Instalar paneles solares o legalizar una instalación eléctrica en la Comunitat Valenciana podía convertirse, hasta ahora, en una carrera de obstáculos burocrática que se extendía durante meses o, en los peores casos, durante años. La Generalitat ha decidido poner fin a esa realidad con la aprobación de la instrucción 2/2026, una medida que aspira a transformar radicalmente los tiempos administrativos del sector energético y que fue presentada este miércoles por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ante los empresarios reunidos en los XXIV Premios de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL).
Un solo punto de validación para acabar con la burocracia en cascada
El cambio central que introduce esta instrucción es tan sencillo como contundente: la Dirección General de Energía y Minas asumirá directamente la validación de los expedientes relacionados con instalaciones eléctricas y paneles fotovoltaicos, eliminando los trámites intermedios que obligaban a pasar por las direcciones territoriales. Ese recorrido burocrático adicional era, precisamente, uno de los principales cuellos de botella que dilataban los plazos de forma innecesaria.
"Transformar procedimientos que podían prolongarse durante meses e incluso años en trámites que puedan resolverse en unas pocas semanas" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
El anuncio llega, además, en un momento en que la demanda de instalaciones fotovoltaicas no deja de crecer, tanto por parte de empresas industriales que buscan reducir su factura energética como de particulares que apuestan por el autoconsumo. La Dirección General de Energía y Minas ha dado un nuevo paso en la simplificación administrativa de los proyectos energéticos con la aprobación de la Instrucción 2/2026, que permitirá agilizar la autorización de determinadas instalaciones eléctricas mediante la intervención de las Entidades Colaboradoras de Certificación (ECC).
Simplificar no es rebajar exigencias
Ante quienes pudieran temer que acelerar los trámites suponga relajar los controles, Martínez Mus fue explícito. La simplificación administrativa, dejó claro, no equivale a mirar hacia otro lado en materia legal o ambiental.
"La simplificación administrativa no implica reducir las exigencias legales ni las garantías ambientales, sino mejorar la gestión de los procedimientos" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
La instrucción aprobada no elimina requisitos, sino que reorganiza quién y cómo los gestiona. La medida afecta a las instalaciones eléctricas del Grupo II, es decir, aquellas que no necesitan Evaluación Ambiental ni Declaración de Utilidad Pública, y además permite revisar proyectos de energías renovables mediante un trámite informático específico, incluido el pago de tasas.
Una hoja de ruta que va más allá de los paneles solares
Martínez Mus presentó esta medida no como un caso aislado, sino como el arranque de una filosofía de gestión que la Generalitat quiere extender a otros ámbitos. La instrucción concentra en la Dirección General de Energía y Minas la validación de los expedientes, evitando trámites intermedios ante las direcciones territoriales, y esta experiencia constituye "una línea de trabajo que la Generalitat quiere extender progresivamente a otros procedimientos de certificación".
El argumento de fondo es económico: las empresas necesitan energía, infraestructuras y seguridad jurídica , pero cuando la burocracia consume meses antes de que una fábrica pueda conectar sus instalaciones o poner en marcha un proyecto de eficiencia energética, el coste no es solo administrativo, sino también competitivo. Una inversión paralizada es, en la práctica, una oportunidad perdida.
La colaboración con ingenieros y empresarios, clave del modelo
El vicepresidente tercero destacó que esta reforma no nació en un despacho, sino del diálogo activo con el sector productivo y con los colectivos profesionales. En particular, mencionó la colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), cuya implicación ha sido determinante para identificar los cuellos de botella reales del proceso. Desde el propio COGITI Valencia se valoró positivamente el avance: "Llevamos tiempo trabajando para que la figura de las Entidades Colaboradoras de Certificación sea una herramienta realmente útil para los ingenieros y las empresas. Ya hemos demostrado su eficacia con los primeros proyectos tramitados y ahora, con esta nueva instrucción, damos un paso más hacia una Administración más ágil, coordinada y eficiente".
Martínez Mus subrayó que este tipo de colaboración público-privada —escuchar al sector, identificar los problemas reales y trabajar conjuntamente para resolverlos— es el modelo que quiere replicarse en otros grandes desafíos de la industria valenciana, como la transformación digital, la sostenibilidad, la innovación o la captación de talento. Una administración que facilita, en definitiva, no solo firma papeles: también construye el entorno en el que las empresas deciden si quedarse, crecer o marcharse.