Casi 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana amanecerán en septiembre con una nómina algo más abultada. El Pleno del Consell ha ratificado el acuerdo alcanzado el pasado 7 de julio en la Mesa Sectorial de Justicia para incrementar el complemento específico del personal judicial, una reivindicación que el colectivo arrastraba desde hace años y que, por fin, empieza a tomar forma concreta: una inversión de 10 millones de euros con efectos desde el 1 de septiembre de 2026.
Una subida que llega al bolsillo: unos 180 euros más al mes
Los números, aterrizados a la realidad de cada trabajador, se traducen en aproximadamente 180 euros adicionales al mes, según fuentes sindicales. No es una cantidad menor si se tiene en cuenta que los funcionarios de Justicia valencianos han soportado durante años una brecha retributiva notable respecto a sus homólogos en otras comunidades autónomas. La desigualdad salarial entre territorios es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema de Justicia en España, donde el complemento específico —una de las partidas más variables y determinantes del sueldo final— puede diferir sensiblemente de una región a otra.
Estos 10 millones se suman a los 5 millones que la Generalitat ya destinó en 2025 para incrementar ese mismo complemento, lo que convierte esta medida en la segunda entrega de un esfuerzo sostenido a lo largo de la legislatura. Las nuevas cuantías no tendrán carácter temporal: se incorporarán de forma permanente a la estructura salarial, lo que da estabilidad a las mejoras y evita que queden en papel mojado al cabo de unos meses.
Cuatro cuerpos beneficiados, un objetivo común
El acuerdo alcanza a los funcionarios integrados en cuatro cuerpos distintos:
- Médicos forenses
- Gestión procesal y administrativa
- Tramitación procesal y administrativa
- Auxilio judicial
Perfiles muy diferentes entre sí —desde quienes asisten a los jueces en la sala hasta los facultativos que elaboran informes periciales para los tribunales— pero unidos por una misma demanda: que su salario refleje la responsabilidad y la carga de trabajo que asumen cada día en los juzgados y tribunales valencianos.
"Hemos analizado el complemento específico y hemos posibilitado su incremento en la medida que nos permite la realidad presupuestaria" - Nuria Martínez, consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana
El camino hacia la equiparación: aún queda trecho
El acuerdo no se agota en la subida inmediata. Recoge también el compromiso expreso de continuar avanzando hacia la equiparación con la media nacional, tanto en el complemento específico como en el complemento autonómico transitorio (CAT). Este último concepto existe precisamente como puente provisional entre lo que cobran los funcionarios valencianos y lo que deberían cobrar para estar a la altura del resto de territorios: una especie de parche que, idealmente, debería dejar de ser necesario a medida que los salarios se nivelan.
El camino, con todo, no está exento de obstáculos. La propia consellera reconoció que la Comunitat Valenciana arrastra una infrafinanciación estructural que condiciona el margen de maniobra del Ejecutivo autonómico, lo que hace que cada avance en esta dirección exija un sobreesfuerzo presupuestario notable. En ese contexto, el acuerdo contempla también seguir desarrollando la carrera profesional del personal de Justicia, una dimensión que va más allá del sueldo y que tiene que ver con el reconocimiento y la proyección laboral de estos trabajadores a largo plazo.
El cobro efectivo de la subida se producirá previsiblemente en octubre, cuando la nómina del mes ya refleje los efectos retroactivos al 1 de septiembre. Para miles de auxiliares, tramitadores, gestores y forenses valencianos, ese recibo mensual será la prueba tangible de que, esta vez, el acuerdo firmado en la mesa de negociación no se quedó en una promesa.