Miles de estudiantes valencianos llevan meses con un único objetivo en mente: superar la Prueba de Acceso a la Universidad. Pero este año, ese último escalón de su etapa escolar ha estado amenazado por una huelga docente indefinida que los sindicatos educativos convocaron a partir del 11 de mayo. Ante ese escenario, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha tomado una decisión sin margen para la ambigüedad: servicios mínimos del 100% para todo el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU, lo que garantiza que los exámenes se celebren con normalidad del 2 al 4 de junio.
Una medida excepcional para un momento decisivo
La solicitud ha sido formulada por Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, ante la Dirección General de Trabajo. No es una decisión tomada a la ligera. La huelga docente que ha puesto en jaque la logística de la PAU 2026 en Valencia responde a reivindicaciones históricas del profesorado de secundaria y bachillerato, con sindicatos como STEPV, ANPE y CSIF denunciando sobrecarga burocrática y falta de recursos humanos. Un conflicto legítimo, pero que colisionaba de frente con el momento más sensible del calendario académico.
La administración autonómica es consciente de esa tensión y no la elude. Los servicios mínimos establecidos para la huelga educativa ya garantizaron previamente la evaluación de segundo de Bachillerato con el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Ahora, ese mismo marco legal se extiende a la PAU para blindar también las pruebas de acceso.
"La PAU no es un trámite administrativo, es el momento más importante de la trayectoria académica de miles de jóvenes valencianos que llevan años trabajando para llegar hasta aquí. Nuestra obligación constitucional es garantizar que puedan realizarla en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, exactamente igual que el resto de estudiantes de España" - Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana
Tres pilares jurídicos y un aval del TSJCV
La propuesta de servicios mínimos del 100% no se sostiene sobre una decisión política unilateral, sino sobre tres fundamentos legales bien definidos: el artículo 27 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental a la educación; la normativa estatal de acceso a la universidad; y el aval explícito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana emitido el pasado 11 de mayo de 2026.
Fue precisamente la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV la que reconoció que el interés general del alumnado que se enfrenta a la PAU es "preponderante" y que existe un relevante interés colectivo en que esos estudiantes puedan afrontar la prueba sin incertidumbres añadidas. Un respaldo judicial que refuerza la posición de la Conselleria frente a cualquier impugnación sindical.
Como medida preventiva adicional, la Comisión Gestora de la PAU adelantará la constitución de los tribunales antes del viernes 29 de mayo, una fórmula similar a la utilizada durante la pandemia del COVID para asegurar el correcto funcionamiento de las pruebas ante posibles circunstancias excepcionales.
No es suprimir la huelga, es ponderar derechos
La Conselleria se adelanta a la crítica más previsible: ¿acaso los servicios mínimos del 100% no equivalen, en la práctica, a anular el derecho a la huelga? La respuesta oficial es matizada. Esther Gómez ha subrayado que esta medida "no vacía el contenido del derecho a la huelga del profesorado, lo pondera frente al derecho fundamental a la educación". La distinción no es semántica: el derecho a la huelga existe y es legítimo, pero cuando entra en colisión directa con el derecho constitucional de miles de menores a ser evaluados en igualdad de condiciones, los tribunales han considerado que el segundo prevalece.
Los resultados de la PAU se publicarán previsiblemente el 12 de junio de 2026, y no habrá variaciones en los criterios de corrección ni penalizaciones para el alumnado por la situación de conflicto laboral. Una garantía que, más allá de lo legal, tiene un impacto muy concreto en la vida cotidiana de cientos de familias que ya tienen reservadas visitas a campus, solicitudes de becas y decisiones vitales encadenadas a esa fecha.
La administración autonómica insiste en que el alumnado valenciano podrá realizar los exámenes con garantías de equidad y normalidad, en una convocatoria ordinaria que reunirá en los próximos días a miles de estudiantes de Bachillerato de toda la Comunitat Valenciana. Para ellos, el debate político y sindical quedará en segundo plano: lo que importa es que el 2 de junio habrá un tribunal esperándoles, y que años de esfuerzo no se van a truncar por un conflicto que, como recuerda la propia secretaria autonómica, es completamente ajeno a quienes se sientan a examinarse.