Gasolina más cara, hipotecas que aprietan, facturas energéticas al alza y empresas que dudan si invertir. La guerra de Irán ha vuelto a demostrar cómo los conflictos en Oriente Medio terminan pasando factura en los hogares de países aparentemente alejados del frente, especialmente en economías tan dependientes del comercio internacional y la estabilidad energética como la española. Ante ese escenario, el Govern valenciano ha decidido no esperar y ha puesto en marcha el mecanismo de coordinación que gestionará los más de 421 millones de euros destinados a proteger a familias, autónomos y empresas de la Comunitat.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha presidido este jueves la constitución del grupo de seguimiento del plan de respuesta al conflicto, un órgano compuesto por representantes de siete consellerias que se reunirá mensualmente para supervisar la evolución de las 27 medidas anunciadas por el president Juanfran Pérez Llorca el pasado mes de abril. El dato más relevante que ha trasladado Camarero es contundente: más del 60% de esas medidas ya están siendo implementadas.
"Cumpliendo con los compromisos que contrae este Consell" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
Un escudo de 421 millones con nombre y apellidos
Lo que distingue a este paquete de medidas de otros anuncios institucionales es su nivel de concreción. No se trata de grandes titulares sin cifras detrás: cada euro está asignado a un colectivo específico. Las clases medias y trabajadoras, los autónomos, las pymes, el sector primario y energético, y las familias con dificultades de vivienda son los destinatarios directos de un plan que combina ayudas directas, créditos bonificados y rebajas fiscales.
Una de las medidas más tangibles para miles de hogares es la ayuda directa para hipotecas, diseñada para cubrir el incremento de los intereses durante los tres meses de vigencia del decreto del Gobierno de España. Serán aproximadamente 180 euros por hipoteca, con un coste estimado de 10 millones de euros. Una cantidad modesta en términos presupuestarios, pero que para una familia con el agua al cuello puede significar la diferencia entre llegar o no a fin de mes.
En materia de vivienda, el plan también contempla nuevas ayudas extraordinarias al alquiler por valor de 15 millones de euros, así como la revisión al alza de los módulos de Vivienda de Protección Pública para que su construcción siga siendo económicamente viable para las promotoras. Porque si construir VPP deja de ser rentable, el parque de vivienda asequible se encoge, y eso lo pagan siempre los mismos.
Transporte, empresas y agricultura: nadie queda fuera del radar
El conflicto ha golpeado con especial dureza a los sectores más expuestos a los costes energéticos. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial y una parte relevante del gas natural licuado que consume Europa, amenaza directamente al gasóleo agrícola, los fertilizantes nitrogenados y la energía eléctrica para el riego. Para amortiguar ese impacto sobre el campo valenciano, el Consell ha activado una línea de financiación bonificada de 30 millones de euros específica para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias.
Para el tejido industrial y comercial, la Generalitat desplegará una línea del Institut Valencià de Finances (IVF) de financiación bonificada de 100 millones de euros para empresas afectadas por el incremento de precios, mientras que los autónomos contarán con medidas específicas de apoyo energético dotadas con 4 millones de euros. A ello se suma una inversión de 54,66 millones para programas de impulso a la actividad empresarial e internacionalización, una apuesta que va más allá de la gestión de la crisis y mira ya a la recuperación.
En el día a día más inmediato, el plan incluye la congelación de los precios del transporte público, un detalle que cualquier usuario del bus o del metro agradecerá en su próxima recarga de abono, y el apoyo a la renovación de flotas de transporte de carretera con una inversión de 27 millones de euros. Las ayudas a familias acogedoras y el refuerzo de las transferencias a los ayuntamientos para atención social suman otros 11,8 millones de euros.
Coordinación a siete bandas y con los agentes sociales
El grupo de seguimiento creado este jueves integra a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad; la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia; la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; Economía, Hacienda y Administración Pública; Servicios Sociales, Familia e Infancia; Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; e Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Un mapa institucional que refleja la transversalidad del impacto del conflicto.
El diseño del plan también ha contado con la participación de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y de los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV, lo que da al paquete una legitimidad que va más allá de la voluntad política. Los expertos advierten de que, si el conflicto se limita en el tiempo y no se producen daños graves en la infraestructura energética, el impacto sobre la economía podría ser contenido, aunque subrayan la necesidad de políticas que protejan a los sectores más vulnerables ante futuros shocks energéticos. La Comunitat Valenciana, con más del 60% de sus medidas ya en marcha, parece haber tomado nota de esa advertencia antes de que llegue la factura.