivienda de protección pública. Camarero explicó que se aplicarán criterios de vinculación territorial continuada y empadronamiento para favorecer a quienes llevan años construyendo su vida en un municipio concreto.
"Queremos que nuestros jóvenes, nuestras familias y nuestros trabajadores puedan seguir viviendo allí donde han construido su vida" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
La medida responde a una demanda reiterada de los consistorios, que desde hace tiempo alertaban sobre el riesgo de que vecinos de larga trayectoria quedaran desplazados por solicitantes sin vinculación real con el territorio. Con este criterio, la Generalitat reconoce una realidad social que el mercado inmobiliario ha exacerbado: la posibilidad de que alguien sea expulsado de su propio barrio.
Todo a un clic: la nueva web del Plan Vive
El Plan Vive Comunitat Valenciana es una iniciativa de la Generalitat lanzada en abril de 2024 con el objetivo de promover la construcción de 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027. Actualmente, 317 ayuntamientos se han adherido al convenio marco impulsado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Un despliegue territorial sin precedentes que ahora se refuerza con una herramienta digital pensada para el ciudadano de a pie.
La nueva página web del Plan Vive Comunitat Valenciana centralizará toda la oferta de vivienda protegida impulsada por la Generalitat. La propia Camarero ha insistido en que esta web ha sido "pensada para los ciudadanos: para que puedan consultar, conocer detalles, elegir e inscribirse de forma directa." El portal incluirá el estado de cada promoción, el plazo mínimo de inscripción, un registro electrónico de solicitudes con trazabilidad y justificante, y listas públicas de adjudicación. En definitiva, una ventana única para saber cuándo, cómo y en qué condiciones se puede acceder a una vivienda pública.
Este giro digital también tiene un componente político importante: la Generalitat ha recuperado los principios de "publicidad, transparencia y concurrencia" en el proceso de adjudicación. Y con ello, la responsabilidad de dar publicidad a cada promoción recae ahora en la propia Administración desde el momento de la calificación provisional, no en el promotor privado. Un cambio de fondo que pretende cerrar la puerta a posibles opacidades.
Movilidad y empleo, en el mismo foro
Camarero también aprovechó su intervención en el Foro Local para trazar una conexión que a menudo se obvia: la relación entre movilidad y vivienda. Si el transporte condiciona dónde y cómo vivimos, descuidar uno supone lastrar al otro. En ese marco, la vicepresidenta reivindicó las inversiones previstas en el Plan de Actuaciones de FGV 2026-2030 y la necesidad de seguir apostando por el Corredor Mediterráneo como infraestructura estratégica para vertebrar el arco mediterráneo.
En el plano económico, Camarero destacó que la Comunitat Valenciana lidera el descenso del paro en España en lo que va de año y es la segunda autonomía donde más baja el desempleo en términos interanuales. Un dato que no es menor cuando se debate sobre el acceso a la vivienda: sin empleo estable, ninguna política de adjudicación de VPP resuelve el problema de fondo.
El reto de la vivienda asequible no es exclusivo de la Comunitat Valenciana, sino una crisis que sacude a toda España y a buena parte de Europa. Lo singular del momento es la apuesta por combinar digitalización, control independiente y arraigo territorial en un mismo paquete de medidas. Si el sistema funciona como se ha prometido, miles de familias valencianas tendrán por primera vez una hoja de ruta clara para saber si pueden —y cuándo— acceder a un hogar en el lugar donde han echado raíces.